El embalse de Almudévar sigue sumando opositores y el Ayuntamiento lo lleva a la Audiencia Nacional
Lejos de consolidarse, el proyectado y ya comenzado embalse de Almudévar acumula cada vez más problemas. Y una oposición creciente entre los propios vecinos de la localidad, que asiste con preocupación a la falta de noticias sobre el plan de restitución de los terrenos sobre los que se levantará una obra de más de mil hectáreas. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, llevará esta cuestión a la próxima comisión de seguimiento del Pacto del Agua y el Ayuntamiento de esta población votó a favor de elevar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional como ya hizo en su día Ecologistas en Acción.
Aunque los trabajos comenzaron en enero, nadie en la localidad sabe con certeza cuándo se abonarán las compensaciones a aquellos propietarios de suelos e inmuebles que se inundarán para que el embalsamiento de las aguas de los ríos Gállego y Cinca, con un total de 170 hectómetros cúbicos, sea una realidad. Por ello, el Consistorio votó en un Pleno extraordinario a favor de interponer un recurso, el segundo contra un proyecto al borde de la legalidad vigente.
Los 11 concejales (5 del PSOE, 5 del PP y uno de CHA) estuvieron de acuerdo en la evidencia de la falta de un plan de restitución que aparece recogido como una obligación en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Dice su reglamento que el plan de restitución se ha de elaborar previamente y ejecutarse a la vez que se lleva a cabo la obra. Las máquinas ya han comenzado a emplearse sobre el terreno y nadie en Almudévar ha visto satisfecho este punto.
La corporación municipal se manifiesta doblemente “dolida” puesto que había mostrado su apoyo desde el primer momento al pantano y estado “al lado del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de las Comunidad General de Riegos del Alto Aragón», con el ‘pero’ de la confirmación de unas restituciones económicas por valor de unos 37 millones de euros de los 102 que figuran en el presupuesto de ejecución del embalse.
“Queremos hacer valer nuestros intereses”
“Desde el primer momento se nos ha señalado que se estudiarían las compensaciones a realizar pero hemos llegado a este punto en el que no tenemos nada por escrito quedando en el aire las reivindicaciones de nuestro municipio, por lo que nos vemos obligados a la interposición del recurso a fin de hacer valer nuestros intereses”, explican desde el Ayuntamiento, que dirige el dedo acusador hacia las administraciones. Los ediles, en todo caso, se muestran abiertos a solucionar esta cuestión con “la materialización de los compromisos y compensaciones por parte del Ministerio y la CHE, que harían perder sentido y objeto al presente recurso”.
Almudévar estará sobre la mesa en la próxima comisión de seguimiento del Pacto del Agua, el documento aprobado en 1992, que se celebra el próximo lunes 12 de marzo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. El anfitrión, Javier Lambán, pedirá entonces a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se hagan efectivas las reglamentarias compensaciones económicas. La comisión está integrada por representantes del Gobierno central, del autonómico y de los diferentes grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón. Será la primera reunión desde 2014 y estará encabezada por Tejerina y por la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.
La Audiencia Nacional ya admitió a trámite en julio del año pasado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, que denunciaba irregularidades “graves”, de tipo administrativo y técnico, tanto en el proyecto del embalse de Almudévar como en su proceso de tramitación, que exigen una intervención judicial para “dilucidar la existencia de motivos suficientes para la desestimación del proyecto y también para la futura delimitación de posibles responsabilidades administrativas y penales”.
La asociación consideraba que el presupuesto fijado se verá “cuantiosamente aumentado con las tradicionales modificaciones de proyecto, que está a cargo de Sacyr y de otras empresas constructoras que han sido relacionadas con casos de corrupción”. “No existe -añadía Ecologistas en Acción- una justificación numérica clara para tales actuaciones, más allá del típico dispendio de dinero público en obras hidráulicas de dudosa viabilidad”. El recurso, que puede resolverse en unos dos años, revoca las previsiones de la CHE y tacha de “fraudulento” un informe de viabilidad económica acerca del embalse.
