El documento que Vox ha entregado este martes al PP nacional es un órdago político que obliga al partido de Pablo Casado a escorarse abiertamente hacia la extrema derecha si quiere lograr su apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente del Gobierno andaluz. Entre las propuestas que el PP ha recibido de la formación de Santiago Abascal -en la negociación paralela que mantiene, al margen de su acuerdo con Ciudadanos- está el compromiso del futuro presidente de la Junta a renunciar al autogobierno de Andalucía, blindado en el Estatuto de Autonomía (con rango de Ley Orgánica, avalado por el Congreso de los Diputados y por el sí mayoritario de los andaluces en un referéndum).
El órdago a la autonomía andaluza se plasma simbólicamente en otra de las propuestas que consiste en pasar el Día de Andalucía del 28 de febrero -que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981- al 2 de enero, “ en conmemoración de la culminación de la Reconquista”, amén de una reforma estatutaria para “suprimir el término realidad nacional”, que fue consensuado por todas las fuerzas políticas andaluzas que pactaron la última reforma del Estatuto (en 2007), incluido el PP.
Vox es consciente de su limitada capacidad de influencia con 12 diputados en un Parlamento con 109 escaños, y también de que muchas de sus reclamaciones políticas no son del ámbito autonómico (políticas de inmigración, reformas estatutarias...). Sin embargo, los ultraconservadores exigen al PP que su futuro presidente de la Junta haga una declaración pública, al poco de ser investido, para comprometerse a acatar sus exigencias en un futuro. Entre ellas, que renuncie a las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, que derogue las leyes de lucha contra la Violencia de Género y de Memoria Histórica, que fueron aprobadas por unanimidad del Parlamento y sin ningún voto en contra).
Contra los inmigrantes
Vox pide la expulsión de 52.000 inmigrantes “sin papeles” (aunque la Junta no tiene competencias para deportar a extranjeros, que es algo que correspondería al Ministerio de Interior). El partido de extrema derecha se ha significado mucho contra la “inmigración ilegal”, un discurso en el que encontró eco en el líder nacional del PP, Pablo Casado, que durante la campaña electoral andaluza hizo suyo dos máximas de Vox: la devolución de competencias de Educación al Estado y el endurecimiento de las políticas contra la “inmigración ilegal”. Ahora Vox especifica más y propone “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados” y “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales” para “terminar con el efecto llamada”.
La formación de Abascal utiliza un lenguaje politizado para difundir sus consignas: habla de “inmigrantes ilegales” (no existen los inmigrantes ilegales, sí existe una Ley de Extranjería que regula la entrada irregular al país) y habla de “ayudas a los inmigrantes ilegales” (no existen subvenciones directas a los extranjeros sin papeles, aunque el Gobierno andaluz sí dispone de políticas sociales para ellos, como la atención sanitaria, la escolarización y atención de menores, etc...). Vox sostiene en el texto que la Junta de Andalucía “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.
Fuentes de SOS Racismo consultadas por este medio confirman que “no existen ayudas directas de la Junta en esa materia, salvo que se puedan referir a becas o cuestiones similares”. En cuanto a la 'documentación necesaria' para expulsar a 52.000 personas las fuentes entienden que se alude a la base de datos del sistema sanitario, ya que el padrón depende de cada municipio o del Estado, informa Javier Ramajo.
El documento de Vox contiene 19 propuestas y ha provocado el desconcierto en el PP nacional, y un ataque de nervios en el PP andaluz, que “no da crédito”. “Vox está bloqueando el cambio en Andalucía. Ahora mismo hay más alegría en las sedes del PSOE que entre los votantes de Vox en Andalucía”, ha escrito la número dos del PP andaluz, Dolores López. El líder regional, Juanma Moreno, ha sido el gran aludido de la jornada, pero ha evitado pronunciarse públicamente. Entre los populares andaluces, muchos veteranos advertían este martes el riesgo de asociarse a una formación tan “imprevisible” como Vox, y admitían lo “estrafalario” de algunas de sus propuestas que relacionaban directamente con “ignorancia, falta de documentación o un interés específico por dinamitar el cambio de Gobierno en Andalucía”.
“Despropósito inaceptable”
En cambio, la primera reacción de la dirección de Casado ha sido tildar el documento de “despropósito inaceptable”. “A Vox parece importarle más Vox que los andaluces. Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar. Con este documento Vox demuestra no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, Vox estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo”, informan fuentes del PP recogidas por Íñigo Aduriz.
Las reacciones de otros miembros del Partido Popular tampoco se han hecho esperar. Loles López, secretaria general del PP andaluz, ha manifestado que es Vox el que “está bloqueando el cambio en Andalucía”.
Y Borja Semper, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, ha ironizado con el contenido del documento presentado por el partido de Abascal.
La ultraderecha también exige al futuro presidente andaluz que haga una “declaración institucional” para condenar públicamente a líderes políticos y periodistas por su “discurso de odio y exclusión” a los votantes y representantes de Vox. Los de Abascal también insisten en la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica porque, según ellos, “impone de forma totalitaria, una versioÌn sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982”. La Ley andaluza de Memoria fue, sin embargo, aprobada por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra (PP y Ciudadanos se abstuvieron).
Coincidencias con Ciudadanos
Hay una parte del documento de Vox que sí es coincidente con algunas de las 90 medidas ya pactadas por PP y Ciudadanos para formar Gobierno en Andalucía, aquellas que hablan de una importante reducción del gasto público, un adelgazamiento de la Administración y sus entes adscritos (lo que ellos llaman “administración paralela”), una auditoría de las cuentas públicas y del uso de las subvenciones europeas, además de todo el paquete relativo a la rebaja fiscal (eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, reducción del tramo autonómico del IRPF...).
El documento culmina proponiendo una ley para proteger el flamenco, la cultura popular y la Semana Santa, otra para defender la caza y una tercera para proteger la tauromaquia. En cambio, insiste en la derogación de tres leyes emblemáticas en materia de igualdad: la ley de promoción de igualdad de género (de las últimas aprobadas en la pasada legislatura), la ley de lucha contra la violencia de género y la ley de lucha contra la homofobia. Sobre esta última, dice Vox que “atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educacioÌn, a contar con oÌrganos especiÌficos en la Administración y a recibir subvenciones”. La primera de estas tres leyes contó con el respaldo en el Parlamento de PSOE, PP y Ciudadanos, y el rechazo de Podemos e IU por considerarla “insuficiente). Las dos últimas leyes fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos de Andalucía.