“Se han identificado, en una evaluación conjunta de los diferentes riesgos que presentes en cada área, un riesgo significativo en las áreas de Subvenciones, Contratación, Convenios e ingresos, mientras que en el área de Tesorería se aprecia un riesgo grave”, señala el inquietante informe sobre el Plan de Control Financiero 2023 emitido por la Intervención del Ayuntamiento de Calatayud.
El documento, dirigido al pleno con valor meramente informativo y al que ha tenido acceso elDiario.es, describe la existencia de algunos rasgos de funcionamiento no acordes con la legalidad en la gestión del consistorio, gobernado por mayoría absoluta por el PP con José Manuel Aranda como alcalde.
“Profundizando un poco más en riesgos concretos y por orden de gravedad, se aprecian los riesgos graves” de fraccionamiento fraudulento del contrato en el área de Contratación y los de “ausencia de normas restrictivas de uso de dinero en efectivo, inadecuada gestión de cobros y pagos, inadecuada gestión de Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar” en el departamento de Tesorería.
A esas situaciones de carácter grave se les añaden otras tres en el área de Subvenciones como los incumplimientos del régimen de ayudas de Estado y de las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad y, también, la sobrefinanciación, consistente en este caso en el “incumplimiento de la prohibición de doble financiación” a los perceptores de fondos de ese departamento.
Los contratos menores, los anticipos y la justificación de los gastos
Sin embargo, la dotación de medios y la situación en la que se encuentra la Intervención en ese ayuntamiento, donde la plaza de Interventor ha permanecido desierta y cubierta de manera accidental por un técnico hasta finales de septiembre y donde la titular solo dispone del apoyo de tres técnicos y de cuatro administrativos para supervisar la ejecución de un presupuesto de casi 30 millones de euros, van a impedir que esos controles puedan ser todo lo estrictos que ese departamento considera necesario.
“Debe advertirse además que estos medios personales únicamente pueden dedicarse al control financiero de manera puntual”, ya que los miembros del equipo “ cumplen con otras tantas funciones inherentes al funcionamiento de una intervención” según “las funciones asignada a sus puestos de trabajo y las necesidades del servicio, para lograr una gestión económica-financiera adecuada”.
Así , concluye el informe, “teniendo en cuenta los medios de los que dispone esta intervención, y atendiendo a la fecha en que nos encontramos”, con apenas un mes de tiempo para el final del ejercicio (el documento lleva fecha del 24 de noviembre), “se hace imposible realizar controles sobre todas las áreas de actividad donde se aprecian riesgos graves”, por lo que estas se centrarán en dos áreas señaladas como prioritarias: la de contratación menor y la de anticipos de caja fija y pagos a justificar.
Para la primera, la Intervención se centrará en “aquellos gastos tramitados como contrato menor durante 2022” y “susceptibles de incurrir en fraccionamiento indebido del contrato” con cuantías inferiores a 15.000 euros en suministros y a 40.000 en obras.
Paralelamente, añade, “se informará sobre los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija”, particularmente en “las comprobaciones sobre que se trata de gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable”, que estos hayan sido “adecuados al fin para el que se entregaron los fondos” y que “el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido”; es decir, si el dinero de mano va a donde previamente se dice que va a ir.
El dinero de mano y los contratos menores
“El resultado de las actuaciones previstas en el presente Plan de Control Financiero se documentará en los correspondientes informes” con sus conclusiones y sus recomendaciones, indica el documento, que recuerda su objetivo consiste en “comprobar el cumplimiento de la legalidad” y el ajuste de la gestión a “los principios de buena gestión financiera (…) orientada por la eficacia, eficiencia, economía y calidad”.
Y también anota que, una vez “identificados y evaluados dichos riesgos”, las actuaciones de control se han decidido “en base a los objetivos y prioridades establecidos el análisis previo”, es decir, en “la posibilidad” de que se produzcan “hechos o circunstancias en la gestión” del consistorio “susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia”.
El eventual impacto en el servicio “viene determinado por la gravedad de las consecuencias asociadas a la materialización del riesgo, en términos de incumplimiento legal y de perjuicio para la Hacienda Local”, mientras que “la probabilidad se determina en función de la posibilidad de ocurrencia” de esa eventualidad.
Según se desprende de esta explicación, la probabilidad de que puedan producirse irregularidades en el Ayuntamiento de Calatayud sería bastante elevada en el manejo del dinero de mano (anticipos y pago de gastos) y en la gestión de los contratos menores y alta en la de las subvenciones, los convenios y los ingresos.
El chequeo de las subvenciones queda para el año siguiente
El documento adelanta, por otro lado, que “el control de las subvenciones de 2023 se incluirá en el Plan Anual de Control Financiero de 2024” ya que “considerando la fecha en que se aprueba el presente plan, no resulta posible realizar el control que exige la ley”.
El anexo del informe apunta en este área nueve riesgos entre los que reseña la “utilización indebida de la figura subvencional cuando existe contraprestación”, lo que supone una “vulneración de los procedimientos generales de contratación”; la “desviación del objeto de subvención”, caso en el que “los fondos recibidos se aplican a fines distintos para los que la subvención o ayuda fue concedida”; el incumplimiento de “lo estipulado en la normativa respecto a las obligaciones de información y publicidad”.
La frase “no se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables”, o alguna similar, aparece en las evaluaciones de riesgos de las cinco áreas estudiadas.
El informe anota también la “ausencia de reglamentos municipales o normas internas que regulen la utilización del dinero en efectivo” y “deficiencias relevantes” tanto en la gestión de la Tesorería como de los anticipos de caja fija y los pagos a justificar y, también, en “la liquidación o exigencia de los tributos o ingresos”.