¿Cómo funcionaría Aragón si su Comunidad autónoma debiera a los bancos dos tercios de los casi 7.500 millones que les adeuda? ¿Y qué tal progresaría su sistema productivo si el Estado hubiera invertido los casi 5.000 millones de euros pendientes en infraestructuras de comunicación cuyas obras se ven aplazadas año tras año?
Son preguntas de difícil respuesta, que el actual Ejecutivo autonómico (PSOE-CHA) ha puesto sobre la mesa al cuantificar, por ver primera y tras décadas de retraso, la deuda histórica del Estado con la Comunidad: 7.566 millones de euros, una cifra algo superior al endeudamiento público que arrastra Aragón.
Casi dos tercios de esa cifra -4.887 millones de euros- se derivan de una serie de infraestructuras pendientes que “figuran secularmente en los Presupuestos Generales del Estado, muchas de ellas desde hace más de diez años, con partidas presupuestarias irrelevantes, que demuestran el nulo interés político en su realización”, según señala un informe elaborado por la Consejería de Presidencia.
Más de 3.000 millones de euros en autovías
Esos casi 5.000 millones de euros se reparten entre los 988 del ferrocarril, 367 en carreteras, 300 para restituciones territoriales y 3.272 en autovías, un tipo de infraestructura con el que los sucesivos gobiernos centrales han establecido, tras la entrada en servicio de la Zaragoza-Madrid a principios de los 90, una estrambótica paradoja: hay siete empezadas pero sin terminar (de Zaragoza a Fraga y a Tudela, de Huesca a Lleida y a Jaca, de esta ciudad a Pamplona, la A-23 a partir de Romanos y los tramos aragoneses de la A-14) y otra que todavía no está siquiera dibujada, como es la N-232 entre la capital aragonesa y Castellón.
El documento del Gobierno autonómico cuantifica en otros 2.679 millones de euros la deuda histórica del Estado con Aragón. La mitad de esa cifra -1.227- tiene su origen en la deficiente dotación presupuestaria de la sanidad pública desde su transferencia con el cambio de siglo, lo que ha obligado a la Comunidad as endeudarse para paliar esa carencia financiera.
“Esas dotaciones han sido insuficientes” y han provocado año tras año la existencia de “gasto sin dotación” que “ha tenido que ser financiada con endeudamiento”, señala el informe.
Las rebajas fiscales de Madrid
Ocurre algo similar con la Educación -82,2 millones de euros en cinco años- y la atención a la Dependencia -535,5 en una década-, mientras que los 835 restantes -370 anteriores a 2011 y 465 posteriores- responden a las llamadas mermar tributarias, es decir, a la parte de la recaudación tributaria estatal que la Aragón habría dejado de recibir como consecuencia de modificaciones –rebajas, normalmente- en la normativa que afecta a esos impuestos.
La Administración autónoma ha reclamado al Ejecutivo central el pago de la primera de esas cifras, algo que ya contemplaba el Estatuto de autonomía de 1982. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la demanda, que se encuentra pendiente de revisión en el Supremo.
La disponibilidad de esos 2.679 millones de euros, que equivalen a algo más de la mitad del presupuesto autonómico de un año, habría permitido aliviar el endeudamiento (7.440 millones de euros al cierre del segundo semestre de este año tras duplicarse prácticamente en la etapa del Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi) y, paralelamente, reducir la factura anual de intereses que soportan sus arcas, que este ejercicio se acercará a los 200 millones.