- El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha avisado por escrito a los diputados del PSOE de que “no cabe libertad de voto, ni abstención mínima”
Mariano Rajoy será investido como presidente del Gobierno de España en segunda votación. De eso no hay duda. El morbo, sin embargo, se cierne sobre qué harán algunos diputados del PSOE discordantes con la decisión tomada en el Comité Federal del pasado domingo. Este miércoles, el presidente y portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha enviado una carta a los diputados avisando de que “no cabe libertad de voto, ni abstención mínima”.
Se intenta así reconducir a los que ya han anunciado su intención de votar que no a Rajoy, entre ellos, la aragonesa Susana Sumelzo. Pero la disciplina de voto que tan imperativo resulta seguir ahora, no siempre se ha cumplido en las filas socialistas dentro del Congreso de los Diputados.
El pasado 5 de abril, los cuatro diputados aragoneses, Sumelzo, Ignacio Urquizu, Óscar Galeano y Gonzalo Palacín, votaron que no (mientras el resto del Grupo se abstenía) en el debate de una iniciativa planteada por Esquerra Republicana de Catalunya para revisar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
Y lo hicieron, entre otras razones, porque así lo mandó (tal y como se explica en este artículo de Heraldo) el presidente de Aragón, Javier Lambán, que es uno de los barones que defiende la abstención para permitir un Gobierno popular.
En días posteriores a dicho debate, el propio Lambán dijo en varios medios de comunicación sentirse “muy orgulloso” porque los cuatro diputados “hicieron prevalecer los intereses de Aragón”. Incidiendo, además, en que el Grupo Parlamentario Socialista se equivocó con la abstención.
Envió, por añadidura, un mensaje a sus colegas catalanes, al afirmar que, “en algunas cuestiones como la hidráulica, a veces el PSC va por su cuenta y rompe la unidad de criterio del conjunto de los socialistas españoles”. También el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada, se enorgulleció por aquella decisión, declarando que Lambán, “en la primera ocasión que ha tenido, ha puesto por delante los intereses de Aragón y de los aragoneses”.
Aquella discordancia en el Grupo Socialista se saldó con una multa de 600 euros para cada uno de los diputados divergentes. La proposición no de ley de ERC finalmente no salió adelante por los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE (excepto los cuatro diputados aragoneses).