Los servicios jurídicos de las Cortes han emitido un informe en el que avalan la tramitación de la derogación de la ley de memoria democrática. Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP, Fernando Ledesma, quien ha señalado que “la derogación de la ley de memoria democrática fue impecable, si Sánchez quiere seguir haciendo un uso electoralista es su problema y su responsabilidad. El recurso de inconstitucionalidad no tiene ningún viso de prosperar porque el procedimiento ha sido correcto y plenamente constitucional”.
Ayer mismo el Gobierno de España presentó un recurso en el Tribunal Constitucional ante la derogación de la ley autonómica de Aragón. Según Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, esta derogación “incumple el deber de colaboración con el Estado en muchos aspectos”, puesto que “retira las placas de señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria; elimina del sistema educativa el reconocimiento de las víctimas; elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas y la transparencia de las paginas web”, ha enumerado. La retirada de la ley también va en contra de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, señala el Gobierno.
Por otro lado, a principios del mes de mayo se hizo público un informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas en el que se decía que “las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”.
Informe de las Cortes de Aragón
El informe de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón señala de forma literal que “la tramitación de la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, se ha llevado a cabo con absoluto respeto a la regulación contenida en el Reglamento de las Cortes de Aragón”. Además, explica que “negar la reversibilidad o derogabilidad de las leyes sería tanto como negar la voluntad popular, pues a ello equivaldría limitar el ejercicio de la potestad legislativa que al parlamento corresponde”.
Asimismo, el informe concluye que la relación entre el principio democrático y el ejercicio de la potestad legislativa es inescindible y por tal motivo una consecuencia ineludible de la potestad de aprobar leyes es la de poder modificarlas y derogarlas. Además hace hincapié en que la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de memoria democrática legitima a las Cortes de Aragón para aprobar una ley en la materia, así como para proceder a su modificación o a su derogación.