Un mero trámite saldado con el envío de una remesa de cartas y una declaración formal de incompetencia que contradice al Estatuto. Esa ha sido la actuación de la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón ante la orden que, por unanimidad de sus cinco grupos parlamentarios, le dieron las Cortes de Aragón para presionar a los bancos y cajas de ahorro con el objetivo de que dejen de cargar gastos y comisiones a los trabajadores inframileuristas por la domiciliación de sus nóminas.
La cámara autonómica aprobó hace medio año, a propuesta de Chunta Aragonesista (CHA), una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi a “dirigirse a todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitarles, como medida extraordinaria ante los efectos de la crisis económica y financiera, que no cobren gastos o comisiones de mantenimiento de domiciliación de nómina, especialmente en aquellas que no superen el Iprem”.
El Iprem, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, lo marca el Gobierno central, que desde hace cinco años lo mantiene congelado en 532,51 euros brutos mensuales y en 6.390,13 o 7.455,14 anuales en función de si el afectado recibe 12 o 14 pagas al año.
Cientos de miles de afectados
Este indicador, considerado el ingreso mínimo de subsistencia para un ciudadano, se utiliza para regular el acceso a algunos servicios públicos como la Asistencia Jurídica Gratuita (2,5 Iprem por unidad familiar) o la vivienda protegida (5,5) y para calcular determinadas ayudas sociales.
Es inferior en un 18% al Salario Mínimo Interprofesional (648 euros anuales este ejercicio) y supera con frecuencia los ingresos que el subsidio de desempleo garantiza a los mileuristas (el mínimo son 425,84 euros).
Copia literal
El Departamento de Economía, que dirige Francisco Bono, no ha puesto excesivo empeño en cumplir el mandado parlamentario: remitió a los bancos y cajas de ahorro una carta cuyo contenido “se ciñó a la transcripción literal de los acuerdos adoptados en la sesión de las Cortes de Aragón”, según admite el consejero en una respuesta parlamentaria al diputado de CHA José Luis Soro.
Y nada indica que vaya a aumentar el énfasis de Bono, directivo de una caja de ahorros en las décadas previas a su fichaje por Luisa Fernanda Rudi, por materializar esa propuesta, cuyo objetivo era “evitar la exclusión financiera de los ciudadanos”.
Declaración de incompetencia
La proposición también incluía el mandato de plantear al Gobierno central “la posibilidad de regular mediante normativa (...) que los trabajadores no tengan la obligación de percibir su salario a través de la domiciliación bancaria, en una entidad financiera y que, en su caso, no tengan que pagar comisión o gasto de mantenimiento, aquellos que cobren menos del IPREM, si decidieran optar por domiciliar su nómina en una entidad financiera”. Y Bono cumplió con una diligencia similar: dirigió “un escrito al Ministerio de Economía y Competitividad trasladando el contenido literal” de la resolución e “informó al Banco de España como órgano supervisor del sistema bancario”.
“En ambos casos se incidió en la importancia y preocupación de esta Administración, reiterada en anteriores comunicaciones”, añade en su respuesta al diputado nacionalista, en la que sostiene que, pese a que el vigente Estatuto de autonomía de 2007 le otorga en exclusiva las competencias en materia de consumo, el Gobierno de Aragón, no tiene nada que hacer en esta materia. “Volvemos a informar nuevamente que corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad y al Banco de España la aprobación de las normativas que afectan al sector financiero”, asegura.
José Luis Soro, autor de la iniciativa, lamentó y criticó la inacción del Gobierno autonómico en este asunto. “En definitiva, no hicieron nada; lo mismo que ha ocurrido con tantas iniciativas que han sido aprobadas esta legislatura”, señala. “No puede ser que no se cumplan las resoluciones y no pase nada”, añade.
Soro considera que en este caso la DGA utiliza el argumento de que no se trata de un asunto de consumo para eludir la orden de regular el negocio bancario. Los tribunales sí utilizan la normativa de esa materia para analizar la legalidad de las cláusulas de los créditos e hipotecas. “En este caso, añade, la iniciativa que aprobó la cámara era algo muy razonable, que afecta a personas que se encuentran en niveles de subsistencia”.