Antes de pronunciar una conferencia, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, se ha referido en Huesca, de manera sucinta, al proceso judicial que ha desembocado en la sentencia del procés. Pero ha querido dejar claro que “en un estado de Derecho, y España lo es porque se encuentra entre las 20 democracias más avanzadas del mundo, las resoluciones judiciales no solo hay que cumplirlas y ejecutarlas, sino también respetarlas y acatarlas”.
En ese sentido, Zaragoza ha sostenido que ese acatamiento debe darse especialmente “por parte de las instituciones y al margen de las discrepancias jurídicas particulares que pueden surgir siempre al examinar una resolución judicial que juzga unos hechos determinados”.
El que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional también ha aludido a que “sobre resoluciones judiciales es legítimo el derecho a la crítica. No es el momento de llevar a cabo un análisis en profundidad de la sentencia, hay que dejar pasar el tiempo y, con más objetividad, la cuestión se tratará en las cátedras de Derecho Penal y será objeto de numerosos artículos doctrinales”.
Son estas previsiones que, dentro de una siempre saludable discrepancia de pareceres, sería para Javier Zaragoza “lo que entra dentro de la normalidad democrática. Lo que no es así es lo que sucedió entonces y ha sido objeto de este juicio y de lo que está sucediendo ahora”. El fiscal, que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre el juicio, posteriormente ha analizado la intervención del Ministerio Fiscal en una charla que ha tenido lugar en el Palacio de Villahermosa de la capital oscense.
Zaragoza, se considera “satisfecho” por su trabajo como acusación pública en el juicio del procés, pero no ha querido entrar en la cuestión de si lo ocurrido en torno al 1 de octubre de 2017 fue una rebelión: “La Fiscalía ha ejercido la acusación con todas las consecuencias y defendido una postura determinada. Estamos completamente satisfechos con el trabajo desarrollado, e, insisto, en que las sentencias se han de respetar y acatar. Nosotros teníamos una posición y está ahí”, ha zanjado.
En la conferencia, el fiscal ha explicado que “durante el juicio había que responder con contundencia a aquellos que querían tergiversar la imagen de una justicia plural y de un proceso que se ha celebrado con todas las garantías democráticas frente a quienes han querido mostrar una España alejada de la realidad”. Posteriormente, ha asegurado que “hace dos años se planteó un desafío al estado y al orden constitucional. Y también en estos momentos”.
Ha sido tajante a la hora de explicar que, en su opinión, se ha juzgado por delitos y no por ideas. “No se persiguen opiniones e ideas sino acciones concretas que han violado las leyes de la convivencia. Lo que no se puede es ejercer los derechos políticos en detrimento de los de los demás. Actuar al margen de la ley no está amparado por los derechos fundamentales. No hay democracia sin respeto a la ley”.