El caso de un profesor condenado a siete años de carcel por maltrato continuado hacia su mujer y sus hijos ha llegado hasta el Ministerio de Juventud e Infancia, donde se está revisando si una situación como esta tendría que ser inhabilitante para ejercer la docencia. Hasta ahora, tal y como establece la ley de protección integral a la infancia y adolescencia, no podrán ejercer los condenados por delitos de índole sexual.
Sin embargo, el Ministerio de Infancia y Juventud ha confirmado a este diario que -tal y adelantó la Cadena Ser a principios de semana- están en contacto con las familias para abordar el debate que abre este caso en relación a la protección a la infancia, por lo que se las ha invitado a participar en una consulta pública.
Las familias del IES Goya denuncian que uno de los profesores, que imparte Física y Química y Atención Educativa, fue condenado a siete años de carcel por maltrato continuado a su mujer y a sus hijos, menores de edad, en 2019. No entró en prisión por ser varias condenas, todas ellas inferiores a los dos años, que conmutó por 510 días de trabajo a la comunidad, que, a su vez, se negó a cumplir y saldó con 1.530 euros de multa.
Las familias solicitan que se cambie la ley, que en estos momentos solo contempla los delitos sexuales como delitos inhabilitantes para el trabajo con menores, según la L.O. 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en su “CAPÍTULO II. La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, de su Título V”.
Consideran la ley debería contemplar también “todos aquellos delitos relacionados con el maltrato a menores, no solo los sexuales, para blindar la protección de las personas menores de edad. Y pensamos que es una tarea de las instituciones protegerlos mediante una legislación adecuada y una supervisión de los procesos de selección y ejecución de los mismos”.
Una veitena de madres de alumnos y alumnas de este centro se han asociado bajo el lema 'Docentes decentes en las aulas' y han impulsado una campaña que está cerca de lograr su objetivo de 35.000 firmas, con 34.671 en el momento de redacción de esta noticia. En dicha petición se reitera la solicitud de que las personas condenadas “por cualquier tipo de maltrato no puedan dar clases en institutos, ni públicos ni privados”.
El proceso de consulta pública para redactar la nueva Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia está abierto hasta el próximo 23 de diciembre de 2024. Por otro lado, las familias exponen que trasladaron el asunto a la Justicia de Aragón, pero al tratarse de legislación estatal está fuera de su ámbito de aplicación, “y remitió la queja a la Consejería de Educación de Aragón, de la que no se tiene respuesta y al Defensor del Pueblo del que hay acuse de la misma, pero sin noticias de ninguna actuación más”.