El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática, al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central. El pleno acepta estudiar las alegaciones del ejecutivo contra la reciente eliminación de la ley que impulsó la administración de Javier Lambán, uno de los múltiples anunciados por el Gobierno contra las normas autonómicas impulsadas por PP y Vox para derogar la normativa regional de memoria histórica.
En su recurso, el ejecutivo central alega que la norma aprobada en Aragón con los votos favorables de PP, Vox y PAR podría vulnerar varios artículos de la Constitución por derogar algunos preceptos relativos al estatuto de las víctimas. También que podría invadir competencias estatales. El pasado mes de mayo, el presidente del ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, justificó la eliminación de la norma ahora recurrida ante el Constitucional: se apoyó en una “mayoría democrática” y alegó que la ley cuya derogación acaba de ser revertida tenía “un relato ideológico”.
El ejecutivo de Pedro Sánchez anunció el pasado mes de abril que llevaría al Tribunal Constitucional las leyes contrarias a la memoria histórica impulsadas por PP y Vox desde las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición. La primera en ser recurrida fue la derogación de la normativa autonómica existente en Aragón, también han anunciado recursos contra las iniciativas de Comunitat Valenciana y Castilla y León y las conocidas como “leyes de concordia”.
En el caso de Aragón fue la primera ley del año 2024 del ejecutivo que dirige Jorge Azcón (PP). El Gobierno, además de recurrir, pidió su suspensión cautelar, algo que ha concedido el Constitucional y que puede mantenerse hasta que dicten sentencia sobre el fondo del asunto. En la práctica, la anulación de la derogación implica que la ley de memoria histórica de Aragón de 2018 vuelve a estar en vigor.