“Incumplido”, “improbable” y “con riesgo alto de incumplimiento” son las conclusiones a las que llega la Cámara de Cuentas de Aragón tras analizar las tres fases del Plan de Depuración de Aragón, un mamotreto administrativo cuyo presupuesto fue creciendo desde los 644 millones de 2001 a más de 4.300 a finales de esa década como consecuencia, entre otros factores, de unos disparatados planteamientos que incluían la construcción de depuradoras en pueblos deshabitados, en núcleos sin agua corriente y en poblaciones sin red de saneamiento.
El Plan de Depuración de Aragón son, en realidad, tres: uno para depurar las aguas de 1.540 pueblos con 1.153 estaciones que iban a costar 644 millones con un mantenimiento de 27 anuales a partir de 2001, pero cuyo coste, tras una revisión realizada solo tres años, se elevó a 3.209 hasta el año 2045 tras privatizar la gestión; un añadido de 297 plantas en el Pirineo cuya construcción y mantenimiento iba a suponer, con 24 años de retraso, 450 millones en las próximas dos décadas y, por último, una pieza de cierre llamada Plan Integral que prevé destinar, entre 2015 y 2045, otros 949 millones a dotar de plantas de saneamiento a 652 pequeñas localidades de la comunidad.
Los 644 millones iniciales se han convertido en 4.321, casi siete veces más de lo previsto y siempre sobre el papel, en un plan cuya gestión incluye haber destinado a otros fines 117 millones transferidos por el Ministerio de Medio Ambiente para construir depuradoras en el Pirineo. Solo funcionan 20 de las 297 proyectadas, y Madrid, que lo tiene todo a favor para reclamar la devolución de ese dinero, ha bloqueado el envío de otros 169 millones.
Por otro lado, la comunidad, que se vería abocada a la intervención de sus cuentas por el Ministerio de Hacienda si el de Medio Ambiente reclama ese dinero, que descuadraría cualquier previsión de cumplir los topes anuales de déficit, ha tenido que indemnizar a varias concesionarias de depuradoras que acabaron renunciando a explotarlas al considerar inviable el negocio.
Costes disparados tras privatizar
Según el dictamen de la Cámara de Cuentas, que añade una “infravaloración de costes” de 347 millones a las previsiones del Instituto Aragonés del Agua, esos planteamientos privatizadores van a suponer un dispendio para las arcas autonómicas: la construcción de las depuradoras con el modelo de concesión se eleva a 2.345 euros por metro cúbico, mientras que con un sistema de gestión directa por los ayuntamientos se quedaría en 1.336, una horquilla que aumenta si el cálculo se realiza por habitante beneficiado de la planta (540 por 202 euros).
Las diferencias se repiten en la estimación de los costes de explotación: 0,46 euros por metro cúbico con el modelo privatizado y 0,22 con el público; 78 euros por habitante en el primero y 20 en el segundo.
El Plan de Depuración, que incluye lagunas en la cesión de las competencias municipales sobre depuración, tal y como certificó el Justicia de Aragón en el caso de Bielsa ( ), tiene otra, que deja en el aire más si cabe su viabilidad real, en el apartado financiero: resulta clave la aportación de los vecinos de Zaragoza, de los que el Gobierno de Aragón espera obtener a través del Impuesto de Contaminación de las Aguas, recurrido por Podemos e IU ante el Constitucional y que el consistorio rechaza recaudar, 28,85 millones por ejercicio en el 2045.
Eso supone 41,2 euros por habitante, alrededor de 120 en una familia media, en un municipio que se costeó hace más de dos décadas (212 millones más el mantenimiento) su propio sistema de tratamiento de aguas residuales.
El recibo se dispara
El encarecimiento del precio del agua en toda la comunidad –el recibo llega a sextuplicar el coste en lugares como Jaca- salvo en Zaragoza y algunos pequeños municipios, cuyos ayuntamientos se resisten a tramitar el impuesto, ha sido, junto con el evidente sobredimensionamiento de buena parte de las obras, uno de los principales motivos del creciente rechazo al Plan de Depuración, simbólicamente encarnado por la veintena de alcaldes de todos los partidos que hace unas semanas suscribieron un manifiesto de oposición.
Ese panorama ha llevado al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón a paralizar la ejecución del plan para replantearlo con medidas como, entre otras, suprimir las estaciones previstas para núcleos deshabitados y redimensionar otras asignadas a pequeñas poblaciones para sustituirlas por tecnologías verdes como los filtros vegetales, más económicos y adecuados para caudales reducidos.
El programa va a ser sometido a tres filtros. A los judiciales que tramitan el Constitucional y varios Juzgados de lo Contencioso y a la revisión del ejecutivo aragonés se le ha sumado el de las Cortes de Aragón, que en su último pleno acordó crear “una Comisión de Investigación para que estudie, analice y depure las responsabilidades políticas si las hubiera, sobre la organización, planificación, funcionamiento y gestión del saneamiento y depuración de aguas en Aragón”. La previsión es que tenga sus conclusiones en seis meses.