Lorena Orduna (PP) es desde el pasado sábado la nueva alcaldesa de Huesca y en los próximos días se extenderá el color azul a la Diputación Provincial (DPH) con el popular Isaac Claver como presidente y al Gobierno de Aragón con Jorge Azcón. Comienza una transición entre las nuevas políticas de la derecha para gestionar la herencia que deja el PSOE después de dos legislaturas en el consistorio y 24 años en la Diputación, con cuestiones candentes que han de resolverse y la incertidumbre por el giro ideológico que encarna la nueva alcaldesa, sin experiencia en política hasta hace medio año.
Una de las prioridades del equipo de gobierno que esta semana ya se pondrá en marcha es poner solución al conflicto con los trabajadores municipales por la pretendida supresión del plus de antigüedad. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Huesca mantienen las movilizaciones iniciadas en febrero por la supresión del complemento de antigüedad, que afecta a más de 300 personas. Estos, expectantes con el cambio de siglas, no creen que la solución dependa de otra manera de entender la política.
Según Mario Gonzalvo, portavoz de la Confederación General del Trabajo (CGT), se trata de “una reivindicación sindical que afecta al salario de muchos trabajadores, y saliera el partido que saliera íbamos a seguir las protestas con intención de que se solucione”. La protesta se fundamenta en la supresión del complemento de antigüedad que desde hace 30 años se paga a más de la mitad de la plantilla. En su último informe, la Cámara de Cuentas de Aragón y el interventor del Ayuntamiento lo calificaron de ilegal. El PSOE, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP, Podemos y Vox, aprobó en enero de 2023 transformar este plus en un complemento transitorio personal y absorbible a partir del 1 de enero de 2024.
Gonzalvo apunta que a partir de esa fecha se empezará a eliminar del salario de los trabajadores que cobran la antigüedad entre 20 y 30 euros al mes. El equipo de gobierno propuso mantener este plus a los trabajadores interinos que consolidaran su plaza y al personal temporal que adquiriera la condición de fijo por sentencia, pero los sindicatos no estuvieron de acuerdo y hay trabajadores a los que ya se ha suprimido este complemento. La solución, “tiene que incluirlos también, y nos convence la solución que mitigue la pérdida de poder adquisitivo”, avanzaba Gonzalvo.
Otro frente abierto afecta al patrimonio, y la arqueóloga Julia Justes ha solicitado a la nueva corporación municipal que desbloquee lo antes posible el Círculo Católico y permita abrir este yacimiento arqueológico a las visitas porque hasta ahora “se ha retrocedido en lugar de avanzar”. La también directora del área de Arqueología en el Instituto de Estudios Altoaragoneses defiende que “desbloquear el yacimiento al que la ciudad debería tener acceso sería un inicio importante desde el punto de vista arqueológico”.
“El Círculo Católico lleva dos años en los que es imposible la visita, pero ni siquiera para investigadores ni para grandes o pequeños grupos, cuando ha habido años que hemos podido entrar en determinadas condiciones”, agrega. Para Justes, “hay muchos flecos en los que trabajar en esta materia en Huesca”, como las actuaciones en la muralla, “otro de los monumentos más abandonados de la ciudad”. Desde su punto de vista, su estado es “lamentable”: “La muralla es el monumento más antiguo y más extenso que conservamos y no existe cartel alguno que informe de esta importancia, ni una publicación seria y rigurosa que nos hable de ella”.
Otra de las preocupaciones de Orduna atañe al carril bici que se impulsó para aprovechar fondos europeos entre protestas de varios barrios. El gobierno local socialista captó cerca de 12 millones de euros procedentes de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia post pandemia que ahora tendrá que complementar el Ayuntamiento con otros dos millones de las arcas municipales. Aproximadamente la mitad de esta cantidad se destina a proyectos para mejorar la movilidad.
En la Diputación de Huesca, el tema que monopolizó la atención en los últimos meses llevaba el nombre de Canal Roya, el proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún paralizado por la propia DPH, que pidió la redistribución de los fondos europeos que iban a destinarse a esta iniciativa poco antes de que comenzase la campaña electoral. Sin embargo, en uno de los últimos plenos de esta institución, PSOE, PP y PAR se mostraron abiertos a retomar esta idea por otras vías sin descartar por el camino un proceso participativo con el que sortear el descontento social que se había despertado. Jorge Azcón sostuvo durante la campaña electoral que sin una declaración de impacto ambiental positiva no se ‘resucitaría’ Canal Roya.