El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, deberá dar explicaciones sobre la situación de abandono en la que se encuentran los más de 25.000 expedientes de presos políticos del franquismo que custodia la cárcel de Zuera en uno de sus sótanos.
El diputado de Unidos Podemos por Huesca, Jorge Luis, le ha dirigido una pregunta parlamentaria para que aclare en qué plazos, caso de que tenga intención de hacerlo, la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias tiene previsto “concretar una acción definitiva sobre estos documentos históricos que aseguren su conservación futura” y, al mismo tiempo, posibiliten su consulta en los archivos de las tres provincias aragonesas.
La cárcel de Zuera custodia desde hace más de veinte años los historiales penitenciarios de miles de personas que pasaron por las cárceles aragonesas entre 1936 y mediados de los años 40, por lo que suponen para los historiadores y para los investigadores locales una fuente clave para reconstruir aquellos años.
Los expedientes fueron ordenados alfabéticamente por algunos de los insumisos que cumplieron condena en esa cárcel –y antes en la de Torrero- en la década de los 90.
A presión en carpetas
Una parte de los legajos, concretamente los 12.000 referentes a personas cuyos apellidos empezaban por “a”, “b” o “c” y fueron encarcelados en penales zaragozanos, así como los 9.000 de los presidios oscenses que comenzaban por alguna de las siete primeras letras del abecedario, fueron trasladados en 2012 a los archivos provinciales de esas dos provincias.
Los de la capital oscense han sido microfilmados y catalogados, lo que facilita su consulta, mientras que los de Zaragoza también se encuentran a disposición del público. El resto de los papeles, sin embargo, sigue en prisión, sin que las administraciones implicadas en su conservación muestren mucho interés en cuidarlos; especialmente, el Ministerio de Interior.
El Gobierno de Aragón le achaca a Interior la suspensión del expurgo. “Está pendiente la descripción y transferencia de parte de la documentación” por parte de Instituciones Penitenciarias, le respondió la consejera de Educación y Cultura, Mayte Pérez, a la diputada autonómica de IU, Patricia Luquin.
La necesidad de una intervención
Este departamento ha manifestado su “voluntad de propiciar la recepción de la transferencia de toda la documentación que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias considere oportuno depositar”.
Y el Justicia de Aragón, que tramitó una queja de la lista de confluencia Cambiar Estadilla sobre el tema, señaló que “la causa de las irregularidades” era achacable a “un organismo administrativo no dependiente de la comunidad” autónoma aragonesa. Esa circunstancia hizo que remitiera el asunto al Defensor del Pueblo, que todavía no se ha pronunciado.
El diputado de Unidos Podemos sostiene en su pregunta que los documentos “no están en una situación aceptable de clasificación y mantenimiento, peligrando su conservación para el futuro”, por lo que considera que “es urgente una intervención” que la garantice.