“Vamos a disponer de un ejército civil para la gestión de catástrofes”. La entonces consejera de Presidencia, la socialista Mayte Pérez, resumió hace dos años de esta gráfica manera la nueva Ley de Emergencias de Aragón. La normativa -que impulsó el Ejecutivo de Javier Lambán y que ha visto la luz este verano, con su sucesor Jorge Azcón al frente- tiene como objetivo principal asentar una cultura de la protección civil en la ciudadanía e introduce figuras como la Declaración de emergencia integral, para casos especialmente graves como el que se ha vivido en Albacete y Valencia en días pasados y que otorga al presidente del Gobierno de Aragón -y no el consejero competente en Protección Civil, como es habitual y como sucede también en la Comunidad Valenciana- el mando único de todas las actuaciones.
La normativa, cuyo nombre completo es Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón -y que sustituye a la que vigente desde 2002-, vio la luz el pasado mes de junio con un único voto en contra, el de Izquierda Unida. Aunque mantiene el “espíritu” de la norma previa, introduce un modelo de evolución y desarrollo adaptado a la actualidad, a las nuevas tecnologías y las necesidades que han surgido durante este tiempo en materia de protección civil y gestión de emergencias. Hay que recordar que en estos años se han empezado ya a notar los efectos del cambio climático, por ejemplo en la especial virulencia de episodios como la DANA de estos días.
La mencionada Declaración integral se enmarcaría en una situación de peligro en la que “los daños ocurridos sean por su especial extensión o intensidad particularmente graves” y se trataría, lógicamente, de una fase previa a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. Supondría la asunción por el presidente autonómico de la dirección de todas las actuaciones de la emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del Plan de Protección Civil de Aragón. La fórmula más extendida es que esta dirección recaiga en el consejero con competencias en protección civil.
A su vez, la Declaración de emergencia integral podrá implicar “la reorganización orgánica y funcional de los servicios administrativos que sea precisa”. Y da luz verde al presidente del Gobierno de Aragón para “dictar normas de urgencia con el fin de afrontar las necesidades de la emergencia”, siempre que estén motivadas y se publiquen en el Boletín Oficial de Aragón.
Mapa de riesgos de Aragón
Pero este es solo uno de los aspectos que contempla la normativa. Se creará además una Red de Información, Alerta y Alarma de Protección Civil de Aragón, en la que se incluyen entre otros el impulso de un mapa de riesgos de Aragón, en que señalará, calificará y localizará cada una los riesgos relevantes en los puntos donde se presenta cada riesgo.
La ley pone el énfasis en tres aspectos, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de protección civil: la anticipación, la prevención y la autoprotección, que se configuran como las herramientas más eficaces para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.
La legislación pormenoriza las competencias del sector público local, dividido en municipios -con diferencia de mayores y menores de veinte mil habitantes- las comarcas y las provincias. Asimismo, aunque en un apartado que exigirá un desarrollo normativo específico, unifica todos los cuerpos de bomberos que hay en Aragón para crear un servicio autonómico de prevención, extinción de incendios y salvamento.