Los vecinos de la calle de San Francisco de Teruel a duras penas olvidan lo sucedido casi a mediodía el 13 de junio de 2023. El edificio del número 21 colapsó y se vino abajo en medio de un estruendo ensordecedor, como atestiguan las numerosas grabaciones del momento. Milagrosamente no hubo heridos porque unos minutos antes había sido desalojado por un sospechoso sonido de crujidos.
Las 21 familias de este inmueble se quedaron prácticamente sin nada, y algo parecido las nueve del número 19, que fue declarado en ruina.
Han pasado quince meses y las quejas de los afectados por la forma de actual del Consistorio, presidido por la popular Emma Buj, no han menguado. Agradecen que habilitase una partida para pagar el alquiler a quienes se quedaron sin vivienda –aunque los vecinos lamentan la inseguridad de que esta ayuda se renueve cada seis meses–, pero achacan al equipo de gobierno “una grave falta de diligencia” a la hora de investigar las causas de lo ocurrido. El Ayuntamiento, sin embargo, niega que existan demoras.
Hay que recordar que determinar el motivo por el que el edificio se vino abajo supondrá a su vez identificar quién tiene que la responsabilidad de asumir el resarcimiento, que puede conllevar un importe millonario.
Los afectados del número 21, de hecho, presentaron meses atrás una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Teruel por un total de 3,9 millones de euros. El Consistorio, por su parte, reclama a los propietarios y a las aseguradoras en torno a 800.000 euros por las facturas abonadas.
Ya el mismo día del suceso, los vecinos denunciaron que llevaban “doce días” alertando al Ayuntamiento de que se filtraba agua por las paredes del garaje. Las protestas de los afectados continúan quince meses después: “Parece que al Ayuntamiento les importa más tapar la grietas en su gestión y las filtraciones en la prensa que la solución a los problemas del municipio”, lamenta Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo del Barrio del Carmen. Se trata de un equipo montado por los propios vecinos para coordinar una investigación propia y armarse jurídicamente ante lo que se viene.
En el caso ha intervenido también la Justicia de Aragón, que el pasado mes de julio emitió una resolución en la que instó al Consistorio a “acometer una actuación integral en la zona de la calle San Francisco”, tras las denuncias vecinales de filtraciones por todo el área. Recuerda esta institución, en la misma resolución, que “la inactividad de los ayuntamientos en materia de conservación podría, si procediere, determinar el nacimiento de una responsabilidad administrativa”, tal y como ha determinado el Tribunal Supremo.
“Hay gente que aún se echa a llorar si quedamos cerca del solar o en las concentraciones del día 13”, dice Javier Carbó, otro de los portavoces de los vecinos. Mes tras mes, en recuerdo del triste suceso, los afectados se siguen concentrando cada decimotercer día para reclamar una solución a su situación.
En enero y junio del año pasado, antes del colapso, los bomberos ya tuvieron que intervenir para achicar agua en bloques colindantes. Junto a esto, Elvira Martín recuerda que en su día los vecinos cogieron “muestras en un pozo de registro” y en esas muestras –una semana después– el agua llevaba cloro, como sucede con el agua de boca. “En total, los bomberos tuvieron que sacar dos millones de litros en sendas intervenciones”, dice la portavoz de los vecinos aún sorprendida. “Lo que está pasando en esta comunidad no es normal”, recuerda Martín que afirmó uno de los bomberos.
Además, la portavoz destaca que desde aquel derrumbe se han seguido produciendo efectos similares en otros puntos de la misma zona del núcleo urbano turolenses, como en el denominado Callejón del Gato o en la plaza de las Monjas, debido presuntamente a las filtraciones. “Lo que reclamamos es que se resuelvan los problemas de las infraestructuras públicas municipales. No puede ser que en el último informe se señale que no han sido capaces de analizar un tramo la red de saneamiento”, añade.
El mencionado documento apunta que, en las revisiones llevadas a cabo en julio y en octubre del año pasado, se localizaron “deficiencias en la red de saneamiento”, unos problemas que coinciden con su “antigüedad”. Sin embargo, el mismo informe evita “afirmar” que esas deficiencias sean suficientes para provocar filtraciones. Asimismo, instó a llevar a cabo catas cuando finalice el desescombro.
La versión del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento, el concejal delegado del Servicio de Infraestructura y Brigada de Obras, Juan Carlos Cruzado, niega que se estén demorando a propósito las pesquisas sobre las causas de lo ocurrido en junio de 2023 y achaca el retraso a los afectados. “Ahora mismo, todo está paralizado hasta que los propios vecinos autoricen a los equipos de investigación de los seguros a entrar al solar. Ya dijimos que hasta que no se hiciera el desescombro total no se podía empezar”, sostiene.
“Todo son retrasos y trabas continuas –responde frente a esto Javier Carbó–. Para el desescombro tardaron medio año de hacer una adjudicación sin proyecto y otro medio año en ejecutarlo. Y tardaron otro mes más en darnos el acta de recepción del solar. Aún no tenemos el informe de saneamiento que se ha pedido”.
Hay que matizar, en todo caso, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel dio la razón al Ayuntamiento en cuanto al procedimiento de contratación empleado para el desescombro. Los afectados reclamaban ejecutarlo con otros medios de actuación de menor coste.
En todo caso, el concejal Cruzado descarta que un eventual deficiente mantenimiento de la red de saneamiento y abastecimiento municipal esté detrás de lo ocurrido: “Analizamos toda la calle San Francisco y las calles próximas y el informe de la compañía de aguas concluyó que no hay ningún problema ni avería reseñable en la zona investigada”, añade.
Y aún hay más denuncias: según denuncia el grupo municipal socialista, el Ayuntamiento ni siquiera ha cursado una petición de ayudas al Gobierno de Aragón –tal y como lo apuntó el propio Ejecutivo autonómico en su respuesta a una pregunta parlamentaria–, institución con competencias en materia de Vivienda.
El portavoz municipal socialista, José Antonio Guillén, reconoce sin reparos que, “en el momento de la emergencia, el Ayuntamiento actúo bien, poniendo todo lo que estaba de su parte para ayudar a los vecinos. La propia alcaldesa, que estaba en funciones, lo hizo”, añade.
Sin embargo, a partir de entonces esto cambió: “La actitud del equipo de gobierno nunca ha sido empática con los vecinos, sino de enfrentamiento: los tratan como si fueran un grupo de la oposición”, señala Guillén, quien dice no sentirse “corresponsable” del modo como el equipo de gobierno trata a los afectados.