Una explosión en el obrador de la pastelería Tolosana de Almudévar (Huesca) la noche del pasado 26 de diciembre pudo terminar en tragedia de no mediar la rápida actuación de los bomberos voluntarios de esta localidad. Si hubiera sucedido a partir del 1 de enero, con la aplicación del nuevo decreto autonómico para los servicios de extinción de incendios, se tendrían que haber dejado estas labores en manos de profesionales y el tiempo de respuesta habría sido mayor. Estas y otras carencias del servicio de bomberos en la provincia de Huesca tratan de atajarse desde las instituciones, aunque son precisamente el Gobierno de Aragón y el central los que limitan el margen de actuación con una normativa muy restrictiva.
De los 68 bomberos profesionales que trabajan en el Alto Aragón, 35 pertenecen al parque de la capital. Una cifra escasa para abarcar un territorio amplio y con complicaciones orográficas. Así, las comarcas deben utilizar los servicios tanto de voluntarios como operarios de Protección Civil y coordinarse entre ellas para labores de apoyo. Y en este punto el Ejecutivo autonómico ha trazado una línea divisoria que, por el momento, se antoja inabordable. El decreto del 1 de enero exige que los voluntarios trabajen bajo la supervisión de superiores profesionales. Un planteamiento que choca con la escasez de efectivos y que ha llevado, en último extremo, a los voluntarios de la comarca de Sobrarbe a presentar su renuncia.
En ese sentido, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha dado un paso al frente entre críticas de las asociaciones y del sindicato de Bomberos aragoneses por lo que entienden que han sido décadas de inacción. El pasado lunes se puso en marcha una comisión de expertos que durante las próximas semanas trabajará en la puesta en marcha del servicio provincial de extinción de incendios. Una medida que se encuentra en este momento limitada por la normativa en lo que se refiere a aspectos como la masa salarial, la tasa de reposición y las contrataciones de efectivos.
Un consorcio, la fórmula deseada
No es capricho, lo especifican tanto la Ley de Fuegos de Aragón como una reciente sentencia judicial de noviembre del año pasado. La gestión debe correr a cuenta de este organismo. La DPH ha de garantizar la prestación del servicio a municipios de menos de 20.000 habitantes que no lo tengan. Y la creación de un comité de expertos es un paso previo que dicta la Ley Aragonesa de Administración Local con el fin de que se realicen informes jurídicos y económicos para la puesta en marcha del proyecto. La fórmula preferida por la Diputación y su presidente sería la de un consorcio con las administraciones públicas que se impliquen y que aportarán su personal y posibilidades salariales y de tasa de reposición para contratar personal.
Porque estas son las grandes trabas. “Es una decisión -señala Gracia- donde abro una vía nueva en la DPH y en la que se pueden plantear opciones abocadas al fracaso por los marcos legales. La ley aragonesa no permite las prestaciones de servicio, se considera intrusismo, y deben encargarse trabajadores de la administración. Y la Ley de Presupuestos del Ministerio de Hacienda nos impide tener masa salarial y tasa de reposición”. El presidente de la Diputación ya ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que anule el decreto de voluntarios para que estos puedan formar parte del servicio de Bomberos.
Con la Ley de Presupuestos Generales de 2017, la DPH no se encuentra en condiciones de contratar, según Gracia, “más que a dos o tres personas, pues nuestra masa salarial no llega a los 100.000 euros”. La fórmula de la amortización de puestos de trabajo en otros sectores, pues las tasas de reposición obligan a generar puestos de trabajo a partir de las jubilaciones que se producen en las administraciones públicas, “llevaría mucho tiempo”, y “es deseable que se revise el marco legal aragonés, que separa a los voluntarios de Protección Civil de los de Bomberos”.
“Necesitamos cambiar radicalmente y a corto plazo”
En el Pleno de la Diputación del pasado jueves estuvieron presentes unos 30 bomberos de la provincia que acudieron a protestar porque la DPH “pone excusas para no asumir el servicio y debido a que ”existen medios legales de conseguirlo“. Los bomberos estuvieron presentes para recordar ”33 años de incumplimientos que están pagando los ciudadanos con unas graves carencias para garantizar la seguridad y la rapidez de respuesta en todas las comarcas“. Daniel Robles, portavoz de la Asociación Profesional de Bomberos de Aragón, expresó que ”queremos que esto por fin arranque. Necesitamos que esto cambie radicalmente y a corto plazo“.
Este cuerpo cree que la DPH “juega al gato y al ratón. Hay una sentencia que dice que ha de asumir la competencia. Hay 33 profesionales en las comarcas altoaragonesas. Con independencia de que no se saquen plazas, Miguel Gracia debe crear el servicio con el personal que hay y arrancar de una vez”. La recién creada comisión está conformada por los miembros de todos los grupos políticos de la comisión de interior, el delegado de Protección Civil, el secretario general, el responsable de los servicios jurídicos y una técnico de prevención de incendios.