La Junta de Andalucía propone sancionar con 3.600 euros a Puerto Banús por colocar terrazas en espacio público

La Junta de Andalucía ha incoado expediente sancionador a la empresa concesionaria de Puerto Banús a raíz de la instalación de terrazas en espacio público a priori destinado a aparcamientos. Esa superficie se ocupó por bares y restaurantes a raíz de la pandemia y siguió así después, dejando la estampa de mesas y sillas entre encajonados entre coches de lujo. Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Agencia de Puertos andaluza (APPA) por entender que se hacía un uso irregular del dominio público, que además pone en riesgo a los usuarios. Ahora, la Agencia incoa expediente y propone sanción: 6.000 euros, que pueden quedar reducidos a 3.600 si Puerto Banús reconoce su responsabilidad, paga ya y se compromete a no recurrir la sanción.

La propuesta de la Agencia, firmada por su director general Ignacio Álvarez-Ossorio, supone una fracción mínima de la posible sanción contemplada en la ley, que podía llegar a los 60.000 euros. Así se reconoce en el documento, al que este medio ha tenido acceso, que lo justifica “teniendo en cuenta los hechos denunciados y las circunstancias concurrentes”, sin explicar a qué se refiere. La propuesta de sanción está firmada el 3 de diciembre y concede 15 días para alegar a Puerto Banús, que no ha respondido a las preguntas de este medio.  

Para los denunciantes se trata de una multa “ridícula”. La ley de procedimiento administrativo establece que, para fijar una sanción, deberá preverse que la infracción no salga a cuenta. Según los ecologistas, ocupar cada plaza de aparcamiento con terrazas cuesta unos 2.500 euros, que abonaban los hosteleros a Puerto Banús, S.A., la entidad concesionaria del icónico puerto marbellí desde su inauguración en 1970. Allí trabaja Estrella Muñoz, hermana de la alcaldesa Ángeles Muñoz.

Por su parte, Alejandra Durán (Podemos) ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Sostenibilidad (responsable por tratarse de una zona de dominio público marítimo-terrestre), pidiendo que se aclare cuánto ha ganado Puerto Banús con las terrazas ilegales, si ya ha cesado la ocupación ilegal y por qué se ha tardado tanto en abrir el expediente.

Un expediente abierto ocho meses después de la denuncia

Ecologistas en Acción interpuso su denuncia el 5 de abril, pero el acuerdo incoando el expediente no se adoptó hasta el 3 de diciembre, ocho meses después. Y ello, a pesar de que se llevó una inspección el 23 de mayo en el que se constataron las infracciones, que siguieron cometiéndose al menos hasta noviembre.

La propuesta de sanción se basa en esa primera inspección y en otra del pasado 7 de noviembre, que “atestiguan la ocupación con terrazas” frente a tres locales comerciales que no obstaculizan el desarrollo normal de las actividades portuarias en su conjunto“, asegura la APPA.

Según los ecologistas, que hacen hincapié en el riesgo de este uso del espacio público, son al menos seis, que siguen incumpliendo la norma a pesar de que el acuerdo obliga a retirar el mobiliario y reponer la situación. En su día, APPA ya ordenó levantar cinco terrazas de forma cautelar, pero Puerto Banús recurrió y anunció que no cumpliría hasta que la orden fuera firme.

Puerto Banús quiere más terrazas

En la actualidad, las concesiones de terrazas suponen en torno a dos millones de euros, casi una cuarta parte del total de los ingresos anuales de Puerto Banús, que en 2021 ascendieron a 7,2 millones de euros. Recibe por estas concesiones tanto como por los atraques donde se amarran los lustrosos yates. El negocio hostelero tiene un reflejo en el valor de mercado de la concesión, que en 2021 fue ofrecida por 265 millones de euros.

La ocupación de aparcamientos por las terrazas es tan relevante para la salud financiera de la concesionaria que esta presentó a la APPA un expediente de modificación de usos del suelo portuario para consolidar definitivamente para las terrazas un tercio del espacio asignado a los aparcamientos, unos 2.100 metros cuadrados. En total, daría para unos 50 nuevos veladores. A cambio, destinaría una superficie similar a aparcamientos en los pantalanes (las vías que dan acceso a los amarres) y el dique de abrigo, hasta ahora libres de vehículos por seguridad y por su naturaleza estrictamente portuaria. No hay constancia de qué ha pasado con esta solicitud.

El puerto fue construido por José Banús, un empresario estrechamente ligado al franquismo que se aseguró su explotación comercial inicial. La Junta prorrogó la concesión hasta 2066 recientemente, tal y como desveló este medio tras acceder a la resolución a través de Transparencia.

El expediente estaba atascado desde 2021 porque Costas objeta el uso privativo y muy lucrativo que hace Puerto Banús de playas que los tribunales han declarado de dominio público y, por tanto, ajenas a la concesión. El Ministerio de Transición Ecológica debía emitir un informe al respecto, pero, sorpresivamente y tras años de litigios, la Junta accedió a la prórroga solicitada por Puerto Banús, S.A. a finales de octubre, dando una patada a seguir a la cuestión de las playas y respaldando así la continuidad de la actual concesionaria.