“Tengo 81 años y sigo trabajando. Con lo que me paga la mutualidad, no podría pasar ni una semana” “cómo voy a vivir con los 450 euros que me quedarán cuando me jubile”, “mi pensión vitalicia son 205 euros”, “tengo cinco hijos, no he podido coger ni una baja ni por lactancia ni por parto”, “es una vergüenza”, “me siento totalmente engañada por la mutualidad”. Instagram rebosa de testimonios dramáticos de abogados y procuradores que ven con angustia cómo se aproxima la edad de jubilación. Algunos, incluso, han superado los 65 años, la edad legal para jubilarse y prefieren seguir trabajando porque, sencillamente, apenas van a cobrar 300 euros mensuales para vivir, más bien sobrevivir.
Actualmente, muchos profesionales de la Abogacía y la Procura están condenados a jubilarse con unas pensiones por debajo de las mínimas no contributivas de la Seguridad Social. Su alternativa es seguir trabajando hasta una edad que ninguna profesión lo hace. Por ese razón, abogados y Procuradores de Aragón se han unido a los de toda España para exigir una jubilación digna y poder pasarse de sus mutuas al régimen general de autónomos llevándose el dinero invertido, ya que en caso contrario se enfrentan a pensiones de entre 300 y 500 euros mensuales tras 20, 30 y 40 años cotizados, en sólo 12 pagas, que no se actualizan con el índice de precios al consumo. Reclaman poder traspasar las cuotas pagadas a sus Mutualidades a la Seguridad Social para que sean ponderados y considerados cotizados a todos los efectos por el sistema público de pensiones.
Hasta 1995, estos profesionales no se podían afiliar ni pertenecer al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sino que estaban obligados a darse de alta en la Mutualidad de la Abogacía y hasta el 2000, en la Mutualidad de Procuradores de España que decían ofrecer, falsamente, un sistema alternativo e incluso mejor que el del RETA. Aunque en 1995 existió la opción de darse de alta en la Seguridad Social, no fue hasta 2005 cuando se conoció que las Mutualidades de ambas profesiones pasaban a ser un sistema de capitalización individual y sus prestaciones no eran comparables a las que puede tener derecho cualquier trabajador autónomo con sus cotizaciones. En consecuencia, las perspectivas de pensiones de jubilación se redujeron ostensiblemente en comparación con las que se prometieron antaño. A abogados y procuradores con muchos años de experiencia profesional se les obligaba a empezar de nuevo de cero su carrera de cotización, lo que provocaba la imposibilidad de completar los quince años de carencia que ahora se exigen para acceder a la pensión de jubilación. Muchos de ellos optaron por mantener la cotización a las Mutualidades que se les aseguraba que sus prestaciones eran alternativas y equiparables a las de la Seguridad Social
Es cierto que corresponde al Gobierno estatal la competencia para que por medio de un Real Decreto se habilite una “pasarela” desde las Mutualidades al RETA para poder traspasar años y cuotas cotizados y sean reconocidos como tales por la Seguridad Social. Aun reconociendo que la competencia no es de las Comunidades Autónomas, muchos Parlamentos han aprobado Proposiciones no de Ley para que reglamentariamente se habilite una pasarela que se permita traspasar el dinero y los años cotizados a la Seguridad Social para permitir que los profesionales del Derecho se puedan jubilar como cualquier otro trabajador autónomo. Ahora le toca a Aragón hacer un acto de justicia. “Por este motivo, confiamos en que las Cortes de Aragón aprueben hoy jueves en el pleno una proposición no de ley de CHA en la que se insta al Gobierno de Aragón a que reclame al Gobierno Central una solución que debe ser rápida, ejecutiva y eficaz”, aseguran.