La Justicia de Aragón insta al Gobierno de Azcón impulsar la Cooperación al Desarrollo ante el recorte del 76,7%

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón para que valore la aprobación del Plan Director de Cooperación al Desarrollo, en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo y para que se valore la preocupación de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) en relación con la política presupuestaria y de asignación de gasto.

Aragón es la comunidad autónoma que más ha recortado en cooperación al desarrollo. La partida recogida en los presupuestos de 2024 es un 76% inferior a la de hace un año, a pesar de haber aumentado su gasto total. De los 42 proyectos de cooperación fuera de España que se realizaron en 2022, en 2024 solo se pudieron llevar a cabo diez, dos de ellos “infradotados”, según la FAS. Ante esta situación y ante la falta de aprobación de un Plan Director 2014-2027, la Federación emitido una queja ante la Justicia de Aragón sobre la gestión del Ejecutivo aragonés en esta materia.

La Justicia de Aragón expone que el Gobierno de Aragón tiene la responsabilidad de proponer la aprobación del Plan Director a las Cortes de Aragón, previo informe del Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo y que “estos planes cuatrienales deberán incluir los recursos presupuestarios indicativos que orientarán la actuación de la cooperación aragonesa para el desarrollo durante el período de su vigencia”.

Sobre el recorte en materia de cooperación hecho por el Gobierno de Aragón en 2024, esta Institución considera oportuno trasladar la preocupación de la Federación Aragonesa de Solidaridad al Departamento de Bienestar Social y Familia (y, por ende, al Gobierno de Aragón), al objeto de que la tenga en cuenta en sus decisiones de tipo presupuestario y de asignación de gasto, dentro del marco legal aplicable. “En este sentido, cabría valorar los fines y objetivos que inspiran a las entidades integrantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad, así como la incidencia que el descenso en las consignaciones presupuestarios en esta materia puede conllevar en los proyectos e iniciativas de mejora de las condiciones de vida de personas en situación de necesidad, más allá de nuestro territorio, lo que también podría redundar en beneficio del resto”.

Queja y respuesta de la Consejería

Esta sugerencia responde a una queja registrada por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) en la que advertía de un “desmantelamiento de la política pública social de cooperación al desarrollo por el Gobierno de Aragón por el recorte presupuestario producido en la Ley de Presupuestos de 2024” y por la no aprobación del mencionado plan 2024-2027. La FAS denunció que la ley de presupuestos de 2024 aprobada por las Cortes de Aragón recorta un 76,7% los fondos destinados a cooperación al desarrollo, lo que “compromete no solo la ayuda futura, sino también la viabilidad de muchos de los procesos de desarrollo que se estaban llevando a cabo con su apoyo en comunidades vulnerables de los países empobrecidos”.

Exponen que el impacto de este recorte es “grave” porque el Gobierno de Aragón “era un gran donante en términos netos”. Además, a este descenso del gasto se une el del Ayuntamiento de Zaragoza, estas son “las dos administraciones aragonesas que tienen unos presupuestos más altos, lo que hace que su contribución a la solidaridad internacional tenga un peso muy significativo en la cooperación oficial al desarrollo que se hace desde nuestra comunidad autónoma. Los fondos totales que el conjunto de las administraciones públicas han aprobado destinar a cooperación al desarrollo en 2024 son inferiores a los consignados cada año desde el 2000”, tal y como recoge la sugerencia de la Justicia en los hechos presentados por la FAS.

Consideran también que la no aprobación del Plan Director de Cooperación al desarrollo 20242027 supone una ruptura del proceso de escucha a los agentes de la cooperación y de consenso y un incumplimiento de la Ley aragonesa 10/2000, “ya que el Gobierno de Aragón no remite el Plan Director de Cooperación a las Cortes de Aragón, según el procedimiento indicado en la Ley /2000 en su artículo 4.2”. Aseguran que también provocan impedimentos “a la ejecución de los fondos de cooperación al desarrollo consignados en la Ley de presupuestos de 2024” puesto que la normativa autonómica “requiere que la convocatoria de subvenciones se refiera al Plan Director”, por tanto, para poder ejecutar la partida, la consejera ha tenido que autorizar aplicar el Plan Director 2020-2023.

Ante estos hechos, la Justicia de Aragón envió un escrito a la Consejería de Bienestar Social y Derechos Sociales, a lo que el Departamento respondió que “las políticas referentes a esta cuestión forman parte de las funciones propias de un Gobierno, y que en tal sentido, este establece sus prioridades en base a los recursos disponibles”. En cuanto al Plan Director de Cooperación, la Consejera, en un segundo escrito, ha declarado que “no existe previsión temporal para que el Consejo de Gobierno apruebe el Plan Director de Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2024-2027”.