La comercialización de naves en las plataformas logísticas y la venta de los edificios del recinto de la Expo 2008 eran el truco del almendruco: grandes –y sencillas, sobre el papel- apuestas estratégicas del Gobierno de Aragón (DGA), los ayuntamientos de las tres capitales provinciales y las antiguas cajas de ahorro en torno a las que, desde principios de la década pasada, iba a girar buena parte del desarrollo de la Comunidad. Pero la burbuja inmobiliaria estalló sin que hubiera un ‘plan B’, y las sociedades públicas que las gestionan debían a los bancos el pasado 30 de julio 248.001.022,71 euros, una cifra de la que va a hacerse cargo íntegramente el Ejecutivo autonómico.
La DGA es el socio mayoritario en las plataformas logísticas Plaza (Zaragoza) y Plhus (Huesca) y en Expo Zaragoza Empresarial –la entidad creada para vender las instalaciones de la muestra internacional- mientras controla un 48,76 % de la turolense Platea. La situación financiera de esas entidades es crítica.
Entre otros motivos, por los problemas que encuentran para vender sus inmuebles: “Tienen dificultades para hacer líquidos sus activos y atender así con recursos propios las obligaciones de financiaciones en vigor”, admitía el Gobierno autonómicoGobierno autonómico recientemente. También lo es por el hecho de que esos requerimientos “se cubren con aportaciones del Gobierno de Aragón, sin que el resto de accionistas hayan colaborado en los últimos ejercicios a la consecución de tal fin”. Y, en parte, porque además soportan una elevada carga financiera con intereses bancarios del 4,65 %.
Unas arcas autonómicas sin apenas margen de liquidez
También es crítica la situación de las arcas autonómicas, sin apenas margen de liquidez, y con una reciente refinanciación de 211 millones de euros para atender obligaciones (nóminas incluidas) hasta fin de año. Además, acaban de contratar otro préstamo de 14,4 con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para hacer frente a convenios y partidas sociales y han acordado con el Gobierno central una inyección de 270 para pagar a proveedores. El consejero de Hacienda cifra en casi 700 el descuadre de un presupuesto de 5.120 cuya gestión rebasa con creces el límite de 1.193 para el que estaba autorizado a endeudarse.
Así, el Ejecutivo autónomo optó por ejecutar la autorización de Madrid para contratar “préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 238.562.419,17” para “refinanciar operaciones de endeudamiento ya existentes”. La práctica totalidad de ese dinero, todo menos 2.419,17 euros, será destinado a sanear las plataformas logísticas y la Expo después de que las Cortes aprobaran hace unas semanas la ley que faculta al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, para poner en marcha la operación. Tuvo el apoyo de los dos partidos de la actual coalición de Gobierno (POE y CHA) y el de sus antecesores (PAR y PP) mientras Podemos, Ciudadanos e IU se abstenían.
La operación de rescate entraña el riesgo de que la Administración autonómica asuma en las cuatro sociedades una parte todavía mayor del accionariado, ya que la inyección financiera va a ser realizada –tras reclamarlo Podemos- mediante créditos participativos, explicaron fuentes del Ejecutivo. Esa fórmula implica que si las empresas públicas no devuelven el dinero en plazo a su socio mayoritario, este puede optar por capitalizar esa deuda convirtiéndola en nuevas acciones a su nombre. De hecho, los 238,56 millones serán canalizados a través de la partida presupuestaria de “compra de acciones y participaciones de la Corporación Empresarial Pública de Aragón”.
Futuras ampliaciones de capital si no hay devolución
Las transferencias “en concepto de futuras ampliaciones de capital” alcanzarán los 214,9 millones: hasta 109,6 en el caso de Expo Zaragoza Empresarial y 58,1 a Plaza, mientras la empresa pública Suelo y Vivienda inyecta 10,1 en Platea y 36,9 en Plhus, que recibirá otros 1,2 para atender los intereses de la cancelación de un crédito.
Los 24 millones que faltan para completar la cifra son, en realidad, una condonación de deuda mediante la fórmula de la dación en pago. Ibercaja se quedará las naves a las que la empresa Autocity renunció tras habérselas encargado a Plaza a cambio de dar por amortizada una deuda de ese valor.
Esta parte de refinanciación, clave para que la banca aceptara la operación, cierra, en su vertiente mercantil, uno de los capítulos más escabrosos de la breve historia de la plataforma logística zaragozana: tres exejecutivos de Plaza –su exconsejero delegado, Carlos Esco; el exgerente Ricardo García Becerril y el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez- y el empresario Agapito Iglesias esperan la sentencia de una causa en la que Fiscalía reclama para ellos sendas penas de ocho años de cárcel como presuntos autores de un desfalco de 13 millones en su construcción.
Los actuales responsables de la plataforma valoran en 7 millones de euros el beneficio final que la operación ha generado a la compañía, que tuvo que hacerse cargo de 66 naves de unos 300 metros cuadrados cada una, a las que Autocity renunció con una penalización de solo 400.000 euros.
La operación de refinanciación reducirá la carga financiera de la deuda de las cuatro empresas en más de tres puntos, del 4,65 % anual al 1,24 % - 51 millones -, aunque su plazo de devolución se amplía hasta una horquilla de ocho a doce años.
Una de las claves de esta rebaja es la participación destacada de Bankia -la entidad nacionalizada es de las que menos eleva a sus clientes los gravámenes que ella soporta por el dinero público que recibe para prestar- en la operación, en la que también intervienen Abanca –las antiguas cajas gallegas- y Bankinter.
Esas tres entidades han pasado a ser las financiadoras del grueso de la deuda del sector público empresarial aragonés.