El Presidente del Gobierno de Aragón ha dicho que este informe de la ONU que establece que las leyes de concordia ponen en riesgo la legislación internacional sobre memoria histórica tiene “bulos” porque “en Aragón no se está tramitando ninguna ley, se ha derogado una ley y se está tramitando un plan de concordia”. Ha dicho que en el informe de la ONU hay “mentiras” y que “no hay seriedad ni en el fondo ni en la forma” porque el Ejecutivo aragonés ha conocido este informe por los medios de comunicación.
Ha añadido también que “la falta de información de la ONU es la que ha hecho que cometa errores de bulto”, reiterando que en Aragón no se está tramitando ninguna ley, sino un plan de concordia. “Si se hubiesen puesto en contacto con el Gobierno de Aragón no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, lo que dice ese informe es lisa y llanamente, mentira”, ha concluido Azcón.
La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero ha dicho que la primera sensación del gobierno ha sido “sorpresa y perplejidad” por haber conocido este informe a traves de los medios de comunicación y que el informe contiene “graves errores que están provocados de forma consciente e intencionada por el Gobierno de España al suministrar a la ONU una informacion sesgada, partidista, interesada y una vez mas con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera” y que no saben “lo que se ha leído la ONU”.
Vaquero ha dicho que uno de los “errores” que contiene este informe es que en Aragón se ha aprobado una ley de concordia, cuando “lo que se ha hecho es aprobar una ley para derogar la Ley de Memoria Democratica de Aragón aprobada en 2018 que como ya hemos dicho permanentemente es una ley que divide, fracturadora, incompleta porque deja a un lado a una buena parte de los aragoneses”.
En referencia al final del informe, donde se dice que se contactará con los gobiernos autonómicos implicados, Vaquero ha dicho que el Gobierno de Aragón está a la espera “de que se nos pida información para contradecir todas y cada una de las falsesdades que contiene”.
El pasado 5 de abril Aragón puso en marcha su “plan de concordia” que sustituirá a la derogada Ley de Memoria Democrática con intención de que esté en vigor antes de verano. El Gobierno de España inició a principios de abril acciones contra los pasos atrás del PP y Vox en materia de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, encargó un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades: Aragón se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica, a la que siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno. El objetivo es sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. Un paso que el Gobierno intenta combatir en la justicia española y para el que también ha recurrido a las más altas instancias internacionales, como es el caso de Naciones Unidas.