El Consejo de Ministros aprobará este martes la concesión directa de los 7,4 millones de euros para bonificar el transporte urbano que el Ayuntamiento del PP en Zaragoza no solicitó el año pasado “por error”. La subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza, Noelia Herrero, ha anunciado la medida con la que “sale al rescate” del Consistorio porque “los zaragozanos no pueden ser los paganos de un error del Ayuntamiento”.
El proceso se inicia mañana con la aprobación en el Consejo de Ministros, luego será publicado en el BOE y posteriormente el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que emitir los documentos necesarios para poder recibir las ayudas.
Hace un año, el gobierno municipal del PP no realizó los trámites a tiempo para solicitar estas ayudas. Así lo ha asegurado Herrero: “Hace un año, el Ayuntamiento no realizó los trámites en el tiempo correcto para optar a estas subvenciones de bonificación del transporte público y esto podría haber costado a los zaragozanos 7,4 millones de euros”.
En noviembre de 2023 Zaragoza en Común hizo público que la capital aragonesa no constaba en la lista de ciudades beneficiadas por el estado para bonificar un 50% de los abonos de transporte. El Gobierno de España aporta el 30% y el Ayuntamiento el 20% restante del descuento para el usuario, aunque en esta ocasión el total del importe fue aportado por las arcas municipales al no haber solicitado la ayuda.
Cambio de versiones
En un primer momento, el equipo de gobierno sostuvo que la solicitud no llegó hasta el Ministerio de Transportes debido a “un error técnico”. Sin embargo, poco después la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, admitió en un escrito enviado al Ministerio de Transportes el 6 de noviembre de 2023 que la solicitud no se llegó a enviar “debido a un error de coordinación”. Natalia Chueca también reconoció en su momento que esto había sucedido debido a una serie de errores humanos.
Sin embargo, días después el consejero de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, aseguró que se trataba de un “error administrativo de tipo informático” y comparó la situación de Zaragoza con las otras ciudades en las que ocurrió algo similar. También sucedió en Burgos, Mollet del Vallés, Arrasate-Mondragón, Oiartzun, Hernani, Zarautz, Algeciras, Puente Genil, y la mancomunidad de la comarca de Pamplona.
La situación incluso dio lugar al cese del entonces número dos del área de Movilidad, Miguel Ángel García Muro.
Preguntada por el resto de ciudades, Herrero ha dicho que desde la Delegación de Gobierno solo podían hablar de Aragón “ y efectivamente hace un año el Ayuntamiento de Zaragoza ”no emitió los documentos en el plazo correspondiente“.
La concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio zaragozano, Tatiana Gaudes, ha contestado duramente a la subdelegada del Gobierno, acusándola de “falta de lealtad institucional” al no comunicar de forma previa la medida al Ayuntamiento de Zaragoza: “Lo mínimo en instituciones es esa llamada de cortesía, pero no la hemos recibido. Podía haber dejado trabajar a sus compañeros en el PSOE y ha decidido hacer oposición desde las instituciones”, ha dicho en rueda de prensa.
Gaudes ha citado a Javier Lambán, pidiendo de la Delegación de Gobierno se dedique a seguridad ciudadana y seguridad vial, y asegura que nunca han tenido “una mano tendida de la Delegación, todo lo contrario al Ministerio de Transporte, con el que llevamos trabajando desde que nos enteramos y desde que salió la resolución, en mayo”.