El Prismático es el blog de opinión de elDiario.es/aragon.
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Cuando oímos hablar de la colaboración público-privada, a la mayoría de las personas nos suena bien. Claro, lo de colaborar tiene un sentido positivo, es difícil oponerse a la colaboración, pero la palabra colaboración no tiene un significado claramente definido y cada cual la interpretamos según nuestras ideas o intereses. Pasa lo mismo con palabras como libertad o patria. Para la derecha, libertad es permitir que los empresarios despidan a los trabajadores -a ser posible sin indemnización- cuando lo consideren oportuno, o poder vender, a fondos buitre, viviendas públicas con los inquilinos dentro. Sin embargo, no aceptan la libertad de las personas para amar o casarse con quien quieran o el derecho a una muerte digna; tampoco están permitidas las caricaturas u opiniones que puedan “ofender” a la corona o a los creyentes, por supuesto de la religión católica. En cuanto a la patria, como dice una copla que oí en mi juventud, para unos “es un fusil y una bandera” mientras que para otros “son mis hermanos que están labrando la tierra”.
Pero volvamos a la colaboración público-privada. A la ciudadanía, lo que nos interesa en este tipo de colaboración es quién dirige el proceso, cuánto pone cada parte y cuánto gana o pierde en el desarrollo de la colaboración. En Aragón tenemos varios ejemplos de esta “colaboración”: puesta a disposición de Quirón del suelo sobre el que se ha edificado el nuevo Hospital y pagar con fondos propios el vial de acceso; importante aportación económica pública y cesión de suelo por 75 años para el nuevo campo de futbol; adjudicación de cinco quioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta al empresario Juan Forcén -por cierto, Juan Forcén también forma parte del Consejo de Administración de la sociedad La Nueva Romareda, tiene que ser un empresario muy “colaborador”-; cesión de dos hectáreas del Parque Grande, por dos meses, a una empresa sin contraprestación económica…
En casi todos los casos, estas colaboraciones se justifican en el empleo que crean, como si fuesen obras sociales, pero no conozco a ningún empresario ni empresaria que monte una empresa o una actividad para crear empleo, lo hacen para obtener un beneficio y solo contratan a las personas imprescindibles para maximizar su objetivo. También suelen argumentar que determinados proyectos, “ponen” a Zaragoza o a Aragón en el mapa; o que van a generar una dinámica enormemente beneficiosa para la comunidad. Es difícil ver los beneficios sociales de los ejemplos mencionados, lo que sí está claros son los beneficios para Quirónsalud -empresa también muy querida por el gobierno de la Comunidad de Madrid- y, según las declaraciones del presidente Azcón, la ayuda que puede suponer para facilitar en el futuro la implantación de un nuevo grado en Medicina en la universidad privada.
Es problemática la transferencia de bienes públicos a empresas privadas, pero el principal problema está en que cuanto más poder tengan las iniciativas privadas -especialmente en sectores como la enseñanza y la sanidad, pilares del Estado del Bienestar- más capacidad tendrán estas para condicionar los acuerdos de “colaboración” con las administraciones públicas. Estos días estamos viendo un ejemplo clarísimo: la renovación del concierto de Muface con las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV.
Muface es una de las herencias del franquismo, se creó en 1975, que ningún gobierno democrático ha querido o se ha atrevido a tocar y que, si en algún momento tuvo sentido, en la actualidad no tiene ninguno, y menos entre trabajadores y trabajadoras públicos.
Hay quienes dicen que las personas mutualistas de Muface que recurren a la sanidad privada están privilegiadas, yo creo que sí, pero el privilegio no consiste en que les atiendan alguna de las aseguradoras que acuerdan con Muface, sino en la facilidad que tienen de pasar de la privada a la pública y viceversa. Así, mientras una persona es joven y no precisa una atención sanitaria compleja, las escasas veces que necesita recurrir a la aseguradora que ha elegido, ve que tiene -mejor tenía, ahora ya no es así- una mayor accesibilidad a los profesionales, mayor rapidez en realizar las pruebas que necesite, incluso una habitación individual en un hospital. Pero cuando se tiene una enfermedad grave, una intervención compleja o, por edad, necesitas con frecuencia atención sanitaria, mejor pasarse a la pública. Incluso algunos médicos de las aseguradoras aconsejan el cambio.
Esta modalidad no solo beneficia a los mutualistas, que cuentan con las ventajas de cada uno de los sistemas, también a las empresas privadas, que tienen su cuota de mercado cuando el coste de la atención es escaso y procuran reducirla cuando se incremente notablemente el gasto. A quienes no nos beneficia es al resto de la ciudadanía pues el dinero que se paga a las aseguradoras, incluido el beneficio empresarial, como dijo el ministro Óscar López, “es dinero de todos”.
Este año ninguna de las tres aseguradoras se ha presentado a la primera licitación del convenio con Muface y Adeslas, que atiende a casi el 50% de los mutualistas que optan por la privada, pide para renovar el concierto un incremento del 47%. ¿Tiene sentido esta exigencia? No lo parece: Adeslas acepta una subida del 17,12% en las mutualidades del Ministerio de Justicia (Mugeju) y del de las Fuerzas Armadas (Isfas) -¡¡30 puntos de diferencia!!-; en unas declaraciones, Juan Abarca, presidente de la Fundación Idis que aglutina buena parte del sector sanitario privado, esperaba que al final de los tres años la subida fuese mayor del 25%, cantidad con la cual consideraba que alguna aseguradora podría concurrir; la penúltima oferta del Ministerio ha sido una subida del 33,5%; a pesar de las reiteradas peticiones de Muface, las aseguradoras no han aportado la evidencia de coste que justifique el incremento que piden. ¿No será que, en una coyuntura de debilidad parlamentaria del Gobierno y acoso y derribo, por cualquier medio, por parte de las derechas, Adeslas ha visto la oportunidad de incrementar considerablemente los beneficios?
Todo apunta a que el ministro Óscar López va a terminar aceptando un incremento superior al 40%, muy próximo a la petición de Adeslas. La propuesta de huelga de CSIF, sindicato que reclama que el Gobierno ponga el dinero necesario -el que quieren las aseguradoras- para que Muface mantenga las prestaciones actuales, sin duda ha influido en su decisión.
Es posible que la propuesta del ministerio de Sanidad tenga demasiados riesgos, pero el mayor riesgo es la situación actual, permitir que el sector privado acumule la suficiente fuerza como para poder chantajear al Gobierno. En cuanto se firme el concierto, que se firmará, el Ejecutivo tiene que empezar a diseñar un plan cuya finalidad sea, a medio plazo, la de integrar al personal de las administraciones públicas en la sanidad pública.
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