De 2015 a la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común) ha adjudicado 634 viviendas de alquiler social. La cifra dobla a las 317 que se adjudicaron entre 2011-2015 y supera las 573 de los 12 años anteriores (2003-2015). El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, ha señalado que la tendencia de estos tres últimos años les lleva a cifrar en 840 las adjudicaciones que podrían llevarse a cabo al concluir el mandato en 2019.
De media, entre 2015 y 2018, Zaragoza Vivienda ha realojado 17,61 unidades de convivencia cada mes. Durante el periodo 2011-2015, la media mensual fue de 6,60 alquileres sociales, mientras que de 2007 a 2011 se quedó en 2,85 al mes, y 2,45 entre 2003 y 2007.
El 61 % de las adjudicaciones corresponde al denominado acceso general a la bolsa de alquiler social municipal. En estos casos, acceden las unidades de convivencia inscritas como solicitantes de vivienda, por orden de antigüedad, siempre haciendo coincidir las características de la vivienda a adjudicar con las necesidades de cada solicitud en cuanto a tamaño, número de dormitorios, condiciones de accesibilidad, etc.
Las unidades de convivencia que acceden por este procedimiento cumplen siempre tres condiciones básicas: necesidad de vivienda (no disponer de vivienda en propiedad, salvo excepciones que marca la legislación autonómica), empadronamiento en la ciudad de Zaragoza e ingresos netos anuales superiores a 5.100 euros e inferiores a 26.855,68 euros.
Es decir, apuntan desde el Consistorio, “todas las unidades de convivencia que acceden por este sistema tienen una situación de necesidad alta, siendo este un recurso fundamental para su situación de bienestar”.
Oficina Municipal de Vivienda
El siguiente grupo en cuantía es el que accede por la Oficina Municipal de Vivienda (OMV), que supone el 18,39 % de los casos. Se trata de familias que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler, y por tanto en alto riesgo de pérdida de su vivienda habitual y en situación de emergencia.
Solo cuando las intervenciones de mediación no tienen resultado positivo y no hay otra posibilidad de solución habitacional acceden a vivienda social de alquiler, como última alternativa para evitar la exclusión residencial. Únicamente ha sido necesario el realojo en vivienda pública de alquiler en el 8,4 % de los casos trabajados en la OMV.
Otros casos de emergencia habitacional (el 10,54 % del total) se solucionan a través del convenio establecido entre Zaragoza Vivienda y el Gobierno de Aragón, por el cual se ceden viviendas a la Red de Bolsas de Alquiler Social, que son dedicadas al realojo de unidades de convivencia vulnerables en situación de emergencia habitacional por pérdida de su vivienda habitual. El mismo objetivo se cubre con el convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supone un 4,35 % de las adjudicaciones totales.
El resto de adjudicaciones, un 5,69%, han estado dirigidas a situaciones de vulnerabilidad ligadas a programas que se desarrollan en colaboración con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto por los programas de intervención de los centros municipales de servicios sociales como los de los servicios especializados con colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad: programa Housing First para personas sin hogar, programa de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, programa de viviendas temporales para personas refugiadas, para situaciones de siniestro en la vivienda habitual, etc.