2025 se abre en la provincia de Huesca como un año de nuevo marcado por el control por parte del Partido Popular de las instituciones clave, como el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial, frente a la oposición liderada por el PSOE. Este escenario político refleja una dinámica compleja que involucra no solo las prioridades partidistas, sino también las demandas ciudadanas, las relaciones interinstitucionales y los retos socioeconómicos a los que se enfrenta el territorio cuando está a punto de alcanzarse el ecuador de las legislaturas que comenzaron con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.
En el Ayuntamiento de Huesca, el PP logró consolidar entonces una mayoría que le ha permitido liderar la gestión municipal con relativa estabilidad. Al contar con una mayoría simple, de 12 de los 25 ediles, se apoyó en Vox primero y en el tránsfuga Antonio Laborda, exconcejal del partido de ultraderecha, después para sacar adelante los presupuestos de 2024 y 2025, respectivamente. Este control se alcanzó tras unas elecciones municipales en las que el partido supo capitalizar el descontento de una parte del electorado con la gestión socialista previa, centrándose en temas como la seguridad, la limpieza urbana o la gestión económica.
Bajo el liderazgo de la alcaldesa popular Lorena Orduna, las principales líneas de acción han girado en torno a proyectos de infraestructura clave como la mejora de las conexiones viales y la modernización de los servicios públicos. Además, se ha priorizado el desarrollo turístico, con especial énfasis en el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Sin embargo, estas políticas también han generado críticas desde la oposición y sectores ciudadanos que cuestionan la sostenibilidad ambiental de algunos proyectos y la falta de inclusión de propuestas de carácter social.
Por su parte, la relación entre la alcaldesa Lorena Orduna y el PSOE ha estado marcada por tensiones constantes. Mientras que los socialistas acusan a Orduna de gobernar con una visión centralista que no atiende lo suficiente a las demandas sociales, la alcaldesa ha defendido su modelo como una apuesta por la modernización y el crecimiento económico. Aunque las sesiones plenarias suelen estar cargadas de críticas, también han surgido momentos de colaboración en temas como la gestión de fondos europeos para proyectos de desarrollo urbano sostenible.
El PSOE ha desempeñado desde la oposición un rol fiscalizador, enfocándose en denunciar lo que considera una gestión “desequilibrada” que “privilegia ciertas áreas urbanas en detrimento de otras”, apuntan fuentes de la formación. Además, han insistido en la necesidad de reforzar las políticas de vivienda asequible y de apoyo a los colectivos más vulnerables. Aunque su capacidad para influir en las decisiones del pleno municipal es limitada, han logrado movilizar a colectivos ciudadanos en torno a temas sensibles como el acceso a servicios esenciales y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
En la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el PP disfruta de una cómoda mayoría absoluta que le ha permitido mantener un control efectivo sobre esta institución clave para la gestión de los recursos en el ámbito rural. Este dominio se traduce en una agenda política orientada a “fortalecer las infraestructuras locales, apoyar al sector agrario y promover iniciativas que impulsen el desarrollo económico en las áreas más despobladas”, indican desde la DPH.
El presidente de la Diputación, Isaac Claver, ha mantenido relaciones funcionales con las demás formaciones políticas, aunque no exentas de fricciones. Claver ha buscado el apoyo de otros grupos en temas clave como la digitalización rural y la mejora de los servicios básicos, lo que ha derivado en confrontaciones con el PSOE, la otra fuerza política representada en la Diputación.
La relación de Claver con el PSOE ha estado marcada por debates intensos en torno a la distribución de los recursos provinciales. Mientras el PP defiende una asignación basada en criterios de eficacia y desarrollo económico, el PSOE critica lo que considera “una falta de transparencia y equilibrio” en estas decisiones. A pesar de estas diferencias, en ocasiones ambos partidos han encontrado puntos de consenso, especialmente en la gestión de fondos europeos y la lucha contra la despoblación.
Entre las políticas destacadas, la Diputación ha apostado por programas de digitalización y conectividad rural, buscando reducir la brecha digital en las pequeñas localidades. Asimismo, se han destinado recursos significativos a la mejora de los caminos rurales y a proyectos de energías renovables. No obstante, estas medidas también han sido objeto de controversia por parte del PSOE, que critica lo que perciben como una falta de equilibrio en la distribución de recursos entre los distintos municipios y una ausencia de enfoque en políticas de igualdad y servicios sociales.
El PSOE centra su estrategia este 2025 en subrayar la necesidad de un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. Ha impulsado propuestas para aumentar el presupuesto destinado a educación, sanidad y bienestar social en el ámbito rural. También han insistido en la urgencia de abordar la despoblación con medidas más ambiciosas, como incentivos fiscales para atraer a nuevos residentes y fomentar la actividad empresarial.
El PP ha aprovechado su mayoría para impulsar una agenda que busca consolidar su base electoral, mientras que el PSOE se ha esforzado por construir una narrativa de oposición responsable y propositiva. Este equilibrio de fuerzas ha generado un escenario político polarizado, en el que las propuestas de consenso son escasas y las disputas ideológicas predominan.
La provincia de Huesca se enfrenta a retos significativos que condicionan la acción política. La despoblación sigue siendo uno de los problemas más urgentes, con numerosas localidades rurales que experimentan un declive demográfico constante. Además la economía local, dependiente en gran medida del sector primario y el turismo, se halla sujeta a fluctuaciones que afectan la estabilidad de las comarcas.
En este contexto, el PP enfocará sus esfuerzos en atraer inversión privada y desarrollar iniciativas de colaboración público-privada para dinamizar la economía. Sin embargo, estas políticas son cuestionadas por el PSOE, que considera que no abordan de manera suficiente las necesidades de las pequeñas localidades y los sectores más vulnerables.
Otro tema central es el acceso a servicios públicos de calidad en el ámbito rural. Aunque se han realizado avances en la mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas, persisten desigualdades que afectan a las comunidades más alejadas de los núcleos urbanos. La oposición socialista ha enfatizado repetidamente la importancia de garantizar una mayor equidad territorial en el acceso a estos servicios como otro debe para los próximos meses de la legislatura.