El mandato del Justicia de Aragón debería ampliarse hasta los siete años, frente a los cinco actuales, pero quien ocupe el cargo no podrá ser elegido de nuevo. De esta forma, el titular de la Institución disfrutará de una independencia real de los partidos políticos porque no estará en juego su reelección. El actual responsable del Justiciazgo, Ángel Dolado, ha hecho llegar en los últimos días a los partidos políticos esta y otras propuestas que, a su juicio, deberían ser incorporadas a la futura ley reguladora de la Institución, de cuya reforma ya se ha empezado a hablar porque la actual norma data de 1985.
Según ha podido saber eldiariodearagon.es, Dolado ha mantenido reuniones discretas en las últimas semanas con los grupos de las Cortes de Aragón, a los que les ha trasladado un listado de asuntos susceptibles de ser incluidos en la futura ley. En estos casi 35 años, el Justicia entiende que la Institución se ha consolidado y cumple su función de cercanía a los ciudadanos. Si bien, considera que la ley necesita adaptarse a los nuevos tiempos desde la perspectiva de la experiencia adquirida a lo largo de los años y con la referencia de otras defensorías que han visto revisadas sus normas legales reguladoras.
Una de las propuestas de Dolado, sin duda la más polémica, es la que afecta a la duración del mandato del Justicia. La ley actual fija en cinco años la duración del mandato, uno más de los cuatro años de una legislatura natural autonómica. Dolado plantea que el mandato sea de siete años y que no exista la posibilidad de reelegir al Justicia saliente. Esta novedad, que se ha instaurado en otras autonomías como Cataluña, posibilitaría una independencia real del titular de la institución y su no sometimiento a procesos de renovación con las presiones que ello conlleva.
Sin embargo, Dolado no concreta qué ocurrirá en el caso de que, finalizado el mandato de siete años, no exista el consenso político que obliga la ley de tres quintas partes de los 67 diputados de las Cortes para elegir a un nuevo Justicia, como sucedió con su antecesor en el cargo, Fernando García Vicente, reelegido en 2009 por otros cinco años y cuyo mandato se prorrogó hasta la primavera de 2018 por falta de un sucesor del agrado de los partidos.
Un Justicia con nuevas competencias
Dolado mantiene que es necesaria una reforma de la ley para adaptarla al Estatuto de Autonomía, ya que a lo largo de este tiempo la institución ha asumido nuevas competencias, no recogidas en el texto legal de 1985, que hacen alusión a materias tan diversas como menores, transparencia, igualdad, comunidades aragonesas en el exterior, derechos históricos y así hasta un total de catorce normas.
En el escrito entregado a los partidos, el Justicia propone también la extensión de las facultades de supervisión de la Institución a las empresas o entidades privadas que presten servicios públicos y que tengan relación con funciones administrativas. Otra propuesta plantea la necesidad de establecer un sistema que obligue a cooperar con la Institución en sus investigaciones e incluso que se fijen sanciones ante la negativa u omisión de respuesta.
Entre las sugerencias del actual Justicia, se propone la regulación del personal de la Institución, tanto el eventual como el fijo, hoy adscrito de las Cortes; la implantación de la mediación, tanto entre ciudadanos y administración como la interadministrativa, como uno de los sistemas de actuación del Justicia; y la posibilidad de que el Justicia actúe como notario del juramento o promesa de los altos cargos de la Comunidad Autónoma, como propuso en su día García Vicente.