Emilio Rodríguez, responsable del Estado en Doñana: “No vamos a subvencionar al agricultor para que pague sus multas”

Como director de la Oficina Técnica de Doñana desde finales de 2023, Emilio Rodríguez (Huesca, 1983) es el encargado de supervisar la ejecución de los más de 700 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica invierte en el territorio (en dos marcos, medioambiental y socioeconómico) tras el pacto con la Junta de Andalucía que puso punto final a casi dos años de guerra política, que tuvo su origen en una ley para indultar regadíos que avalaron PP y Vox. Licenciado en Ciencias Biológicas y postgrado en Ingeniería del Medio Ambiente, en la primera entrevista que concede desde que ocupa el cargo insiste en que “Doñana se salva ahora o no sabemos si se salvará”. Está convencido de que la mayoría de agricultores ven que están ante “una oportunidad que tienen que aprovechar”, garantiza que las ayudas que reciban no serán para pagar las multas que tengan pendientes y lanza un mensaje: “Los asentamientos ilegales de temporeros en Doñana es una imagen que el Estado español no puede permitirse”.

Tras casi año y medio ya del acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía, ¿el pacto por Doñana progresa adecuadamente pero a un ritmo lento?

Nadie puede engañarse que tanto el marco ambiental como el socioeconómico son complejos, en el socioeconómico por ejemplo intervienen hasta 12 ministerios diferentes y las administraciones autonómica y local. Me gustaría ir más rápido, sí, pero las cosas van al ritmo que pueden ir y creo que vamos por buen camino porque tenemos una idea: o es ahora o no será. Hay que aprovechar este impulso, Doñana no puede esperar otros 20 años porque tiene que ser ya.

¿El mensaje es que Doñana se salva ahora o no se salva?

Doñana se salva ahora o no sabemos si se salvará. No sabemos lo que puede ocurrir en el futuro, por eso hay que aprovechar esta oportunidad y hacerlo ahora, porque el futuro está escrito en las estrellas y nadie lo sabe.

¿Y Doñana, con su situación, se puede permitir los tiempos de la administración?

La naturaleza es muy resiliente y evidentemente a veces las medidas que puedes tomar ahora no se ven hasta pasados bastantes años. Los acuíferos, por ejemplo, tardan tiempo en recargarse. Pero si actuamos sin prisa pero sin pausa, aunque no notemos ahora los efectos, en 10 o 20 años se van a empezar a notar y va a ser muy positivo.

¿Cuáles son ahora las principales luces rojas en Doñana?

Bueno, la luz roja fue llegar al final a un acuerdo con el sector agrícola para la naturalización a cambio de ayudas, ahora tenemos que hacer que sean efectivas. Otra es todo el tema de conseguir restaurar bien la red hidrológica, que está muy modificada. Queipo de Llano, con sus famosos planes para hacer arrozales, ya destrozó bastante la red hídrica de Doñana, que también se volvió a modificar con el tema de Aznalcóllar. Ahora hay que restaurar todo eso, y eso es muy complicado y lento. Pero además aquí estamos como mínimo tres administraciones implicadas más la Unión Europea, entonces cualquier paso tiene que lograrse mediante un consenso adecuado, porque si una administración no está de acuerdo eso se puede eternizar. Como soy del Atlético de Madrid, digo como el Cholo Simeone: partido a partido, actuación a actuación, paso a paso.

Los agricultores han vuelto a expresar su malestar, ¿le preocupa que el pacto pueda estallar por ahí?

Las cosas van lentas, obviamente, pero porque hay una serie de trámites que no puedes obviar. Hay informes de Abogacía del Estado en el caso de las ayudas de secano o de agricultura ecológica, o informes de Bruselas de que no son ayudas de Estado, que es muy importante para que no te las paren. Y luego hay que lograr un amplio consenso, porque Doñana son muchas realidades. Doñana no sólo es la fresa, es el arroz, el olivar, los antiguos viñedos... Doñana son muchas realidades y tienes que poner de acuerdo a muchos tipos de agricultores.

¿Que la Administración tiene que tragar con cosas con los agricultores? Evidentemente, igual que van a tener que tragar ellos. No se va a imponer absolutamente una realidad

¿No teme entonces problemas?

Esto va a salir. De hecho, el Ministerio tiene la obsesión de que las ayudas salgan, ya tenemos incluso reservado el dinero de la primera convocatoria. ¿Qué pasa? Pues que las cosas de palacio van despacio, la administración española es muy garantista y hay que ir pasando una serie de plazos que ellos quieren que se solucionen ya. Todos queremos eso, así que a los agricultores les pido paciencia. Yo de hecho estoy continuamente hablando con ellos para decirles que esto va a salir, pero tenemos que ser lo más garantistas posible para evitar que alguien nos denuncie y tengamos que ir para atrás. Si a un agricultor le doy una subvención de 7.000 euros y al cabo de cinco años me la echan para atrás y le exijo que me devuelva el dinero, eso sería un conflicto que no sería asumible.

¿Las ayudas se han negociado de manera previa con los agricultores o existe el riesgo de que cuando se convoquen digan que no les gustan?

Hasta ahora se ha negociado lo que es la orden de bases, hay cosas que les gustan más y otras que menos, pero obviamente hay cuestiones que no se pueden quitar porque hay una normativa. Se va a hablar todo lo posible, pero evidentemente no va a haber un 100% de consenso, es imposible. Pero creo que la mayoría ven que esta es una oportunidad y que tienen que aprovecharla. Y para eso tiene que estar todo absolutamente blindado desde el punto de vista jurídico: no es un tema económico porque el dinero está, es un tema jurídico.

¿Por el bien superior de Doñana al final ha habido que tragar con los agricultores ilegales?

Ha habido que buscar una solución, la que se ha considerado más adecuada porque evidentemente Doñana también es un entorno socioeconómico. Doñana no es el Amazonas, aquí vive gente y hay que dar una alternativa, porque si tú eliminas una parte de una actividad económica, la que sea, tienes que buscar una alternativa. Por eso está el marco socioeconómico, para buscar otras alternativas. ¿Que la Administración tiene que tragar con cosas con los agricultores? Evidentemente, igual que van a tener que tragar ellos. No se va a imponer absolutamente una realidad, ni ellos tampoco nos van a imponer absolutamente una, tenemos que negociarla y siempre llegar a un consenso.

¿Y esto no es un agravio comparativo con los agricultores que históricamente lo han estado haciendo bien?

Estas ayudas realmente son para renaturalizar, un agricultor que lo ha hecho bien puede acogerse también a ellas, nadie se lo impide. Básicamente lo que queremos es que se deje de extraer ese exceso de sobreexplotación del acuífero y renaturalizar. ¿Qué pasa? Pues que nos interesa más que se acojan los agricultores que tienen regadío, porque evidentemente uno de los fines fundamentales es reducir la presión tan brutal que hay sobre el acuífero de Doñana. Al final va a haber un pool de ayudas que lo que quiere es cambiar el modelo de desarrollo de Doñana, tan sencillo y tan complejo como eso.

¿Todo agricultor que quiera acogerse a las ayudas va a poder hacerlo?

En principio, todos pueden solicitar las ayudas, incluso un agricultor con un expediente abierto. ¿Cuál va a ser la condición sine qua non? Que cuando salga la resolución definitiva, tienen que tener sus expedientes resueltos. Si tienen una resolución administrativa firme tendrán que hacer frente a lo que se le haya, entre comillas, condenado, ya sea pecuniario o eliminar el pozo o los invernaderos... Es decir, en el momento en que se haga la resolución definitiva tienen que estar de manera legal. Un político de un ayuntamiento puede ser condenado por prevaricación, pero cuando cumple su pena puede volver a presentarse. La Ley de Aguas no impide a un señor que tiene un expediente abierto presentarse, pero la adjudicación se hará cuando estén absolutamente en condiciones de recibirla.

La ley de regadíos en Doñana ya no tiene recorrido. La Unión Europea no lo va a permitir, pero tampoco la Administración General del Estado ni el actual Gobierno de la Junta

¿No van a poder utilizar la subvención para pagar las multas que tienen?

Hombre, es que no vamos a subvencionar para que paguen sus multas. El agricultor lo tiene que arreglar de la manera que él quiera, pero una vez que se le vaya a dar la subvención esto lo tiene que tener ya cerrado. Es decir, no se va a dar a alguien que no cumpla con lo que dice la resolución, evidentemente esa persona no puede recibir la subvención.

¿La ley de regadíos está muerta y enterrada o teme que pueda resucitar?

Ya no tiene recorrido. La Unión Europea no lo va a permitir, pero tampoco la Administración General del Estado ni el actual Gobierno de la Junta. Solo hay un partido político que sigue hablando del tema, pero no tiene responsabilidad de gobierno y por eso pienso que no tiene ningún recorrido.

¿A los riesgos sobre Doñana hay que añadir los permisos mineros nuevos que se van a conceder? ¿Es algo que debería abordar el Consejo de Participación de Doñana?

Cualquier actuación que pueda tener un efecto directo o indirecto sobre el espacio natural debería pasar por el Consejo de Participación, y eso ya lo he manifestado. El Consejo de Participación no va a autorizar ni denegar, pero es un foro de diálogo donde están representados todos los sectores sociales, económicos, políticos y administrativos y ahí es el lugar donde debería verse. ¿Una actividad minera en sí misma es peligrosa o no? En función de cómo se haga, si se hace respetando todas las normativas ambientales y con todos los medios adecuados, puede que no. A priori yo no soy partidario de denegar ninguna actuación, sino de analizar todas las actuaciones. El actual presidente del Consejo de Participación, al que conozco desde antes de empezar la carrera, es una persona que tiene muy buen talante y que está por la labor de que todo hable, porque hablar es bueno.

Uno de los símbolos de la lucha contra el regadío ilegal en Doñana es el cierre de pozos, pero parece que nunca es suficiente.

Entre legales e ilegales ya van casi 1.200, pero España tiene una política hidráulica muy garantista, incluso una política de sanción muy garantista, se respetan todos los derechos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lleva un impulso importante, pero claro, no es llegar a cerrar el pozo y se acabó, porque la gente puede recurrir tanto administrativa como judicialmente. Entonces las cosas se dilatan en el tiempo, pero creo que se está avanzando muy bien.

¿Ha habido una cultura de permisividad con los pozos ilegales?

Pues sí, pero bueno, no es exclusivo de Doñana, se da en el resto del mundo. Conozco por ejemplo Galicia, y allí se dice eso de que el agua es nuestra, ¿por qué tengo que pedir un permiso para sacar agua de mi tierra? En España el concepto de dominio público es romano, pero todavía hay muchas zonas que son suevas, que todavía siguen pensando que el agua es un dominio privado. Por eso el problema de los pozos ilegales existe por toda la Península Ibérica.

¿Y la Confederación está acosando a los agricultores, como ellos denuncian?

No, la Confederación lo que está haciendo es lo que le marca la ley, porque si se detecta un hecho ilegal y no se denuncia se estaría prevaricando. Yo entiendo que no está acosando a los agricultores, que lo que está haciendo es cumplir con su función. Si yo voy a 200 por una autopista y me pilla la Guardia Civil, no puedo acusar a la Guardia Civil de que me está acosando. Si yo abro un pozo ilegal y me pilla la Confederación tendré que aguantarme, yo me he arriesgado haciendo una ilegalidad. Aquí nadie es tonto, aquí todos sabemos qué cosas se pueden hacer y cuáles no.

El miedo a la expropiación no va a ser un limitante para elegir la solución más adecuada para recuperar el cauce del Guadiamar

Dentro del marco ambiental, la otra gran pata es la rehabilitación hidrológica de Doñana, que tiene su mayor símbolo en la recuperación del cauce del río Guadiamar. ¿Se ha decidido ya qué trazado va a tener?

El Guadiamar tenía tres entradas a la marisma que no eran fijas, lo que se quiere es buscar soluciones lo más adaptadas a la naturaleza. Se ha hecho un estudio con varias alternativas, hemos estado discutiéndolas y ahora la Confederación va a profundizar en las que hemos entendido que son las más adecuadas haciendo levantamientos topográficos. El tema es complicado, pero espero que a lo largo de estos meses esté ya la alternativa definitiva. 

¿El trazado va a depender de los propietarios que quieran o no vender sus tierras?

Sí y no. Si en principio consideramos que una opción es la mejor y hay que expropiar, pues se expropiará, pero si podemos llegar a una solución de compraventa, mucho mejor. El miedo a la expropiación no va a ser un limitante para elegir la solución más adecuada. La Administración lleva expropiando muchos siglos, no es la primera vez que se hace.

Con las alternativas que se barajan, ¿qué aportación de agua hará el Guadiamar a Doñana?

Básicamente, los cálculos que hace la Confederación es que por la parte superficial podría estar entre ocho y diez hectómetros cúbicos al año. ¿Qué pasa? Que en realidad no es tan importante la cantidad como prolongar el hidroperiodo, es decir, el tiempo en que llega agua a la marisma es casi más importante que aumentar la cantidad: si metes menos agua pero a lo largo de más tiempo, eso permite una mejor recuperación del ecosistema de la marisma norte.

¿De qué horizonte temporal hablamos para la foto final que se busca de la recuperación de Doñana?

El marco dura hasta 2027/28, probablemente en ese momento tendremos algunos avances pero no los suficientes, porque aunque se tome una medida ahora a veces tarda mucho tiempo. Lo que hay es que seguir trabajando y el horizonte ya te lo marcarán, además de que tenemos que hacer un seguimiento. De hecho tenemos ya un acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para hacer lo que se llama un seguimiento adaptativo, ver si lo que estamos haciendo funciona: si funciona, perfecto, seguimos; si no, pues habrá que volver para atrás y buscar otra solución que funcione. Más que hablar de horizontes, hay que hacer un trabajo constante y sobre todo ser muy crítico con lo que se hace y evaluarlo.

Parte de la solución pasa también por el famoso trasvase que tiene que llegar desde el Tinto-Odiel-Piedras, que permitirá dar agua superficial para cerrar pozos legales, ¿por qué sigue sin arrancar el túnel de San Silvestre que es necesario para ello?

Bueno, de los 19,99 hectómetros previstos ya hay siete que están llegando, eso por ejemplo ha permitido cerrar 450 pozos legales de la Comunidad de Regantes del Fresno. Evidentemente, San Silvestre podría ir más rápido, pero ya tiene partida presupuestaria y está con los trámites de evaluación ambiental. Al final la cosa va para adelante, porque hay una ley que hay que cumplir. ¿Que va lento? Ya me gustaría tener una varita como en la película El aprendiz de brujo, de Walt Disney, tocar con la varita y que todo se hiciera.

Los asentamientos ilegales en Doñana es una imagen que el Estado español no puede permitirse y hay que trabajar muy seriamente con eso

El foco está puesto en la línea ambiental, ¿qué novedades hay con la socioeconómica?

No olvidemos que Doñana no es solamente de los agricultores o de los ecologistas, Doñana es de todos y todos tenemos derecho a una Doñana en condiciones adecuadas. Y la gente que vive allí tiene derecho a tener un nivel de vida digno, por eso están todas las líneas de ayudas industriales o de formación. Porque hay que dar formación en nuevas capacitaciones, en nuevos empleos, para dar una salida a toda esa gente que va a abandonar una actividad agrícola. Un agricultor sabe de agricultura, pero si tú lo quieres meter a trabajar en hidrógeno verde tendrás que formarlo, si no es absurdo y le estás abocando a irse.

¿Y se ha empezado a trabajar con los asentamientos de temporeros, que era otro de los objetivos?

Los asentamientos ilegales en Doñana es una imagen que el Estado español no puede permitirse y hay que trabajar muy seriamente con eso. En estos momentos ya hemos constituido un grupo de trabajo con la Junta para erradicar esta situación, pero mientras tanto tienen que vivir en condiciones dignas. Por el Estado están el Ministerio para la Transición Ecológica, el de Vivienda, el de Inclusión y Migraciones, también el del Interior por el tema de normalización de los papeles… Ahora hay que trabajar con la Junta y también con los ayuntamientos, porque es que se me cae el alma a los pies cada vez que veo esas imágenes. Estos días que ha llovido tanto, están en una situación que no se la deseo ni a mi peor enemigo. En esto hay que avanzar, y mucho.

¿Los asentamientos van a desaparecer de verdad?

La idea es que en un futuro desaparezcan. Ahora deben tener una solución habitacional transitoria y que luego se integren en las poblaciones en las que trabajan y viven. Es decir, lo que no puedes hacer es guetos. Pero mientras se erradican los asentamientos, durante el tiempo en el que desgraciadamente tengan que estar allí, deben tener unas condiciones mínimamente dignas: abastecimiento, asistencia sanitaria, ayuda de mediadores para la normalización documental, resolver los problemas de idioma…