Mientras la ciudad de Zaragoza trata de convertirse en uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del país y Aragón aspira a que se instale una gran planta de baterías eléctricas, la realidad se impone y la comunidad autónoma apenas dispone de puntos de recarga para poder circular con estos nuevos medios de transporte que vienen para sustituir los que emplean combustibles fósiles. La realidad de la despoblación también se impone en los nuevos métodos de movilidad alternativos y las zonas con menos densidad de población también sufren la carencia de conectores para poder utilizar estos nuevos vehículos con todas las prestaciones de comodidad y eficiencia.
La Fundación Ecología y Desarrollo -ECODES- y el Observatorio de Sostenibilidad han presentado su informe Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España en el que se constata que el 70% de estos puntos de recarga se concentran en las grandes conurbaciones del país, a pesar de que cuatro quintas partes del territorio nacional son del medio rural. Especialmente significativa es la situación en Aragón, que por detrás de Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menos elementos de este tipo, lo que dificulta sobremanera la opción de emplear estos vehículos eléctricos.
Según el informe de Ecodes, casi un tercio de la red de carreteras de Aragón (el 32%) está a más de 60 kilómetros de cualquier punto de recarga de acceso público, el segundo peor resultado de todas las comunidades autónomas. Pero hay un dato todavía más negativo, el de la alta potencia, muy limitada al entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza, un par de puntos en la A-2 entre Zaragoza y Madrid y otro punto en Barbastro. En toda la provincia de Teruel (con una extensión superior a País Vasco, Murcia o Cantabria) no hay ninguno, y tampoco en la ciudad de Huesca ni en todas las comarcas pirenaicas, que son además zonas de alta densidad turística y, por tanto, de viajeros que emplean vehículos para desplazarse.
Aragón tiene el tercer porcentaje más elevado de su red de carreteras a más de 60 kilómetros de la alta potencia, llegando al 98% y ni un solo punto de recarga en su extensa área rural. Con tan solo 139 conectores, el déficit en la comunidad autónoma hace prácticamente inviable el desplazamiento por el territorio en vehículo eléctrico con todas las garantías de comodidad y eficiencia. Cualquier conductor debe planificar adecuadamente su ruta y tener muy en cuenta la autonomía de sus vehículos y el mapa de electrolineras para no llevarse ninguna sorpresa. Y en Aragón, esta planificación se hace todavía más necesaria ante la carencia de puntos para cargar el vehículo.
A pesar de que en tan solo un año se han incrementado los puntos para cargar estos vehículos un 40% en Aragón, el déficit sigue siendo considerable. Se han pasado de 223 a 315 en toda la comunidad autónoma, pero tan solo 77 puntos se encuentran fuera de la gran ciudad. Del mismo modo, en el Aragón rural no hay ninguno de los 39 conectores de alta potencia. Esto también dificulta el viaje en estos vehículos, ya que la diferencia de velocidad de carga entre un conector lento y otro rápido es considerable. Mientras que a alta potencia se puede cargar un turismo en menos de quince minutos, con los conectores más lentos este proceso puede tardar más de tres horas. Asimismo, se constata que todavía hay pocos garajes privados que dispongan de enchufes a los que conectar el motor de estos vehículos.
En 2023 se han alcanzado en España los 8.402 puntos de carga y 24.020 conectores totales, unos incrementos porcentuales respectivos, del 35% y 44%. Para alcanzar los objetivos gubernamentales, deberían instalarse 28.397 nuevos conectores cada año hasta 2030.Tan solo el 14% de los puntos de recarga nuevos se han instalado en algún lugar de la España despoblada.
Además de incrementar la inversión pública y privada que permitan dotar a España de una red adecuada de conectores, la fundación Ecodes recomienda la creación de oficinas autonómicas energéticas de asesoramiento que incluyan la movilidad eléctrica y la creación de un organismo estatal.