Legitimar la Corona

La monarquía no pasa por su mejor momento y para remediar, al menos en parte, el descrédito creciente entre la ciudadanía, el Gobierno, de acuerdo con Felipe VI y el Partido Popular, y dentro de un supuesto proyecto de “renovación” de la monarquía para un tiempo nuevo, acordó, el pasado martes 26, un decreto mediante el cual el Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real. Eso sí, seguimos sin saber cuánto nos cuesta realmente el mantenimiento de la monarquía -lo que aportan los distintos ministerios-, el Rey no tendrá obligación de declarar su patrimonio como tampoco la reina ni el resto de la familia real cuya asignación sale de los Presupuestos del Estado. 

Si ya con el decreto los cambios son inapreciables, en la práctica no suponen ninguna variación: como el rey sigue siendo inviolable, en el caso de que no cumpla el decreto solo le podrá juzgar la Historia. No sé si alguien piensa que con esto se consolida la figura de Felipe VI, pero los problemas de la monarquía son mucho más profundos. 

Sin duda, la forma de Estado más democrática es la república, nadie debe tener más derechos por nacer en determinada familia. Además, al menos en la monarquía española, quienes están “designados” para reinar son educados desde su nacimiento de manera especial, se les enseñan idiomas, economía, derecho, relaciones internacionales…, pero se les aísla -el caso de la Princesa Leonor es un ejemplo claro- en una burbuja de personas de su clase, solo se relacionan con las élites del mundo. El rey o la reina pueden ser más o menos inteligentes, honestos, cultos… pero difícilmente podrán entender los problemas a los que se tienen que enfrentar cotidianamente sus compatriotas, estarán separados por un muro infranqueable de aquellas personas a las que dicen representar.

Pero como no se puede afirmar que cualquier república sea mejor que cualquier monarquía -ejemplos tenemos bastantes- la cuestión de la forma de Estado tiene que valorarse en concreto. Hay que valorar el papel que juega el rey, su neutralidad política, la proximidad a la ciudadanía, la transparencia, si favorece o no el desarrollo social… Y su ejemplaridad: quien tiene más derechos -y el de la jefatura del Estado no es menor- tiene que tener más responsabilidades. 

Es en esta valoración donde la monarquía española no sale bien parada. En relación con la transparencia, no sabemos lo que cuesta, qué parte de los presupuestos de Patrimonio Nacional, Interior o Exteriores está asignada al mantenimiento de la monarquía. Tampoco sabemos cuál es el patrimonio de la reina Letizia y del resto de la familia real, cuando tienen una asignación que sale de los Presupuestos Generales del Estado. Según infoLibre, fuentes de la Casa Real indican que el patrimonio de la reina no se desvela porque Letizia “no tiene responsabilidad”. Entonces, ¿por qué cobra un sueldo público? 

Felipe VI tampoco está cumpliendo con su obligación constitucional de neutralidad. El lunes 25, la Casa Real comunicó a la mayoría de los grupos parlamentarios la decisión del rey de hacer público su patrimonio; fue informado Vox, pero fueron excluidos Bildu, ERC, Junts, la Cup y el BNG. ¿Defender la independencia les hace acreedores del desprecio real? ¿No es constitucional ser independentista, aunque cumplas con la legislación vigente? Las intervenciones de Vox y Bildu en el Congreso, en relación con el decreto de medidas urgentes para paliar la crisis provocada por la guerra en Ucrania, ha dejado en evidencia el “daltonismo político” que prima en la Zarzuela. Bildu demostró una altura política y un compromiso con la sociedad española -más allá del enfrentamiento con el Gobierno por el caso “Pegasus”-, que ni está ni se espera en la estrategia de Vox. En política la Casa Real mira a la derecha, quizás por eso Vox la defiende pon tanto ímpetu. 

Para colmo, el rey sigue sin mover ficha en relación con la inviolabilidad de su persona, aceptando una interpretación de ese derecho -para la justicia española el rey puede robar, violar o matar sin que pueda ser juzgado- más propia de la Edad Media que del siglo XXI. 

Si, como dice la Zarzuela, Felipe VI pretende “la modernización de la Corona para hacerla merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad de sus comportamientos”, no ha acertado con el camino elegido. Así, no solo no se va a legitimar la Corona, sino que cada vez va a parecer más claramente como un cuerpo extraño dentro de una democracia. Y, por lo tanto, no deseable.

La monarquía no pasa por su mejor momento y para remediar, al menos en parte, el descrédito creciente entre la ciudadanía, el Gobierno, de acuerdo con Felipe VI y el Partido Popular, y dentro de un supuesto proyecto de “renovación” de la monarquía para un tiempo nuevo, acordó, el pasado martes 26, un decreto mediante el cual el Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real. Eso sí, seguimos sin saber cuánto nos cuesta realmente el mantenimiento de la monarquía -lo que aportan los distintos ministerios-, el Rey no tendrá obligación de declarar su patrimonio como tampoco la reina ni el resto de la familia real cuya asignación sale de los Presupuestos del Estado. 

Si ya con el decreto los cambios son inapreciables, en la práctica no suponen ninguna variación: como el rey sigue siendo inviolable, en el caso de que no cumpla el decreto solo le podrá juzgar la Historia. No sé si alguien piensa que con esto se consolida la figura de Felipe VI, pero los problemas de la monarquía son mucho más profundos.