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Finalmente, tras una sesión de investidura con la sorpresa del cambio de voto de la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, el fantasma del Tamayazo sobrevolando, y en la que las derechas han demostrado su escaso sentido democrático y su inquebrantable voluntad de bloqueo, ha sido investido Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El Gobierno de coalición comienza su andadura.
El programa presentado por Sánchez, puede dar la vuelta -o paliar en parte- a la pérdida de derechos y libertades y el incremento de las desigualdades causados por los gobiernos de Rajoy. El flanco débil está en las fuentes de financiación. La mayor fuente del incremento de ingresos previstos dependerá del éxito de las medidas antifraude -la subida del IRPF a las rentas más altas no cubre ni de lejos el aumento presupuestario asignado a las políticas sociales- y la lucha contra el fraude no ha sido, hasta ahora, muy exitosa en España. Y una ralentización en el desarrollo de las políticas sociales, en buena parte dependientes de UP, puede generar importantes tensiones entre los socios de gobierno.
Aunque espero que la exhibición pregolpista de la extrema derecha, la derecha y, como alguien dijo, la derecha menguante, sea capaz de soldar las posibles fracturas de los socios de gobierno y de consolidar y ampliar los apoyos recibidos en la investidura. Porque la cosa ya no va solo de luchar contra la desigualdad, de garantizar unos mínimos de subsistencia o de ampliar derechos, se trata de consolidar la democracia, de respetar la voluntad de la ciudadanía y de buscar marcos de convivencia entre los diferentes.
El déficit democrático de la derecha se ha puesto de manifiesto siempre que ha perdido en las urnas. Ahora contrapone el PSOE de González y Zapatero al de Sánchez, pero hay que recordar que al presidente Zapatero también le hicieron la vida imposible, que lo consideraron ilegítimo porque había sido elegido gracias a un atentado de ETA. A Zapatero le acusaron de haber vendido Navarra a los independentistas, de traicionar a los muertos de ETA por hacer todo lo legalmente posible por acabar con la banda terrorista. Ahora, Navarra sigue siendo la comunidad foral que quiere su ciudadanía, ETA no existe y hace más de 10 años que dejó de matar, algo por lo que luchó y murió mucha gente.
Cuando existía ETA, el PP decía que se podía hablar de todo, cualquier idea se podía defender siempre que fuera sin violencia, sin embargo una década después rechaza la legitimidad de Bildu por considerarlos herederos de la banda terrorista. No soy partidario de responsabilizar a nadie de lo que hicieron sus antepasados, pero los populares debería ser más prudentes, ¡son los herederos políticos de Franco, el mayor asesino de la historia contemporánea de España!
Claro que la herencia política del dictador tiene hondas raíces en las derechas españolas, se atribuyen el derecho de llenar de contenido la palabra “patria” aunque, por supuesto, en su “patria” no caben los que piensan distinto, especialmente comunistas y nacionalistas que, es preciso recordar, hicieron posible el consenso constitucional del 78, cosa que no se puede decir de los seguidores de Manuel Fraga.
En la “democracia orgánica” de las derechas no se permite que partidos legales, con importante apoyo ciudadano, en el caso de ERC el mayor de Cataluña, puedan defender su programa, nos guste o no, en el Congreso de los Diputados. Tampoco se puede calificar de autoritario un discurso de Rey, pero sí se puede llamar al presidente en funciones, y candidato a la investidura, felón, traidor, golpista… Todo lo dicho por la izquierda o los independentistas es perfectamente legal, cabe en la Constitución, lo que no cabe es intentar impedir su derecho de expresión. ¿Quiénes son los constitucionalistas?
A los dirigentes de las derechas se les da muy bien jugar con los símbolos y los sentimientos y los utilizan sin ningún límite en beneficio propio. Enseguida sacan a relucir el peligro a que se somete a la patria, su significante vacío preferido, -me pareció muy oportuna la consideración sobre la patria que hizo Sánchez en la investidura- cuando se pacta o coincide con comunistas o independentistas. Pero mienten, saben que es falso lo que dicen, ni el pacto de gobierno ni el del PSOE con ERC van a traicionar la Constitución ni a romper España. Como no se entregó Navarra a los independentistas vascos.
Lo que le realmente le preocupa a la bancada azul es perder el poder, si no, ¿por qué negoció UPN-PP, en 1993 los presupuestos de Navarra con HB? ¿Por qué pactó Javier Maroto con Bildu los presupuestos de Vitoria de 2013? Pero no hace falta irse tan lejos, si tan alta traición es aceptar una investidura con la abstención de ERC y Bildu, ¿por qué no lo es impedirla gracias a los votos de JxCat y la CUP?
La derecha solo tiene un principio, el poder. Y a conseguirlo se va a aplicar, como estamos viendo, por todos los medios: obstaculizando la acción de gobierno en el Parlamento, judicializando todo lo posible la política o utilizando tácticas pregolpistas. Porque pregolpismo es deslegitimar a un Gobierno a la vez que se llama a los poderes del Estado a intervenir –esto, dicho por un exgeneral que fue Jefe de Estado Mayor del Ejército, tiene pocas lecturas-; pregolpismo es insultar, presionar, llamar al transfuguismo y amenazar, incluso de muerte, como han hecho con Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe; y pregolpismo es compaginar la bronca en el Parlamento con las manifestaciones en la calle, trasladando un conflicto político, ampliado artificialmente, a la sociedad.
Pedro Sánchez dejó la mano tendida a la oposición parlamentaria pero no creo que, al menos a corto plazo, el gesto sirva de nada. No tengo duda de que Casado, Abascal y Arrimadas volverán a la plaza de Colón, llamando a aquellos sectores que ven en peligro sus privilegios como la patronal -subida de impuestos, reversión de la reforma laboral- o la jerarquía de la Iglesia Católica -voluntariedad de la asignatura de religión, neutralidad del Estado frente a todas las confesiones religiosas, regulación de la eutanasia o revisión de las Inmatriculaciones-, sería deseable de sus dirigentes mayor sensatez, que no caigan en la tentación de apoyar una espiral de confrontación difícil de calibrar.
El nuevo gobierno lo va a tener complicado, parte de una serie de apoyos muy condicionados, lo dejó claro Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, “si no hay mesa [de diálogo] no hay legislatura”. Pero ERC tiene que saber que si no hay legislatura, y aunque a la diputada Montse Bassa “le importe un comino la gobernabilidad de España”, tampoco hay, y ya veremos hasta cuando, solución de ningún tipo al problema catalán. Si no hay legislatura ganan los de “cuanto peor mejor” y perdemos todos los demás. Por eso la acción de gobierno tiene que ser muy medida, muy pensada y muy consensuada. Esperemos que sea así.
No soy partidario de la política de bloques, el camino es articular mayorías amplias en torno a determinados objetivos políticos y para eso es necesaria la transversalidad, pero de momento esto se me antoja misión imposible, no existen puentes ni puntos en los que apoyarse para tenderlos. Creo que hay que huir de la confrontación social, pero también estoy convencido de que la gente de izquierdas, progresista o simplemente demócrata debemos movilizarnos, demostrar que, con todas las dudas o discrepancias que tengamos, vamos a apoyar un gobierno legalmente constituido, un gobierno cuyos objetivos se deben centrar en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. Y esta movilización, serena pero firme, tiene que estar impulsada por las organizaciones de izquierdas.
Finalmente, tras una sesión de investidura con la sorpresa del cambio de voto de la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, el fantasma del Tamayazo sobrevolando, y en la que las derechas han demostrado su escaso sentido democrático y su inquebrantable voluntad de bloqueo, ha sido investido Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El Gobierno de coalición comienza su andadura.
El programa presentado por Sánchez, puede dar la vuelta -o paliar en parte- a la pérdida de derechos y libertades y el incremento de las desigualdades causados por los gobiernos de Rajoy. El flanco débil está en las fuentes de financiación. La mayor fuente del incremento de ingresos previstos dependerá del éxito de las medidas antifraude -la subida del IRPF a las rentas más altas no cubre ni de lejos el aumento presupuestario asignado a las políticas sociales- y la lucha contra el fraude no ha sido, hasta ahora, muy exitosa en España. Y una ralentización en el desarrollo de las políticas sociales, en buena parte dependientes de UP, puede generar importantes tensiones entre los socios de gobierno.