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Las provincias de Teruel y de Soria podrían recibir ayudas europeas para zonas “poco pobladas” al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según un reciente informe no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) a petición de la dirección general de Economía del Gobierno de Aragón.
Serían ayudas a la inversión, a los sobrecostes del transporte de mercancías y también la reducción de las contribuciones sociales para empresas radicadas en “zonas muy poco pobladas”, lo que aliviaría los costes laborales. Eso sí, las tendría que solicitar el Estado español y ratificar la Comisión Europea como zonas muy poco pobladas en el mapa de ayudas regionales.
La noticia aumenta las expectativas de que estas ayudas que hasta ahora solo reciben los desiertos demográficos de los países nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia), por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, se amplíen a las provincias de la Unión Europea con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Es verdad que su eficacia quedaría limitada en el tiempo y económicamente por el nuevo mapa de ayudas regionales, que entrará en vigor a partir de 2021, y por la disponibilidad de fondos europeos.
La noticia ha coincidido con la convocatoria del ayuntamiento y de la comarca de Daroca este sábado 9 de marzo para reclamar un trato justo en el reparto de las ayudas contra la despoblación y la adopción de medidas urgentes para frenar la sangría demográfica.
La comarca de Daroca ha perdido casi el 20 por ciento de sus habitantes en lo que va de siglo XXI. Agrupa a 35 municipios, que suman 5.557 habitantes, 2.000 en la cabecera y el resto se reparten por los 34 núcleos restantes, lo que da una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado.
22 de los 35 municipios tienen menos de 100 habitantes, en 20 de ellos no hay menores de 15 años, los mayores de 65 años representan el 35 por ciento de la población y los mayores de 85, el índice de sobreenvejecimiento, alcanzan ya el 17 por ciento.
El principal sector por número de empleos es el avícola, el de producción de huevos en las granjas de Villarreal de Huerva y Mainar, seguido de “Pastas Romero”, una referencia agroalimentaria familiar que ha decidido no deslocalizarse.
La cabecera comarcal, Daroca, ha acentuado su aislamiento en los últimos años al quedarse apartada de la autovía mudéjar, sin que lo que se le ofreció como compensación se haya ejecutado: la autovía Daroca-Calatayud. La Fundación “Campo de Daroca” tampoco está consiguiendo los resultados que ha logrado la Fundación “Santa María” de Albarracín como referencia y motor cultural, histórico y artístico, para el territorio.
Con estos datos sobre la mesa, ¿quién puede sostener que la comarca de Daroca, como las de Belchite (4 habitantes por kilómetro cuadrado), Ribera Baja del Ebro (8,8), Cinco Villas (10), no estén incluidas en el mapa de ayudas europeas a “zonas muy poco pobladas”?
En el caso de la provincia de Zaragoza, del Cuarto Espacio, habría que incluir también la del Aranda que está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y las de Calatayud, Campo de Cariñena y Bajo Aragón-Caspe que, si exceptuamos las cabeceras comarcales, podrían entrar en la categoría de desiertos demográficos.
En la provincia de Zaragoza, el 70 por ciento de los 292 municipios están en riesgo de extinción al contar con menos de 500 habitantes empadronados.
Y esta reflexión se puede extender a muchos territorios de la provincia de Huesca, de la España y de la Europa vaciada. Los desiertos demográficos no son exclusivos de unas provincias que, hay que reconocerlo, fueron las más ágiles e insistentes, los casos de Teruel, Soria y Cuenca, en crear un grupo de presión con la presencia de los agentes sociales, cámaras de comercio, entidades financieras, para intentar acceder a esas ayudas europeas para áreas escasamente pobladas. La de Cuenca ya no entra en esa categoría porque, al quedarse el PIB de Castilla-La Mancha por debajo del 75 por ciento de la media de los 28 estados de la UE, esa comunidad autónoma ya accede a la máxima intensidad de las ayudas regionales europeas.
No se trata –sería un error y una pérdida de tiempo y de energías- de entrar en una frustrante carrera para demostrar qué provincia está peor. De lo que se trata es de hacer visible que con el criterio de la provincia no se garantiza la equidad y el justo reparto de las ayudas europeas. Hay que buscar unidades de medida más pequeñas y más precisas para evitar que las capitales de provincia y sus áreas de influencia, y en menor medida las cabeceras comarcales, distorsionen la realidad de las personas que viven en desiertos demográficos.
España es un país muy urbano. Más del 80 por ciento de la población vive en menos del 20 por ciento del territorio y 4 de cada 5 españoles residen en municipios de más de 30.000 habitantes. La tendencia a la concentración urbana se va a mantener en los próximos años por eso, al igual que sucede con las ayudas regionales europeas, hay que darle más peso y más valor electoral a las comunidades pequeñas que están manteniendo vivos los territorios.
Eduardo Moyano, un profesor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), subraya que en Francia, que al igual que en España el sector agrario representa el 3 por ciento del PIB y aproximadamente el 4 por ciento del empleo, están mucho más vivos el debate y las propuestas políticas concretas sobre el futuro de las personas que viven en los espacios vacíos, como se ha comprobado recientemente con las protestas de los “chalecos amarillos”. Digamos que, más allá de las campañas electorales, los políticos los incluyen en su agenda de prioridades.
Moyano destaca en un reciente artículo publicado en el periódico digital The Conversation que en Francia “al ser la circunscripción electoral muy pequeña (equivalente a una comarca), el voto de las personas que viven en las áreas rurales tiene mucha influencia en la asignación de escaños. Por eso, el interés por los temas relacionados con la agricultura y el mundo rural se extiende al ámbito de las acciones políticas concretas, formando parte de los debates políticos previos a los comicios electorales”. Esto explicaría la intensa gira que está realizando el presidente Macron por la Francia interior remangándose para debatir durante horas y horas con las gentes del territorio.
En España, añade el investigador, al ser la provincia la circunscripción electoral, “el peso político de las áreas rurales es menor, siendo contrarrestado por el voto de las capitales de provincia y de los grandes municipios urbanos. De ahí que, en los discursos sobre el estado de la nación, ni en las sesiones de investidura, ni en las mociones de censura, los temas agrarios y rurales estén presentes, más allá de alguna referencia de pasada”.
Cuando hablamos de asuntos de las comunidades rurales, tenemos que abrir el objetivo, por ejemplo, a una alimentación sana y de calidad, a un paisaje y a unos cielos limpios, a los modelos de agricultura y ganadería intensivos o más extensivos y ecológicos, al relevo generacional, a la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones agrarias, a las ayudas europeas que primen más la actividad que la superficie, a la digitalización y a la apertura a nuevas ocupaciones que se pueden desarrollar en la España de interior, al ritmo más tranquilo y humanizado de vida, a las relaciones personales y colaborativas……
El sábado en la movilización de Daroca se pondrá el acento, seguro, en una unidad de medida más pequeña que la provincia para recibir ayudas y para pesar electoralmente, y también en un reparto más equitativo de los fondos especiales. En concreto, que la partida de 30 millones de euros anuales que habilita el Gobierno de Aragón para el Fondo Especial de Teruel, se habilite también para los territorios que, fuera de la provincia de Teruel, están en la misma situación de despoblación, envejecimiento y baja actividad económica. ¿Por qué en Calamocha sí y en Daroca no?, ¿Por qué en Báguena sí y en Anento no?, municipios que están separados por muy pocos kilómetros.
Ya en abril de 2017, la Diputación Provincial de Zaragoza solicitó al Gobierno de Aragón un fondo especial de inversiones públicas y privadas de 50 millones de euros. Previamente, se había creado con la Universidad de Zaragoza una cátedra institucional sobre despoblación y creatividad, la primera de España cuyo primer encuentro público se organizó en Daroca, en el salón de actos de la Fundación; se había constituido un Consejo provincial sobre despoblación y por el desarrollo rural; y un programa, Desafío, de prácticas de verano de estudiantes universitarios en municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia.
Posteriormente se aprobaron –también fue la primera institución en hacerlo- unos fondos específicos para frenar la despoblación, dotados con 1.300.000 euros durante 2019, dirigidos a pequeños y medianos empresarios, cooperativas, autónomos, asociaciones, fundaciones y organizaciones empresariales y sindicales, a iniciativas que están surgiendo desde abajo hacia arriba.
La sensibilidad municipalista mueve a las instituciones más cercanas a los ciudadanos como ayuntamientos, comarcas, diputaciones y comunidades autónomas. De lo que se trata ahora es de canalizarla sumando esfuerzos, trabajando en red en todo Aragón y en toda la España interior, compartiendo una misma narración de energía y difusión de la creatividad y la calidad de vida de las comunidades rurales.
Así lo están haciendo por ejemplo los impulsores de “El secadero de ideas”, a caballo del Jiloca turolense y zaragozano, o “La Riada” que reunió el pasado fin de semana en Burbáguena a dinamizadores de 19 comarcas de Aragón, o los Grupos de acción local y los agentes de empleo, presionando todos a la vez para que el reparto de ayudas europeas sea equitativo y se ajuste a la realidad de las personas, de todos los que viven en las áreas despobladas residan en la provincia que residan.
Las provincias de Teruel y de Soria podrían recibir ayudas europeas para zonas “poco pobladas” al estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según un reciente informe no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) a petición de la dirección general de Economía del Gobierno de Aragón.
Serían ayudas a la inversión, a los sobrecostes del transporte de mercancías y también la reducción de las contribuciones sociales para empresas radicadas en “zonas muy poco pobladas”, lo que aliviaría los costes laborales. Eso sí, las tendría que solicitar el Estado español y ratificar la Comisión Europea como zonas muy poco pobladas en el mapa de ayudas regionales.