El bloque de izquierdas en el Parlamento andaluz está en minoría, pero al fin las dos formaciones que lo representan -PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU)- han aparcado sus diferencias y empiezan a negociar de cara al próximo debate de investidura. Una cuestión que puede no ser baladí a tenor de las primeras reacciones del PP al órdago lanzado este martes por el partido de extrema derecha Vox para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno.
Desde el principio ha habido conversaciones entre los dirigentes de los socialistas y de la coalición, aunque la agrupación que pilota Teresa Rodríguez era la más reacia a entenderse con Susana Díaz, convencida de que las elecciones del 2 de diciembre confirmaron que “la mayoría de los andaluces no quería que siguiera como presidenta de la Junta”.
Ahora, Adelante Andalucía ha decidido tras una reunión colegiada celebrada este martes abrir una negociación formal con el PSOE para presentar una candidatura conjunta a la Presidencia de la Junta, un nombre que “tendrá que acordarse por consenso y comprometerse a aceptar como programa de urgencia el inicio en el primer año de legislatura” una serie de medidas.
La negociación abre una rendija a un posible Gobierno de izquierdas, pero siempre que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox descarrile. Las tres formaciones de derechas suman más diputados que las dos de izquierdas, de modo que en el debate de investidura, la candidatura del popular Juanma Moreno tiene, a priori, más posibilidades de prosperar que la de una alternativa de izquierdas.
El paso que se ha dado este martes, sin embargo, es importante porque revela que los dos grupos progresistas han enterrado temporalmente su rivalidad intrínseca para unir fuerzas con el objetivo común de que “el tripartito reaccionario” “conforme una agenda política reaccionaria, antisocial y antiandaluza”. En cualquier caso, la opción de Teresa Rodríguez pasaría por dejar que el PSOE forme un Gobierno en minoría, nunca entrar en el gabinete como socio de coalición.
Lista de peticiones
La lista de peticiones que hace Adelante Andalucía a un hipotético gobierno en minoría del PSOE contiene el blindaje por ley de fondos para políticas de igualdad con perspectiva de género con un 5% del presupuesto, así como el blindaje de los servicios públicos gestionados desde la autonomía y el autogobierno andaluz con mínimos de inversión del PIB del 5% en educación pública, 7% en sanidad pública y 2% en dependencia, además de un aprovechamiento al 100% de la infraestructura pública en educación y sanidad antes de cualquier concierto que recuperará su carácter subsidiario.
También piden una subida del complemento autonómico a las pensiones no contributivas hasta alcanzar el IPREM, la internalización de los servicios privatizados y precarizados como los servicios de emergencia (061, 112, Salud Responde), monitoras de educación especial, ayuda a domicilio, subcontratas de educación, sanidad y dependencia y gestión directa de los comedores escolares.
Otras cuestiones de dicha lista son no gastar ni un euro de dinero público en contratos, convenios o subvenciones con empresas que no demuestren con carácter previo estar cumpliendo los convenios y normativa laboral vigente, así como la protección de los sectores productivos andaluces frente a la 'uberización' de la economía y las inversiones especulativas de fondos buitre sin base en la creación de empleo. Hablan también de un decreto de protección del sector del taxi frente a Uber y Cabify, del derecho a la vivienda frente a Airbnb, del sector turístico frente a Booking y otras, etc.
Adelante Andalucía incluye en su lista la aprobación de las medidas contenidas en leyes presentadas en la anterior legislatura: Ley de titulizaciones de las hipotecas; reforma del reglamento para reducir los privilegios de los parlamentarios y Ley de Buen Gobierno para suprimir los privilegios de los altos cargos (ayudas al alquiler, etc.) así como para reducir drásticamente el número de cargos de libre designación a favor de nuevas contrataciones públicas; Ley de emergencia habitacional, pobreza energética y pobreza hídrica, que garantice derecho a la vivienda y protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional y garantice suministros básicos vitales de energía y agua; Ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces; Ley de bienestar y protección animal de Andalucía; Banca Pública Andaluza; y Ley de movilidad sostenible.
Además alude a la Oficina Anticorrupción, a la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, Ley de Cuentas Claras y resto de medidas presentadas de transparencia y lucha contra la corrupción, así como un Plan de Empleo extraordinario en el medio rural para caminos públicos, recuperación de la biodiversidad y del medio rural, y un incremento hasta el 2% del PIB en I+D+i, así como un Plan de transición energética vinculado a la creación de empleos verdes.
Asimismo se refieren a la Ley de blindaje de Doñana y paralización inmediata de las obras de Gas Natural Fenosa en su entorno y al Banco de Tierras Públicas con las tierras improductivas para el fomento del empleo en el medio rural y la agricultura ecológica con valor añadido.