Cada vez que hay una voz que se levanta para cuestionar algún aspecto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) hay otra, de un político, que dice aquello de que ya les gustaría a otras provincias tener este “fondo especial”. Pero para la coordinadora ciudadana Teruel Existe, este fondo no ha cumplido el objetivo con el que nació: compensar a la provincia por haber quedado excluida de ayudas europeas.
A pesar de que “puede parecer escandalosa” la cifra “teórica” de 1.064 millones de euros invertidos en 26 años, aseguran, ni son cifras tan destacadas cuando se comparan con otras provincias ni han atendido adecuadamente las necesidades de la provincia.
Hace unos días, Soraya Sáenz de Santamaría acudía a Arcos de las Salinas (Teruel) en uno de sus últimos actos, si no el último, como vicepresidenta del Gobierno de España para firmar el convenio con el presidente de Aragón, Javier Lambán, con el que se daba luz verde a los 60 millones de euros que ambas administraciones aportan al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de este 2018. Lo hacía en helicóptero, en una fugaz visita de una hora a este pueblo de un centenar de habitantes en el que está instalado un Observatorio Astrofísico, para destacar que con este Fondo se impulsan proyectos estratégicos para la provincia.
El reparto de estos fondos es una de las incógnitas que deja el cambio de Gobierno, porque buena parte de los proyectos que se benefician del Fondo los deciden en una mesa representantes de ambas administraciones, con un oscurantismo criticado por los partidos que no gobiernan, y también los agentes sociales.
Es una de las críticas a este Fondo, al que también se reprocha que se firma tan tarde que no hay tiempo para ejecutar los proyectos, y por tanto se pierde dinero. Y que los Gobiernos central y autonómico se ahorran dinero del presupuesto ordinario que tendrían que dedicar a hospitales, colegios o carreteras para cogerlo del saco de este Fondo, que aunque ha financiado grandes proyectos como el parque paleontológico y de ocio Dinópolis o el circuito de velocidad de Motorland en Alcañiz, también ha servido para pagar pabellones, carreteras autonómicas o ayudas a los agricultores.
Y todo ello mientras las partidas presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado se han ido reduciendo con los años, tanto lo presupuestado como lo que finalmente se ha ejecutado. Con la excusa recurrente de que Teruel es una provincia 'mimada' por los gobiernos porque tiene un fondo especial para dedicar a proyectos estratégicos con los que impulsar el desarrollo económico.
Para saber por qué la provincia de Teruel cuenta con este fondo, que nació como Fondo Especial de Teruel, hay que remontarse a finales de los años ochenta, tal y como recuerdan desde Teruel Existe.
Tras la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, el Gobierno español con sus negociaciones consiguió un importante reparto de fondos europeos. Hasta el año 1988, el Gobierno Español recibía fondos del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y los distribuía como le parecía más oportuno, tiempos en los que Teruel recibió importantes inversiones.
Pero a partir del año 1988, la Unión Europea decidió aplicar una nueva política regional comunitaria con intención de concentrar la mayor parte de las ayudas mediante criterios más homogéneos. Había que delimitar qué zonas se podían considerar menos desarrolladas, es decir, diferenciar las zonas “pobres” de las “ricas”, y para ello, se estableció como criterio el PIB (Producto Interior Bruto por Habitante) por habitante, determinando que aquellas zonas que estuvieran por debajo del 75 % de la media comunitaria del PIB/hab., serían las consideradas “pobres” y por tanto formarían parte de un exclusivo grupo de regiones encuadradas en el llamado Objetivo 1, que concentrarían aproximadamente el 70 % de los fondos estructurales.
Mientras una considerable parte de España era beneficiada por el reparto de sustanciales fondos, Aragón fue discriminado de dicho reparto, recuerdan desde la coordinadora, porque superó esa cifra, y en especial la provincia de Teruel, al no tenerse en cuenta que en los territorios con una despoblación constante, la Convergencia con Europa se estaba produciendo por la pérdida de población y no por un aumento de riqueza. Lo que para la coordinadora constituye “un ejemplo extremo de la inutilidad de ciertos objetivos de la política económica europea”.
Siguiendo esos mismos criterios europeos, en el año 1990 se aprueba la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene por finalidad corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad establecido en la Constitución Española. Su destino, recuerdan desde la coordinadora, son gastos de inversión distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas aplicando un porcentaje, que no podrá ser inferior al 22,5 %, de la inversión pública realizada en el año.
En el preámbulo de aquella ley aparecía específicamente nombrada la provincia de Teruel cuya “problemática situación”, decía el texto, “requiere medidas excepcionales que no podrían ser adoptadas en el contexto del Fondo, por lo que el Gobierno manifiesta expresamente su voluntad de atenderlas adecuadamente, en razón a su especificidad, en cuantía suficiente y en el plazo más breve posible”.
Este es el origen del Fondo, aunque cuando la ley fue modificada en 2001 se suprimió toda referencia a la provincia, algo que desde la coordinadora achacan a la denuncia que Teruel Existe llevó a la Unión Europea “por el incumplimiento del compromiso adquirido en el preámbulo por los sucesivos gobiernos nacionales, a tenor de las cifras aportadas por el Fondo Especial de Teruel”.
El Fondo de Inversiones de Teruel nació hace 26 años y las “cuantías teóricas” que cita Teruel Existe, porque no han confirmado qué parte se ha ejecutado, ascienden a 1.064 millones de euros. “La cifra puede ser escandalosa mirada individualmente”, señalan desde la coordinadora, pero cuando se comparan con otras inversiones no lo es tanto. Por ejemplo, en la Expo de 2008 de Zaragoza, recuerdan, se invirtieron entre 750 y 900 millones de euros en el Meandro de Ranillas y 1.500 millones en el Plan de Acompañamiento, “en tan solo una ciudad y para un periodo de tiempo corto”.
Además de poner en cuestión estas cifras, Teruel Existe también plantea que la provincia no es ninguna privilegiada respecto a otras que, por ejemplo, sí se han beneficiado de fondos a los que Teruel no tiene acceso. Así, cada provincia de la Comunidad Valenciana recibió en el periodo 2000-2006 un total de 1.696 millones de euros y las extremeñas 1.954 millones de euros cada una, ambas de Fondos Estructurales y del Fondo de Compensación Interterritorial.
“El Fondo de Inversiones de Teruel sigue sin cumplir su objetivo de hacer efectivo el principio de Solidaridad Interterritorial que la Constitución exige”, explican las mismas fuentes, “tanto en su cuantía como en su forma de ejecutarlo, ya que impide desarrollar los grandes proyectos de infraestructuras que se han desarrollado en otras zonas de España y que en Teruel nos mantienen en absoluto aislamiento”.
Se refieren desde la coordinadora a que muchos de las grandes infraestructuras del Estado están cofinanciadas por esos Fondos Europeos Estructurales, de modo que “han sido las comunidades autónomas receptoras de la mayor cantidad de estos fondos las que además han exigido del Estado el desarrollo de estas infraestructuras”.
Eso explica, aseguran desde Teruel Existe, que a pesar de haber sido la última capital de provincia en llegar el ferrocarril y la única que no tiene conexión con Madrid, Teruel fuera excluida del AVE Madrid-Cuenca-Valencia en el Pacto de Murcia de 8 de enero de 2001. O que sea una provincia marginada del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo: mientras en las CCAA del País Vasco, Navarra y La Rioja se está construyendo doble vía electrificada en Alta Velocidad, en el tramo Zaragoza-Teruel-Valencia seguimos con vía única, sin electrificar y con la velocidad media más baja de toda España (70-75 km/h).
Teruel tiene también el título de ser la última provincia española en tener un kilómetro de autovía y también lamentan que, de las seis provincias colindantes, permanece aislada de cuatro: Tarragona, Castellón, Cuenca y Guadalajara. “Y el triste récord del Gobierno de Mariano Rajoy con la única ejecución en sus tres legislaturas (ocho años) de los 13,8 kilómetros de la reforma de la carretera nacional N-232 en Monroyo, que se ha tardado en ejecutar 24 años”.
Por ello, Teruel Existe reclama que, más que un Fondo especial, lo que necesita la provincia es beneficiarse del “único Fondo destinado para equilibrar los territorios del Estado, el Fondo de Copmensación Interterritorial”, del que actualmente no percibe ni un solo euro. Exigen, además, que la Unión Europea considere la situación excepcional de la provincia corrigiendo su indicador PIB/hab., con algún índice corrector que tenga en cuenta las pérdidas de población.