A comienzos de este año los medios de comunicación se hacían eco de la petición de un ciudadano de 78 años, Carlos San Juan, solicitando a los bancos un trato más humano. Denunciaba este vecino de Valencia que las personas mayores cada vez lo tienen más difícil para realizar gestiones bancarias, ya sea por la complejidad de los cajeros automáticos o porque muchas tareas se hacen de forma telemática, dejando fuera a personas que, como él, no saben hacer uso de la tecnología. Señalaba, además, una realidad que cualquiera habrá podido constatar, cada vez quedan menos oficinas bancarias.
También en el medio rural los bancos han recortado algunos servicios. En Villafranca del Campo, Teruel, veían como el único cajero que había en el pueblo, el de Ibercaja, se cerraba en el mes de febrero. Antes ya se había reducido el horario de atención presencial en la oficina pasando de tres días a la semana a solo uno. Otro cajero de esta entidad desaparecía a finales de marzo en Alcalá de la Selva.
En este último municipio supieron en diciembre de la decisión que había tomado el banco de retirar el cajero. Entonces el ayuntamiento redactó un escrito a la sucursal de Mora de Rubielos, de la que depende su oficina, para expresar su malestar por la desaparición de este servicio, “pero no obtuvimos respuesta”, explica Amparo Atienza, alcaldesa de la localidad.
Tiempo después, la trabajadora de la oficina les trasladó las condiciones para poder mantener el servicio, entre las que figuraba asumir el coste de las obras de modernización del cajero, que ascendían a 10.000 euros más IVA. Además, el consistorio debía hacerse cargo de los costes de mantenimiento, unos 14.500 euros anuales más IVA si solo mantenían el servicio de retirada de dinero, y 16.000 euros más si también querían el servicio de ingresos a través del cajero. Una cuantía “demasiado elevada”, señalaba Atienza, para que el ayuntamiento de un pueblo de 350 vecinos pueda asumirla.
En Villafranca, un pueblo de 302 habitantes, los vecinos ya solo pueden sacar dinero los lunes en el horario de oficina, de 08:15 a 14:00 horas. Antes de la pandemia el municipio contaba con atención presencial tres días a la semana más el servicio del cajero automático, pero con la vuelta a la normalidad no se han restablecido los horarios y desde febrero no hay cajeros en la localidad.
“Es una piedra más en el camino. Si el lunes por lo que sea no puedes sacar dinero no queda otro remedio que desplazarse al municipio más cercano, en este caso Monreal que está a 12 kilómetros, eso siempre y cuando tengas vehículo, porque hay personas mayores que no conducen”, señala Yolanda Domingo, alcaldesa de Villafranca. Desde el Ayuntamiento han lanzado una campaña de recogida de firmas que entregarán pasadas las vacaciones de Semana Santa para que se restablezca el servicio.
Menos operaciones bancarias
Por su parte, la entidad explica que la decisión de no renovación de estos cajeros automáticos se debe “al bajo número de operaciones que se realizan en estos dispositivos en relación con su coste de adquisición, conectividad y mantenimiento”.
Achacan esta reducción de actividad a la pérdida de población de estos municipios en las últimas décadas lo que, dicen, hace “inviable” que el banco siga prestando esta asistencia. Señalan que otros servicios como tiendas de alimentación, farmacias e incluso centros educativos han ido desapareciendo progresivamente de los pueblos por este motivo.
En Alcalá, Atienza reconoce que desde la pandemia, todos los establecimientos y comercios del pueblo han incorporado el pago con tarjeta, lo que ha llevado a una reducción de las operaciones en el cajero. Aun así, los vecinos se muestran molestos por perder “un servicio más”.
“A quien más afecta este cierre es a la gente que trabaja, porque ahora solo podrán sacar dinero en efectivo en horario de oficina, que coincide con el laboral. Antes con el cajero operativo podían hacerlo por las tardes”, señala Atienza. El horario de atención presencial también se ha reducido, antes la sucursal estaba abierta todos los días de lunes a viernes en horario de mañanas y ahora el miércoles permanece cerrada porque la trabajadora se desplaza a una localidad vecina.
En Villafranca la realidad es diferente, el disponer de un solo día de atención en oficina, hacía habitual el uso del cajero, también por parte de las personas mayores. “Una señora del pueblo me dijo cuando lo retiraron que ahora que he aprendido a usarlo se lo llevaban. La gente mayor se había acostumbrado a utilizar el cajero”, cuenta Yolanda Domingo.
Además, en los establecimientos del pueblo - el bar y una panadería- los pagos solo pueden hacerse en efectivo, porque no tienen datáfono. “No porque nada, sino porque en el bar, por ejemplo, la cobertura es tan escasa que no les funciona”.
Alternativas
Desde la entidad bancaria insisten en que estas decisiones se toman “cuando no hay más remedio” y señalan que ofrecen “fórmulas alternativas que permitan seguir prestando el servicio de disposición de efectivo en localidades pequeñas” como por ejemplo el servicio de Cashback, que permite sacar dinero a débito en comercios o establecimientos locales con los que las entidades llegan a un acuerdo.
En este sentido señalan que están trabajando con las instituciones públicas locales “para buscar soluciones de colaboración público-privada que permitan encontrar una solución” y que próximamente se presentará el acuerdo alcanzado con una institución turolense para promover nuevos acuerdos con establecimientos comerciales que quieran adherirse al programa Cashback, sin que el terminal suponga ningún coste adicional para el comerciante.
Explican, además, que para clientes domiciliados con código postal de Alcalá de la Selva, se ha solicitado una franquicia de dos reintegros al mes sin coste en cajeros de la otra entidad que opera en la localidad.
No obstante, el de Villafranca o Alcalá de la Selva no es un caso aislado. La desaparición de oficinas bancarias -sean de la entidad que sean- o la eliminación de servicios ligados a estas es cada vez más habitual. Por eso el Gobierno de Aragón y las diputaciones aragonesas firmaron un convenio en 2021 con el que pretenden extender la red de cajeros automáticos a todos los municipios que no cuenten con uno y quieran disponer de este servicio, con el objetivo de eliminar la exclusión financiera en la comunidad autónoma.
Según sus datos, más de 400 pueblos de los 731 que hay en Aragón no cuentan con ningún cajero automático, lo que representa a un 4% de la población aragonesa.