Esta mañana, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha realizado una rueda de prensa delante de la Delegación del Gobierno en Zaragoza para informar de la presentación de la solicitud de indulto al Gobierno que han formalizado ante el Ministerio de Justicia. En el acto han participado María Bernad y Pablo Rochela, de la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza”, y Daniel Jiménez, del colectivo Derechos Civiles de Zaragoza.
Según han indicado, han presentado la solicitud de indulto los cuatro condenados a 4 años y 9 meses de prisión por el Tribunal Supremo por participar en una manifestación ante un mitin de VOX en Zaragoza en 2019. A la solicitud se han adjuntado más de 10.000 firmas de personas y organizaciones en apoyo al indulto.
Entre las firmas, destacan 70 personas provenientes del mundo de la cultura, como Kase.O, Pepe Viyuela, Alba Flores y Nacho Vegas; del periodismo, como Olga Rodríguez, Miquel Ramos y Antonio Maestre; del sindicalismo, como Miguel Fadrique (CGT) y Félix Irizar (ESK); y de la política, como Carla Antonelli, Gerardo Pisarello, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Teresa Rodríguez, Íñigo Errejón y Alberto Cubero.
En cuanto a organizaciones y colectivos, forman parte del apoyo asociaciones vecinales y culturales aragonesas como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), El Cantero, Barrio Verde, Lanuza – Casco Viejo, CSA A Ixena (Teruel); sindicatos como CGT, CNT SOA-STA, CUT e Intersindical; colectivos como PAH, Stop Desahucios, Towanda, 8M, Amnistía Animal, Acción Libertaria y Ateneo Republicano; y organizaciones políticas como Anticapitalistas, Podemos, CHA, Izquierda Unida, PCE, Zaragoza en Común, Teruel Existe, CRT, Purna, Espacio Municipalista por Teruel y UJCE, entre otras.
Pablo Rochela ha señalado que “lo que está en juego con este caso es el derecho a manifestarse ante la extrema derecha; es una responsabilidad democrática plantarse ante los discursos de odio para no ser cómplices del avance del racismo, el machismo y la LGTBIfobia”. “La sentencia condena la protesta porque su objetivo es desmovilizar y generar miedo a la organización política a través de castigos ejemplarizantes, por eso se refuerza el papel político de la policía y no se deroga la Ley Mordaza”, ha afirmado Pablo Rochela.
Pablo Rochela ha concluido apelando “al gobierno y a las fuerzas que se consideren demócratas a que asuman la responsabilidad de frenar esta barbarie que se está cometiendo con estos 4 jóvenes, que tienen una semana para ingresar en prisión”.
Por su parte, María Bernad ha agradecido todo el apoyo social que la plataforma ha recibido y ha incidido en lo injusto de la sentencia, que “condena sin pruebas a la cárcel a cuatro jóvenes que no han realizado los actos de los que se les acusa, sirviendo solamente las declaraciones de la policía que incurrieron en contradicciones en el mismo proceso judicial”.
“Esta sentencia trunca la juventud de unas personas, sus planes vitales, sus proyectos de estudios y profesionales, y les endeuda profundamente, además de suponer un sufrimiento tremendo para ellos y sus familias durante los 5 años largos que ya dura el proceso”, ha aseverado María Bernad.
El último en tomar la palabra ha sido Daniel Jiménez, en nombre del colectivo Derechos Civiles de Zaragoza. Ha enfatizado que “manifestarse no es delito y estas condenas tienen unas consecuencias horribles para los encausados y para la sociedad en su conjunto”. “Es una amargura tener que recurrir al indulto porque los tribunales no han resuelto el caso estos jóvenes zaragozanos de manera justa”, ha continuado.
“En nombre de la seguridad, se habilita la capacidad arbitraria de la policía para cometer ciertos abusos, dejándose de lado la presunción de inocencia y las pruebas reales, construyéndose la culpabilidad de las personas aleatoriamente, que es posteriormente ratificada por la acción de la justicia”, ha finalizado Daniel Jiménez.
Desde la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” han recordado que está activa desde ayer la recaudación de fondos a través de un crowdfunding para hacer frente a los más de 50.000€ que la sentencia del Tribunal Supremo ha impuesto a los condenados en concepto de multas, gastos judiciales y responsabilidad civil. Por el momento, se han recaudado más de 5.000€.