La elección del momento para la última rueda de prensa de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP) -un viernes por la tarde-, hacía presagiar lo peor. Y sus palabras lo confirmaron: la reforma del estadio de La Romareda, un proyecto rodeado de una opacidad total para la oposición municipal, una iniciativa que inicialmente solo requeriría capital privado, que después iba a suponer 80 millones de euros públicos, costará al final más de 150 millones -sin IVA- a las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.
Y los números aún pueden empeorar. Es la historia de la Operación Romareda, cuyo último capítulo ofreció una situación casi orweliana: la alcaldesa trató de camuflar los 72 millones de euros extras que ambas instituciones tienen que aportar bajo el argumento de un ahorro “de entre 35 y 50 millones de euros” en concepto de intereses.
Con la fotografía actual, de los 169 millones en que valoró Chueca toda la inversión -entre la reforma del campo, el estadio portátil y los gastos operativos-, al menos 152 serán dinero público, mientras que la propiedad del Real Zaragoza ha puesto 12,8 millones (6 como aportación inicial y 6,8 este año). ¿Cuándo compensará el club este desfase? “Cuando la sociedad empiece a tener ingresos, con el campo ya construido”, dijo la alcaldesa, aunque no consta más compromiso que sus palabras.
Hay que recordar que, según los estatutos de la sociedad La Nueva Romareda, los ingresos por la explotación del estadio recaen directamente sobre el club, que pagará un canon anual a la sociedad por este concepto de entre 500.000 € y 3.000.000 al año, más entre un 3% y un 5% de los ingresos. Mientras, los rendimientos por los usos terciarios -la zona comercial- irán a parar a la sociedad La Nueva Romareda, creada para el desarrollo del proyecto y formada por el Consistorio, el Ejecutivo autonómico y el propio club.
Con estos datos, el panorama se dibuja muy rentable para el Real Zaragoza: según un estudio preliminar de la consultora IDOM -presente en la mayoría de los proyectos ligados a la nueva Romareda-, los ingresos diferenciales de explotación que puede generar el estadio se situarán en torno a 14 millones al año, de los que solo 2,4 millones serían de la zona comercial. Y eso pese a que ha puesto muchos menos fondos y a que, por tanto, su porcentaje en la sociedad es menor.
“Un agujero negro de dinero público”
Por parte de la oposición, la reacción al anuncio de Chueca del viernes fue de indignación por la “falta de transparencia” y la “opacidad”, una queja constante tanto del PSOE como de Zaragoza en Común (ZEC) desde que se lanzó el proyecto. Ninguno de los dos partidos forma parte de la sociedad La Nueva Romareda. “Compromete seriamente el Presupuesto y el futuro de la ciudad para los próximos años”, lamentaron los socialistas. “El campo es un auténtico agujero negro de dinero público”, atacaron desde ZEC.
Queda la duda del IVA, de los que según los gobiernos del PP ambas instituciones estarían libres. Lo vinculan con una figura denominada inversión del sujeto pasivo, según la cual, en una obra como la reforma del estadio, el adjudicatario ni siquiera tendría que incluir este impuesto en la factura. Expertos fiscalistas consultados admiten que es probable que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza se puedan acoger a ella, aunque será necesario conocer en detalle “cuál es el modelo de negocio”. Para ello, será necesario que se firme la “relación contractual” que, según los estatutos de La Nueva Romareda, precisará “las condiciones técnicas y económicas” que regirán a su vez la gestión del campo; es decir, que concrete cuánto tiene que aportar el club a la sociedad por la explotación del estadio y en concepto de qué.
Un viejo anhelo siempre acompañado de tumulto
La reforma del estadio que acoge al Real Zaragoza es un viejo anhelo del Ayuntamiento siempre acompañado de tumulto. Se lo han propuesto casi todas las corporaciones este siglo, pero bien la oposición municipal -el PP hace dos décadas, por ejemplo- o bien la coyuntura económica -la crisis del 2008- acabaron por arruinar el sueño.
Hasta Jorge Azcón.
El actual presidente autonómico dejó claro hasta dónde era capaz de llegar antes incluso de convertirse en alcalde: el día del cierre de campaña para las municipales de 2019, presentó sobre el césped del mismo estadio -y con la connivencia del club- un plan para reformar La Romareda por 70 millones de euros. El Real Zaragoza recibió un aluvión de reproches por parte de partidos y de aficionados. Azcón perdió las elecciones, pero accedió a la Alcaldía con el apoyo de Ciudadanos.
Durante la primera mitad de su mandato, el proyecto parecía estancado, pero en la primavera de 2022 se dio un hecho fundamental: un grupo inversor encabezado por el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas adquirió el Real Zaragoza SAD. Solo una persona repitió en el Consejo de Administración: el constructor Juan Forcén, quien mantenía -y mantiene- desde hace años una estrecha amistad con Azcón. La nueva Romareda empezaba a carburar. Apenas dos semanas después del anuncio sobre el cambio de manos del club, el entonces alcalde hizo público que se decantaba por reformar el actual estadio en vez de buscar una nueva ubicación. “Criterios técnicos”, arguyó.
Los nuevos gestores del club nos aseguran que está garantizada la viabilidad de la construcción sin que el Ayuntamiento tenga que realizar desembolso alguno
Durante ese año 2022, la cuestión de la financiación quedó relegada. Aunque sin concretarlo, Azcón habló en esos meses de “colaboración público-privada” y se congratuló de que la construcción no recaería “sobre los impuestos de los zaragozanos”. Pero los plazos para llegar al Mundial 2030 se acortaban por momentos y había que tomar decisiones.
Hace justo dos años, en el debate sobre el estado de la ciudad, Azcón lanzó en clave electoral su propuesta para el nuevo campo: el Ayuntamiento sacaría a concurso en el primer semestre de 2023 la construcción y explotación del campo a través de una modificación urbanística. La propia explotación de los usos terciarios (comerciales) por parte de los adjudicatarios serviría para financiar el campo. Los zaragozanos -y los aragoneses- se libraban de la millonaria factura del estadio. O eso pensaban.
Pero esta fórmula “sencilla” y “tranquila”, como la definió el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano -entonces en Cs, ahora integrado en las filas del PP- se topó con el propio club: la propiedad del Real Zaragoza alegó que los números no le salían con esa ecuación y reclamó que, en vez de 40, la explotación se alargase a 75 años, mediante la fórmula del derecho de superficie. Esta opción, según argumentó el Ayuntamiento, garantizaba que la financiación fuera enteramente privada.
El PSOE lo consideró una “privatización” del estadio municipal, pero no alegó para no entorpecer la operación. Sin embargo, el grupo municipal de Podemos recurrió los pliegos del contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, el TACPA. Este órgano administrativo dio la razón a la formación morada a principios de julio y declaró “la nulidad del procedimiento licitatorio”; apenas dos semanas después, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón atendió el recurso del Ayuntamiento de Zaragoza y suspendió cautelarmente la decisión del TACPA: la licitación del estadio podía continuar.
Y llegó septiembre. Solo un día antes de que venciera el plazo para presentar ofertas al concurso público por la construcción del campo, y con la del Real Zaragoza como única propuesta, el club hizo pública su renuncia. Lo atribuyó a la “inseguridad jurídica” creada por el recurso de Podemos, que estuvo vigente 16 días. Adiós al sueño de financiar con recursos privados el estadio.
Pero no hubo problema para poner de acuerdo al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernados ya por el mismo partido, el PP. El presidente Azcón adaptó con comodidad su discurso para justificar la financiación del campo con fondos públicos y acusó de todo a la izquierda.
En diciembre del año pasado se constituyó finalmente la sociedad La Nueva Romareda SL con un capital desembolsado de 50,5 millones de euros: 24,5 millones el Ayuntamiento, 20 el Gobierno de Aragón y 6 el Real Zaragoza. El compromiso inicial de que cada socio aportara 40 millones de euros ha saltado ya por los aires, aunque solo en forma de más dinero público invertido. Y las obras apenas han empezado. La factura final aún está por escribir.