Todos los partidos que concurren a las elecciones andaluzas del 19 de junio presentaron su programa político antes de que arrancase la campaña, el pasado viernes. Todos excepto Vox. El partido ultraderechista concurre a estos comicios sin un programa electoral al uso. En su defecto, ha difundido un folleto con diez promesas de amplio espectro que ya formaban parte de su dietario electoral de 2018.
Entre ellas, la única propuesta relacionada directamente con Andalucía es el cierre de Canal Sur, la radio televisión pública andaluza, que está blindada en el Estatuto de Autonomía y, por tanto, no está en manos del Gobierno regional sin una reforma previa de la Ley Orgánica. El desmantelamiento de la RTVA ha sido una constante de Vox en esta legislatura, lo que no ha impedido que presionasen para colocar como jefe de informativos a una persona de su confianza, el periodista Álvaro Zancajo, despedido por el director general del ente público al año de su nombramiento.
Ahora Zancajo es quien dirige la campaña de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, y quien presentó un recurso ante la Junta Electoral Andaluza acusando a Canal Sur de “vulnerar la neutralidad y la pluralidad” en la cobertura de la precampaña electoral. El órgano regulador desestimó la denuncia.
Vox se presenta a estas elecciones sin programa, sin subvenciones electorales -es el único partido que costea su campaña con fondos propios y que ha renunciado a solicitar el anticipo del dinero que recibirán por representación parlamentaria- y sin la tradicional caravana del candidato, al que siguen los medios de comunicación en ruta por Andalucía hasta el día de la votación. No lo necesitan. Todos los sondeos publicados, hasta el Centro de Estudios Sociológicos (CIS), coinciden en que es el partido con la marca más robusta en este momento.
Aún así, Abascal ha cambiado la estrategia que desplegó en los comicios de Castilla y León y, en lugar de elegir a un desconocido como cabeza de cartel y apostarlo todo a las siglas, ha optado por uno de sus referentes nacionales, la ex portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona. Toda la cúpula del partido arropa a esta candidata, nacida en Alicante y empadronada ex profeso en Salobreña (Granada), para cumplir con la ley electoral andaluza, que obliga a los candidatos a estar inscritos en el censo autonómico.
Las dudas sobre este proceso, impugnadas ante la Junta Electoral y en los tribunales por el grupo Andaluces Levantaos, no han hecho sino engordar la presencia de Olona en los medios. “Somos los que menos caso hacemos a los medios de comunicación y los que más atención recibimos de ellos. Nos hacen la campaña gratis, es una maravilla”, dice un ex diputado de Vox en el Parlamento autonómico.
En 2018, el partido de Abascal estaba en el voto oculto. Ninguna encuesta ni demoscopia pronosticó una irrupción en la Cámara andaluza con 12 diputados (un 11% del escrutinio) y alrededor de 400.000 votos, que fueron fundamentales para investir presidente a Juan Manuel Moreno y sostener sin sobresaltos al Gobierno de PP y Ciudadanos hasta casi el final de la legislatura (tres presupuestos autonómicos apoyados por Vox desde fuera). En las generales de 2019, Vox duplicó el resultado hasta las 800.000 papeletas, convirtiendo a Andalucía en el principal granero de votos de la extrema derecha en España. Adelantó al PP y a Ciudadanos en cuatro de las ocho provincias de la comunidad.
Lo recordaba Abascal el pasado viernes, en su primer mitin multitudinario en Sevilla capital. El líder ultraderechista y Olona eligieron un enclave simbólico, un banco en una calle comercial del barrio de Los Remedios, uno de los más acomodados de la ciudad, donde años atrás se subió Abascal con un megáfono para hablarle a un puñado de asistentes de un partido que nadie conocía. “Sentí un ridículo espantoso”, dijo. En 2018 se quedaron con el 25% de sus votantes, un buen mordisco al fortín del PP en la capital, que tenía garantizado aquí ocho de cada diez electores.
La foto del viernes era muy distinta a la de aquel desconocido Abascal subido solo en un banco: una multitud de personas jóvenes y mayores abarrotaba la calle, ondeando banderas de España -solo una andaluza- y de Vox. Esa imagen se multiplicó en las redes sociales y produjo un escalofrío en la columna vertebral del PSOE, del PP y del resto de competidores, que con el doble de recursos y personal no ha logrado, por ahora, visibilizar un músculo y un entusiasmo equivalente entre los suyos.
Vox no ha apostado por una campaña de contenidos, medidas concretas o programas políticos. Su candidata y su equipo tampoco buscan reunirse con sectores específicos, como hacen el resto de candidatos, para exponer las promesas de su partido en esos campos: en sanidad, en educación, en industria agroalimentaria, en turismo... El discurso de Olona y de Abascal era puramente emocional, cargado de simbolismo y de referencias épicas a la “reconquista”.
En el díptico con sus diez propuestas electorales, que ocupa lo que ocupa un folio, se habla de “desterrar las políticas socialistas” que, dicen, Moreno ha prolongado en sus tres años y medio de gobierno. A pesar de que durante ese tiempo, PP y Ciudadanos han estado en todo momento acompañados, sustentados y apoyados por Vox en el Parlamento, hasta noviembre de 2021, cuando deciden romper su alianza, tumban los Presupuestos Autonómicos para 2022 y empiezan a pedir insistentemente un adelanto electoral. El decálogo de Vox es una síntesis de sus guerras culturales, todas las que ha denunciado la izquierda en este mandato y todas las que ha esquivado Moreno, mal que bien, al frente del Ejecutivo.
“Como mujer, como madre, como hija, como candidata: La violencia no tiene género”, gritó el viernes Olona, ante un público entregado, para insistir en la derogación de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, normas ambas que fueron aprobadas por unanimidad o por amplio consenso en el Parlamento durante el último mandato del PSOE. Es un compromiso que ya suscribió Vox en las elecciones de 2018, pero que finalmente retiró del acuerdo político suscrito con el PP para investir a Moreno presidente. Éste ha dicho que no aceptará esa premisa y que antes de ceder a la presión de Vox en el Gobierno se resignaría a una repetición electoral.
Vox mantiene su idea de derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada sin votos en contra, un punto que el PP sí aceptó al firmar el pacto con los de Abascal en 2019, comprometiéndose a sustituirla por una ley de Concordia, que luego no se sustanció durante el mandato. También renuevan su batalla particular contra los menores extranjeros no acompañados. “Presionaremos para que los devuelvan a sus países de origen, con sus familias. Y estableceremos de una vez por todas una red de colaboración con la policía para la persecución y expulsión de los inmigrantes ilegales del territorio nacional y exigiremos al gobierno de Pedro Sánchez el refuerzo de la seguridad frente a la creciente delincuencia, narcotráfico, robos en locales comerciales y ocupación ilegal de viviendas”, dice el díptico.
Ninguna de estas premisas está avalada por datos oficiales, ni de la Policía Nacional ni del Consejo General del Poder Judicial, que niegan el incremento de la criminalidad que denuncia Vox y también descartan ninguna relación directa entre inmigrantes y delincuencia. La mayoría de delitos en España están cometidos por españoles y la mayoría de delitos cometidos por extranjeros son extranjeros que han entrado regularmente en el país, no jugándose la vida en una patera cruzando el Estrecho.
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