Expo Zaragoza Empresarial, la deficitaria sociedad pública creada para colocar los activos de la muestra del agua, cayó la pasada legislatura en la trampa de la pobreza, el círculo vicioso sistemático que impide a los sobreendeudados saldar sus débitos a base de aumentar los intereses: aceptó contratar con un sindicato de bancos un crédito swap que agravó, a una velocidad superior a 130 euros por hora, su monumental deuda de más de 100 millones de euros cuando su objetivo teórico era aliviarla.
Los créditos swap, considerados productos financieros complejos, son un tipo de préstamo en el que cliente y la entidad bancaria acuerdan un rendimiento a favor del segundo, normalmente fijo, y una compensación para el primero, habitualmente referenciada a un tipo de cambio o a un índice oficial, sobre la parte del principal de la que se va a disponer. Esa complejidad obliga a los bancos a practicar, antes de cerrar el acuerdo, un test de idoneidad a sus contratantes.
En este caso, la empresa pública, que tiene al Gobierno de Aragón como socio mayoritario, aceptó contratar el swap con un interés fijo a pagar del 2,95 % y una contraprestación variable a cobrar equivalente al Euribor a tres meses, según revela la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2014 de la entidad.
Este índice estaba en el 1,5 % cuando se formalizó el acuerdo, en mayo de 2011, para caer a números negativos en 2013. Es decir, que, salvo que el Banco Central Europeo hubiera dado un imprevisto giro radical a su política monetaria, iba a resultar gravoso para las cuentas de la empresa pública durante muchos años.
Sin estudios previos sobre el riesgo
“La evolución negativa del Euribor ha supuesto continuas pérdidas para la sociedad asociadas al contrato de swap, que en los ejercicios 2013 y 2014 han ascendido a 1.356.000 y 1.045.000 euros respectivamente”, señala el informe: 137 euros por hora, a los que hay que sumar los costes de la cancelación, formalizada el año pasado con cargo a la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
El dictamen de la Cámara de Cuentas señala que la contratación del swap fue “una condición adicional del consorcio bancario para acceder a la financiación” que Expo Zaragoza Empresarial “efectuó sin realizar un estudio previo sobre el riesgo” y que supuso “un elevado coste efectivo”.
Este episodio tiene su origen en la contratación, en mayo de 2011, de dos créditos de 60 y de 72 millones de euros “para financiar las obras de remodelación de la infraestructura de la sociedad” y refinanciar su deuda, que tres años y medio después, al cierre de 2014, ascendía a 103,3 millones. El préstamo, que vencía el 31 de marzo de 2021, estaba gravado con un interés del Euribor más 4,15 puntos, lo que iba a suponer, al final de la operación, un gravamen de más de 50 millones de euros sobre el principal.
Hipotecar la ciudad de la justicia
A ese elevado coste financiero se le sumaban el del swap y el compromiso de prestar como garantía una “promesa de hipotecas inmobiliarias sobre los activos, así como contratos de pignoración de derechos de crédito derivados de los contratos de compraventa, de arrendamiento y cualesquiera otros contratos” sobre los edificios de Ranillas. Así, añade la Cámara de Cuentas, “en 2013, Expo procedió a constituir hipoteca sobre los inmuebles que comprenden la Ciudad de la Justicia (Edificios Actur y Ebro 1) a favor del consorcio de bancos”.
El negocio para el sindicato de bancos, que pasaba a tener la probable expectativa de quedarse esos edificios de Ranillas, quedaba redondeado con una comisión de apertura de 3,9 millones -“satisfechos en 2011, imputables a lo largo de la vida del préstamo”- mientras las angustias financieras de la Expo se veían agravadas con unos gastos de hipoteca de 1,071 millones, satisfechos en 2013 aunque contablemente imputables en los ocho ejercicios siguientes.
“Derivados de estos costes financieros resulta un coste real efectivo del préstamo del 7,57 % en el ejercicio 2014 (el 8,49 % en el ejercicio 2013)”, señala la Cámara de Cuentas en referencia a la operación de refinanciación, que a punto estuvo de llevarse por delante la empresa pública que heredó el complejo de la Expo 2008.
El nuevo Ejecutivo canceló la operación
Al cierre de 2014, “el endeudamiento reflejado en balance por las operaciones de crédito” con bancos se elevaba a 103,3 millones y alcanzaba los 108,15 en octubre de 2015, cuando el nuevo Gobierno de Aragón canceló todo el paquete financiero, incluido el swap, mediante una inyección de 109,6 millones a través de la Corporación Empresarial Pública.
La Cámara de Cuentas reseña, por último, que la alambicada –y gravosa- operación de refinanciación que formalizaron los anteriores responsables de la empresa pública generó “tensiones financieras” con los bancos que hicieron “necesaria la modificación temporal” de alguna de sus cláusulas ante “la complejidad de interpretación” que presentaban.
Esa complejidad, que incluyó “la contratación adicional de instrumentos financieros complejos sin estudio previo sobre su eficacia y excesivamente costosos”, tampoco sirvió para resolver el problema que debía enfrentar, ya que, en la práctica, la operación “ha presentado dificultades para atender las necesidades reales de liquidez de la entidad”.