La Corporación Alimentaria Guissona (CAG) solo se obliga a construir un almacén logístico en Épila, mientras el Gobierno de Aragón se compromete a poner a su disposición hasta 200 hectáreas de terreno por menos de 2 millones de euros, y el ayuntamiento a cederle los derechos de 5,5 hectómetros cúbicos de agua y a ayudarle a obtener otro procedente del pantano de Yesa.
El convenio suscrito hace unas semanas por las dos instituciones y la empresa catalana, y anunciado como una inversión de 400 millones para crear 4.000 empleos, incluye varias cláusulas de salvaguarda que, aunque recogen su intención de llevar a cabo el proyecto completo, modulan las obligaciones de la CAG.
Así, la intención de construir un complejo de “una capacidad productiva similar, o incluso superior, a la unidad logístico-productiva de Guissona” aparece como “aspiración, a efectos de referencia”, y, salvo en su primera fase, con carácter “orientativo” siempre supeditado a “las decisiones empresariales y la programación” de la empresa.
Compromisos supeditados al negocio
En este sentido, el convenio atribuye “carácter imperativo” a “la determinación del ámbito [urbanístico en el que se instalará], la aprobación definitiva del Plan de Interés General de Aragón, la aprobación definitiva de la reparcelación, la transmisión de terrenos a Corporación Alimentaria Guissona, S.A., la ejecución de las infraestructuras exteriores y la ejecución de la primera etapa del plan”, que comenzará en 2019.
Este incluye, por una parte, “la construcción del almacén logístico” con “todas las obras para su puesta en funcionamiento” y con “servicios adicionales, como pueden ser aparcamiento, instalaciones frigoríficas propias o centro de pesaje” además de una depuradora, una planta de cogeneración y de subproductos, las oficinas, los talleres, una gasolinera y un canal de venta.
No obstante, añade el documento, “en esta etapa, la previsión de las actividades e inversiones viene dada por la complementariedad entre este núcleo alimentario y el existente en Guissona, así como la previsión de apertura de nuevos puntos de venta en los próximos años” y, “de un modo muy especial, del ritmo de apertura de nuevos puntos de venta y de las ventas del conjunto de tiendas que serán abastecidas desde este complejo alimentario”.
La devolución de los terrenos
En caso de que los suelos necesarios para acoger todo el proyecto, estimados en 200 hectáreas y que deberían ser entregados a la empresa antes de que termine agosto de 2018, sean expropiados por el Gobierno de Aragón, Guissona solo se compromete a comprárselos a la comunidad si su precio no supera los 10.000 euros por hectárea; es decir, un máximo de dos millones de euros.
Si supera ese precio, “la cuestión se someterá a la Comisión de seguimiento constituida conforme a la cláusula séptima, que acordará, necesariamente por acuerdo unánime de las tres partes, lo que proceda respecto de la continuación del proyecto”.
Por último, la CAG se reserva el derecho de devolver a la comunidad autónoma los terrenos expropiados para el proyecto “que no se destinen al mismo, si el Grupo desiste de su ejecución, total o parcialmente, y tal desistimiento da lugar a que, conforme a la normativa de expropiación forzosa, los suelos deban revertir a sus antiguos propietarios por el precio actualizado”. En ese caso, la empresa recibiría del Gobierno de Aragón “dicho precio actualizado”.
Agua de Épila y de Yesa
Por su parte, el Ayuntamiento de Épila se compromete a colaborar en la obtención de los terrenos “previniendo y evitando prácticas especulativas que pudieran dificultar la ordenación, gestión y ejecución del proyecto”.
Junto con ello, el consistorio adopta tres compromisos en materia de agua. Por una parte, “ceder a Corporación Alimentaria Guissona los derechos correspondientes a las ciento ochenta hectáreas de regadío de la comunidad de regantes de Épila”, equivalentes a 5,5 hectómetros cúbicos anuales, “o articular otras fórmulas adecuadas, conforme a la legislación vigente, que garanticen la disponibilidad por la empresa de dichos caudales”.
El segundo punto incluye la cesión a Guissona de “los derechos correspondientes a una reserva de un millón de metros cúbicos de agua del abastecimiento de agua de Yesa”, o la colaboración para garantizar por otros medio “la disponibilidad por la empresa de dichos caudales”.
Por último, el ayuntamiento se compromete a “colaborar en la obtención de una concesión para el aprovechamiento de dos pozos que se construirían en la propia parcela donde se ubicará el proyecto, así como la puesta a disposición por si fuese menester de los aprovechamientos del Pozo del Caudo y El Sabinar”.