Las protestas por la falta de médicos no son óbice para que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón haya decidido aumentar su estructura directiva. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado la creación de 16 nuevos puestos de altos cargos, que suponen en total en torno a 1,2 millones de euros al año de coste para las arcas autonómicas. Y eso en un clima de denuncias y concentraciones tanto en puntos de Zaragoza capital como por todo el territorio. Este mismo jueves, cientos de personas se manifestaron en Ejea de los Caballeros, donde la plantilla de facultativos no está ni al 50%.
“Estamos frenando la hemorragia de profesionales sanitarios”, dijo este jueves el consejero, José Luis Bancalero, en el pleno de las Cortes, donde tuvo que comparecer para informar sobre la atención primaria en los centros de salud del medio rural.
Donde desde luego no habrá hemorragia es en el 'staff' directivo del Departamento, que el Ejecutivo autonómico ha decidido reforzar con los cargos de nueva creación. De los 16 puestos, nueve corresponden a la propia Consejería e incluyen entre ellos a un jefe o jefa de Unidad de análisis y eficiencia del gasto sanitario, un responsable de Servicio de mataderos o un jefe o jefa de Unidad de infraestructuras. Otros siete entran en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud y entre ellos están el puesto de gerente único de atención primaria, un director o directora de Área de Atención Hospitalaria y un director o directora de Área de Enfermería.
Las primeras informaciones sobre esta cuestión surgieron ya en diciembre del año pasado y las publicó Heraldo de Aragón. Entonces, el consejero justificó la medida con el argumento de que “para gestionar bien hace falta gente”. Fuentes del Departamento explican ahora a elDiario.es que con este paso se busca “una mejora de la organización de la estructura intermedia”, en algunos casos para atender a la “aplicación de nueva legislación nacional”, en otros derivados de la pandemia, como la jefatura de Coordinación de Alertas de Salud Pública y la Unidad de Evaluación de Impacto en la Salud, y en otros por la apuesta del Ejecutivo autonómico por la atención primaria, para lo que se crea una gerencia única para este ámbito.
Y, al tiempo que refuerza la estructura directiva de la sanidad pública, el Gobierno de Aragón no se olvida de la privada. En junio, el Ejecutivo echó mano de la Ley de Emergencias –tramitada entonces en las Cortes– para incluir una enmienda mediante la cual los populares tumbaron la prohibición a los jefes de servicio de los hospitales para trabajar en la sanidad privada. Se trata de una medida que impulsó hace una década el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y que su sucesor, el socialista Javier Lambán, paralizó en 2016.
Según el Ejecutivo de Jorge Azcón, la iniciativa se hace en aras de la “flexibilidad”. Para el PSOE, se trata de una medida “nefasta” con la que Sanidad solo aspira a premiar a sus nuevos jefes de servicio y directores de hospitales “con mayores salarios”.
Protestas por la escasez de médicos
El contexto en que se han publicado los nuevos cargos directivos no puede ser más negativo para Sanidad, con protestas en muchos puntos de la comunidad por escasez de médicos.
Este mismo jueves, cientos de personas se concentraron frente al centro de salud de Ejea, área donde ayuntamientos y alcaldes llevaban meses alertando de que se avecinaba una situación crítica a la que no se ha puesto remedio. En estos momentos, la zona sanitaria cincovillesa tiene menos de la mitad de la plantilla de facultativos cubierta y apenas hay ocho médicos para 18.000 cartillas sanitarias. Cuando un vecino intenta pedir cita, no tiene hasta enero.
También ha habido fuertes quejas en otras zonas rurales como Caspe, el Bajo Aragón, las Cuencas Mineras o la Hoya de Huesca. Y lo mismo en Zaragoza capital, con manifestaciones porque el Centro de Salud Amparo Poch ha dejado de prestar el servicio de atención continuada y serán los centros de salud de cada zona los que atiendan las urgencias hasta las 20:00. En otra capital, Teruel, el hospital Obispo Polanco se ha quedado por ejemplo sin los tres otorrinos con que contaba.
La alcaldesa de Ejea, la socialista Teresa Ladrero, encabezó ayer una delegación de alcaldes y concejales de las tres provincias y de representantes del Movimiento de Acción Rural que trató de reunirse –y lo consiguió brevemente– con el consejero José Luis Bancalero. “Hemos ido a las Cortes, pero solo hemos encontrado reproches a unos y a otros por su parte. Incluso a los propios manifestantes, indignados con la sanidad en el medio rural. El consejero no ha aportado ninguna solución. Le hemos trasladado que la situación es caótica. En el caso de Ejea, se ha tirado por tierra el trabajo que se consiguió con seis nuevos médicos. Le pedimos el interés suficiente por la sanidad en el medio rural, porque si sigue la tendencia se va a convertir en un desierto sanitario”, ha explicado Ladrero.
Después, ante los medios de comunicación, Bancalero admitió que “el sistema sanitario español, y sobre todo la atención primaria, tiene un problema de déficit de profesionales”. A continuación cargó contra el PSOE: “Estamos revirtiendo lo que el Gobierno del cuatripartito nos dejó”. “Hemos frenado la sangría”, dijo en línea con lo expresado en el estrado de las Cortes. Volvió entonces a aludir a “soluciones imaginativas” y anunció que están en conversaciones con otros departamentos del Ejecutivo autonómico, como el de Vivienda, para paliar una de las dificultades que se encuentran los médicos en las áreas rurales.
“Esta es la solución, y no montar una manifestación con un eslogan estridente como 'Nos quieren dejar morir'. Eso está fuera de lugar y más en la puerta de un centro de salud”, valoró después Bancalero, antes de enumerar peticiones que hacen al Gobierno central, como más plazas MIR o la homologación en los títulos de especialista.