El Gobierno de Aragón pedirá al de España que “derogue formalmente el decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, que, dictado por el derecho de conquista, supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V”. Esa es una de las principales propuestas de la proposición de ley de Actualización de los Derechos Históricos que las Cortes autonómicas tramitarán el próximo otoño.
El texto, que se encuentra en periodo de enmiendas hasta el 12 de septiembre, ha sido impulsado por Chunta Aragonesista (CHA), socio de gobierno del PSOE de Javier Lambán, cuyo portavoz, Gregorio Briz, sostiene que la propuesta “pretende construir país y construir los derechos de la ciudadanía”.
Este tipo de reclamaciones históricas han sido una constante asumida de manera consensuada en Aragón y avalada por el Estado. De hecho, su Estatuto, que define a la comunidad como una “nacionalidad histórica”, indica que “la aceptación del régimen de autonomía (…) no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”, cuya actualización, por otro lado, recoge la Constitución.
Sin embargo, esa actualización, que tiene una vertiente práctica en el histórico maltrato económico de los gobiernos centrales a la comunidad, nunca ha llegado a ponerse sobre la mesa, algo que sí puede ocurrir tras ser admitida a trámite la proposición con el apoyo, además de CHA, de PSOE, Podemos, PAR e IU frente al rechazo de PP y Cs.
El texto inicial apela a la necesidad de derogar los decretos de Nueva Planta de Felipe V como una manera de “hacer posible la superación histórica de las consecuencias negativas que, derivadas de los decretos de abolición foral de 1707, todavía hoy padece Aragón como nacionalidad histórica, tanto en lo político o cultural como en lo relativo a la financiación”.
Las instituciones aragonesas sufrieron sendas amputaciones de derechos coincidiendo con la instauración de las dos dinastías que han ocupado el trono de lo que hoy se conoce como el Reino de España, en el que, entre otras “asimetrías”, conviven hoy cinco regímenes fiscales y ocho de derecho civil, uno de ellos en Aragón.
Felipe II, primero de los Austrias, modificó en 1591 los fueros tras la decapitación del Justicia (Defensor del Pueblo) Juan de Lanuza para poder nombrar virreyes ajenos al territorio de la Corona de Aragón y designar a los jueces de su Audiencia. Y Felipe V, el primer Borbón, fue el último rey de Castilla en jurar los fueros. Lo hizo en 1701, cinco años antes de que también los asumiera su rival en la guerra de Secesión (el archiduque Carlos de Austria) y seis antes de abolirlos tras ejercer el derecho de conquista al finalizar esa contienda.
“El más alto grado de autogobierno”
La proposición de ley, que recuerda la creación del reino de Aragón en 1035 en el valle del río pirenaico que le da nombre, señala cómo, tras esas restricciones, “ha subsistido hasta nuestros días” el derecho foral privado de la comunidad, cuya aplicación cotidiana durante casi tres siglos “fue testimonio patente de nuestro pasado común” y de que “siempre se mantuvo viva la voluntad de los aragoneses de existir como Pueblo, la conciencia de nuestro hecho nacional”.
Después de tres décadas y media de etapa autonómica, añade el texto, “es preciso dar un nuevo impulso al proceso de construcción de nuestro autogobierno, a fin de que Aragón, mediante la actualización de los derechos históricos de su pueblo, amparados y respetados por la Constitución, acceda al máximo nivel de autogobierno”.
La redacción de partida, que establece que Aragón “ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios”, indica que esa actualización “impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de derecho” y establece una reserva: “Los derechos históricos referidos en esta ley no agotan la relación y actualización de los mismos”, señala, con una referencia concreta a “requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral” y otra a “acceder, sin limitación alguna, al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero”.
El patrimonio emigrado
La proposición de ley incluye varias referencias a lo que se conoce como “el patrimonio emigrado”, las obras de arte y de interés histórico y cultural que durante siglos fueron expoliadas.
Entre ellas destaca el Vidal Mayor, la compilación de fueros más antigua de la que hay constancia, que fue terminada en 1247 por el obispo de Huesca Vidal de Canellas por orden de Jaime I y que desde 1983 se encuentra en el Museo Paul Getty de Santa Mónica (California). La comunidad “desarrollará todas las actuaciones necesarias para hacer realidad, a la mayor brevedad, el regreso definitivo a Aragón del Vidal Mayor, elemento esencial del patrimonio jurídico, artístico y lingüístico”, señala.
El texto elaborado por CHA propone integrar en el Sistema de Archivos de Aragón el Archivo de la Corona, cuya gestión es fuente habitual de tensiones con la Generalitat catalana, al tiempo que declara “de interés general para Aragón, a efectos de expropiación forzosa (…), los bienes, documentos y archivos que integran su patrimonio político, jurídico e histórico, y, en especial, los que pertenecieron a sus instituciones históricas”.
En este sentido, aboga por acometer “todas las actuaciones necesarias para hacer realidad el derecho histórico” que supone recuperar “los bienes aragoneses que se encuentran depositados” en el museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Nacional de Arte de Catalunya (Barcelona), el de Lleida y el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca).