- En la pasada legislatura, con Gobierno del PP, se perdieron más de 5.000 dependientes atendidos y su gestión supuso un agujero de más de 40 millones
Entre 2011 y 2014, con Luisa Fernanda Rudi (PP) al frente del Gobierno de Aragón, el número de dependientes atendidos en la comunidad se redujo en más de 5.000. Además, la Cámara de Cuentas descubrió un agujero de más de 40 millones de euros en la gestión de esta materia.
Cuatro años después, la situación se ha revertido (al menos en parte): a 31 de mayo de 2018, hay 10.029 personas más atendidas que al inicio de la legislatura (en julio de 2015). Por añadidura, ha matizado el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, a estas habría que sumar más de 10.000 que también se han incorporado al sistema ocupando las vacantes dejadas por los fallecidos. En total, explican desde el Ejecutivo, se ha incorporado al sistema de atención a la dependencia a 20.646 personas, llegando a una “cifra histórica” de 26.706.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha destacado estas buenas cifras que, para ella, “demuestran que se puede mejorar la economía, crear empleo y, a la vez, avanzar en el estado de bienestar y de atención a las personas”.
55 % menos en lista de espera
Según los datos oficiales colgados por el Gobierno estatal, la lista de espera en Aragón en materia de dependencia se ha reducido en 8.000 personas, lo que supone un 55 % menos que en la pasada legislatura. El alto número de concesiones de prestaciones y servicios, explican, ha motivado que el número de solicitudes se haya incrementado en 5.000. De esta forma, en la actualidad hay 6.870 personas en lista de espera.
Analizando los diferentes tipos de prestaciones que reciben los dependientes, en el caso de la teleasistencia son 1.161 las que la reciben según los datos del SISAAD (sistema operativo del Ministerio). El Programa de Promoción de la Autonomía Personal atiende a 534 personas (dependientes leves y moderados), mientras que son 2.995 los beneficiarios de la ayuda a domicilio para dependientes.
A ellos hay sumar las 1.530 personas que están en centros de día, 3.862 que reciben atención residencial, 5.354 que perciben una prestación vinculada al servicio y 12.073 que cobran una Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef).
Nuevos servicios
El Gobierno autónomo pondrá en marcha este verano dos nuevos programas “que completan la prestación de los servicios para la autonomía de las personas previstos en el Catálogo de Servicios Sociales”.
El primer de ellos es el Servicio de Prevención de la Dependencia, que está dirigido a personas en situación de fragilidad o de alto riesgo de dependencia.
Se trata de un servicio de proximidad por el que estas personas recibirán la misma atención que reciben los usuarios del programa de Promoción de la Autonomía Personal: terapia ocupacional, habilitación, estimulación cognitiva, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, formación en autocuidados, atención social… El objetivo final, dicen, es “mejorar su calidad de vida mejorando su bienestar físico y emocional”.
Estas personas recibirán una atención mínima de tres horas semanales y tiene un coste de 40 euros mensuales (un 25 % del coste real de la plaza).
Tendrán derecho a este servicio las personas que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: tener más de 80 años, aquellos que presenten situaciones clínicas que produzcan pérdida funcional (artrosis, artritis, enfermedades neuronales degenerativas, insuficiencias cardiacas o circulatorias, ictus…), aquellos mayores que vivan solos o con falta de apoyo social, o los mayores que hayan estado hospitalizados recientemente o estén polimedicados.
El segundo servicio es el de formación a los cuidadores de personas en situación de dependencia. Consiste en proporcionarles una formación integral desde un enfoque interdisciplinar que les permita alcanzar una mejor competencia en el desarrollo de sus tareas cotidianas de atención a sus familiares. Podrán recibirlo aquellos cuidadores de personas que perciban la prestación por cuidados en el entorno familiar o aquellos que lo soliciten.