El pasado 13 de noviembre, en una visita a Zaragoza, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, calificó de “fundamental” la labor de los ayuntamientos en la lucha contra la despoblación. Aquel comentario no sentó nada bien al presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia (PSOE), que considera una contradicción realizar tal afirmación y limitar, con la regla de gasto, el uso de sus recursos propios por parte de las administraciones locales.
De ahí nace una carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es y enviada el pasado 22 de noviembre, en la que acusa al titular de Hacienda de impedir, con sus “políticas restrictivas”, la lucha de ayuntamientos, comarcas y diputaciones contra esta problemática.
En la misiva, Gracia califica la normativa de “dramática y perversa con esos cientos de municipios y provincias con pequeños núcleos poco poblados y/o envejecidos, ubicados en zonas consideradas como verdaderos desiertos demográficos, y que, a pesar de cumplir absolutamente todos los criterios establecidos por ley, no pueden ni decidir ni disponer de sus recursos para invertir o financiar cuestiones que ayuden a mitigar, frenar o revertir el fenómeno de la despoblación”.
Es ilógico, continúa el texto, que, “disponiendo de recursos propios, gestionando con el criterio que marcan sus normativas, con ahorro o remanentes disponibles en las entidades bancarias –que hoy ya no generan rentas positivas– y con un problema como este de la despoblación de semejante dimensión, no puedan, por ley, dedicarlo a combatir esa lacra que amenaza con transformar este país en un espacio no sostenible ni social ni medioambientalmente”.
Sus políticas, dice Gracia, “en definitiva, impiden que muchos ciudadanos de pequeñas poblaciones del ámbito rural vean mejorada su calidad de vida, teniendo los responsables políticos dificultades para explicar a sus vecinos una gestión donde, con disponibilidad de recursos, no pueden atender sus lógicas demandas”.
“Si no rectifica, está inhabilitado para hablar de despoblación”
“No es comprensible ni explicable”, asegura, que “el mismo Gobierno que en su discurso traslada que la despoblación es un problema de Estado no permita, por vía legislativa, (…) realizar actuaciones para paliar esta situación”.
Exige a Montoro que “busque soluciones y permita gestionar nuestros propios recursos sin las restricciones que las leyes actuales nos imponen”. Facilitar esta utilización “a los pequeños ayuntamientos, municipios y provincias con territorios demográficos prácticamente vacíos reforzaría el discurso del Gobierno central. De no ser así, entiendo, le inhabilita para ese discurso”.
Respaldar a los ayuntamientos y luchar contra la despoblación
Miguel Gracia hizo públicas el pasado lunes, 27 de noviembre, las cuentas de la DPH para 2018 –aprobadas con los votos a favor de PSOE, PAR y Cambiar Huesca y la abstención del PP–. Con los 72 millones de euros de presupuesto se seguirá incidiendo en dos ejes fundamentales: el respaldo a los ayuntamientos y la lucha contra la despoblación“.
En la carta enviada al ministro, Gracia sostiene que el demográfico es “el gran problema de modelo y de ordenación territorial de este país”, y las administraciones locales “el eslabón administrativo más próximo a los ciudadanos”. La mayoría de estos entes, dice, “son eficientes y cumplen con las obligaciones impuestas; sin embargo, están maniatados en la gestión de sus propios recursos”.
Ya en el acto de presentación de las cuentas, el presidente destacó, como una de las líneas nuevas de actuación más potentes, “por inversión y alcance”, el proyecto de llevar la banda ancha a la provincia de Huesca, que permitirá en tres años una inversión de más de 6 millones de euros y que para 2018, cuando comience, dispondrá ya de casi 2 millones de euros.
A esta acción se suman otras como el impulso al patrimonio cultural, que posibilitará la restauración de la Cartuja Nuestra Señora de las Fuentes, en la cual se prevé una inversión de más de 1,2 millones de euros y que, junto a otras acciones, como la exposición en torno a Bayeu, “contribuyen a dinamizar el territorio, atrayendo visitantes y posibilitando la dinamización de la economía social, turística y cultural en torno a la misma”.
Otra de las medidas consistirá en realizar estudios de posibilidad de nuevos cultivos que, “al igual que se ha hecho en los últimos años con la trufa, generen riqueza y puedan complementar las economías del medio rural”.