El Gobierno de Aragón ha convocado una línea de ayudas, destinadas a municipios y comarcas, para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación a cargo del Fondo de Cohesión Territorial. El importe total que se destinará este año es de 850.000 euros y se podrán financiar proyectos incluidos en 8 líneas temáticas con el objetivo de “promover el desarrollo territorial equilibrado en ámbitos cuya renta territorial sea inferior a la media aragonesa”.
Se busca la financiación, explican, de proyectos muy concretos, de servicios o de inversión en actividades enmarcadas en los ejes temáticos de la directriz y que sirvan para mejorar cuestiones puntuales.
Se pueden presentar a esta convocatoria aquellas acciones y proyectos que se hayan llevado a cabo y pagado entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2018. Cada entidad podrá presentar un proyecto en el que se deberán incluir acciones de, al menos, dos actividades subvencionables.
Las líneas sobre las que pueden versar estos proyectos son inversiones para acelerar y mejorar la digitalización de Aragón, fomentando la extensión de la conectividad wifi; servicios e inversiones para la atención a las personas mayores; programas de nuevos pobladores en el medio rural (que incluye la rehabilitación de edificios para la creación de viviendas o la contratación de personal); campañas de sensibilización para generar una actitud positiva hacia el valor rural y del patrimonio natural y cultural aragonés; apoyo a actividades culturales y para los jóvenes que desestacionalicen la oferta en los períodos de vacaciones; apertura o remodelación de escuelas infantiles públicas o comedores escolares; creación de itinerarios y miradores singulares de interés paisajístico, y habilitación de infraestructuras para la creación de espacios de co-working.
El consejero de Vertebración del Territorio y Movilidad, José Luis Soro (CHA), explicó que estas subvenciones quieren fomentar iniciativas que estén enfocadas a abordar los desequilibrios de población y especialmente atender a los colectivos sociales más afectados y, por otro lado, “apoyar aquellas políticas y acciones que incidan directamente en frenar la despoblación y que buscan la distribución equilibrada de la población en el territorio”.