Al menos una de las empresas con las que colaboró Jesús Tejada tiene intereses urbanísticos en Huesca, ciudad de la que él era arquitecto municipal cuando realizó trabajos para empresas privadas, como informó en exclusiva eldiario.es. La sociedad es Marino López XXI SL, con la que el arquitecto trabajó en la elaboración del Plan Especial del polígono industrial de los municipios de Tierz y Loporzano (ambos en Huesca), tal y como aparece en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta empresa, como se puede comprobar en su propia web, tiene en la actualidad dos promociones urbanísticas en Huesca.
Desde el primer momento, la principal defensa esgrimida por Tejada fue que siempre trabajó fuera de Huesca y “de su ámbito competencial”. Pero la presencia de intereses inmobiliarios de una de las empresas para las que trabajó en el término municipal en el que el arquitecto era funcionario desmonta esta tesis.
Marino López XXI oferta en suelo oscense dos promociones: el Residencial Auditorium y el Edificio Albéniz.
Investigación del Ayuntamiento de Huesca
Como ya anunció el alcalde de Huesca, Luis Felipe (PSOE), el Consistorio de la capital oscense ha abierto una investigación al candidato de Ciudadanos y exarquitecto municipal. Fuentes municipales aseguran que ya están trabajando en un informe al respecto. El Grupo Municipal de Cambiar Huesca, que gobierna en coalición con PSOE y Aragón Sí Puede, apuntó también, en palabras de la primera teniente de alcalde, Pilar Novales, que instaría al Ayuntamiento a comenzar esta investigación e, incluso, solicitarían un informe para saber si, en estos momentos, se está dando algún caso similar con otros empleados públicos.
Tejada trabajó para el Ayuntamiento de Huesca durante más de 30 años, hasta que, poco antes del verano pasado, se jubiló. Resulta extraño que, como él y su partido argumentan, desconociera que su cargo como funcionario le impedía realizar trabajos con empresas privadas como los que llevó a cabo. Más si cabe teniendo en cuenta que, como también informó Luis Felipe, en el año 2009 se envió una circular a todos los funcionarios alertándoles de las obligaciones que emanaban de la Ley de Incompatibilidades.