El Gobierno de Aragón (PSOE - CHA) ha firmado un acuerdo con Endesa para que ninguna familia en situación de vulnerabilidad se quede sin luz o sin gas. El entente fue rubricado por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, y el director general de Endesa Aragón, Ignacio Blanco.
El objetivo, explican desde el Ejecutivo, es “evitar la suspensión del suministro eléctrico o garantizar el restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una ayuda de urgencia destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia”. Al convenio se sumará una adenda que afectará, de igual forma, al suministro de gas llevado a cabo por Endesa.
El procedimiento de actuación será el siguiente: cuando los servicios sociales detecten el caso de una persona a quien Endesa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración para determinar si el usuario puede ser beneficiario de las ayudas. En caso de veredicto positivo, lo pondrán en conocimiento de la compañía.
Según la información ofrecida desde el Gobierno, el pacto obliga a Endesa “a mantener el suministro de electricidad mientras se gestiona la concesión de la ayuda de urgencia”. La deuda, apuntan, “será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Endesa”.
Si el suministro ya ha sido interrumpido, se llevará a cabo, de la misma manera, una valoración; y si el informe es favorable se solicitará a Endesa que reanude el servicio “de modo inmediato”.