Tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática el Gobierno de Aragón ha aprobado su 'plan para la preservación de la concordia' en el que se omiten las referencias a la dictadura franquista y si que se nombran los atentados cometidos por la banda terrorista ETA. Mar Vaquero, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, ha sido la encargada de presentar este plan que tendrá como pilares básicos el “respeto máximo a la reconciliación y a la concordia” y asegura que se reconoce la “dignidad de todos aquellos que fueron víctimas de la violencia ideológica”.
En este plan, que se ha aprobado hoy y se publicará en el BOA en los próximos días, no se recoge ninguna referencia a la dictadura franquista ni a las víctimas de la represión durante esos 40 años de historia. Este plan recoge 26 objetivos, pero no establece medidas concretas para llevarlos a cabo. Sí que están contempladas las víctimas de terrorismo de forma específica, y la palabra terrorismo aparece en diez ocasiones en el texto de 26 páginas.
Vaquero ha dicho que el plan se sustenta en tres ejes, en primer lugar la preservación de los “derechos constitucionales y los valores democráticos”; otro eje es la diginidad de las víctimas de violencia, para lo que se van a “promover medidas para llevar a cabo esa localización y registro de fosas”; y el tercer eje en el que se basa este plan sería “comprensión del pasado y la difusión de la concordia, el relato trata de unificar a todas y cada una de esas víctimas”.
Entre los objetivos dedicados a las víctimas de violencia aparece la palabra dictadura, pero en plural, al hablar del “reconocimiento” a todos aquellos que hayan sufrido violencia ejercida por “regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideología extrema (’lobos solitarios’) por motivos políticos, ideológicos o religiosos”.
Tomasa Hernández, la consejera de Presidencia, ha justificado la ausencia de estas referencias: “No hablamos de ningún régimen, hablamos de dictaduras y de gobiernos totalitarios”, ha añadido que su interés está en las víctimas y que, “cuando se habla de fosas todo el mundo tiene muy presente quién está en las fosas, no hace falta ser muy perspicaz”.
Preguntada por los periodos históricos, por la ausencia de las referencias a la Guerra Civil y el Franquismo, Vaquero ha dicho que “este es un plan que habla sobre todo de víctimas de violencia ideológica, no se recoge exactamente ese ambito temporal sino lo que persigue es ampliar ese margen a todos esos aragoneses que han sido víctimas de violencia ideológica”.
Sí que se nombra la actualización de la base de datos de ADN de víctimas, pero no se menciona nada respecto a la Guerra Civil o la Dictadura. El plan insta a “facilitar el acceso a los restos de las personas, a la información y a la documentación relacionada con actos violentos por motivos ideológicos, por parte de quien acredite legitimación”, de la misma forma que, con este documento, se busca “fomentar el conocimiento de la realidad acerca de los episodios y hechos terroristas ocurridos en nuestro país, como recuerdo debido a sus víctimas”.
El plan de concordia ha estado marcado por la polémica desde su anuncio, el pasado 5 de abril, cuando Vaquero aseguró que el objetivo era “que todos aquellos que tienen familiares que han sido víctimas de la violencia ideológica, cualquier aragonés que tenga un familiar en una fosa o cuneta, pueda darle una digna sepultura”. Un mes después, Naciones Unidas publicó un informe en el que aseguraba que leyes como esta que se pretendía aprobar en Aragón, llamadas de concordia, atentaban contra la legislación sobre derechos humanos al ordenar “la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
El Gobierno de Aragón se rebeló contra este informe de la ONU y Azcón envío una carta asegurando que el escrito de Naciones Unidas contenía “bulos” y criticando que no se habían puesto en contacto con el Ejecutivo para su elaboración: “Si se hubiesen puesto en contacto con el Gobierno de Aragón no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados por la información que les ha trasladado el Gobierno de España, lo que dice ese informe es lisa y llanamente, mentira”.
El punto de partida de este plan de concordia que se presenta hoy fue la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que tuvo lugar el 15 de febrero con el apoyo de PP, Vox y PAR. Era una de las condiciones del acuerdo entre PP y Vox para gobernar la comunidad. El proceso se inició el 20 de noviembre y la decisión salió adelante con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del PAR y los votos en contra de PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU. La derogación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España a finales de mayo.