El litigio entre Aragón y Cataluña por la propiedad de unas obras artístico-religiosas ha trascendido el ámbito local para adquirir un lugar principal en el primer plano mediático. Un aparente tema menor enfrenta a dos Comunidades Autónomas vecinas, y su complejidad invita a huir de las versiones interesadas y a adentrarse en los porqués de una historia en cuyo centro se sitúan 97 pinturas murales y objetos que pertenecieron al Monasterio de la pequeña localidad de Villanueva de Sijena (Huesca) y acabaron en varios museos de Cataluña, que se resiste a restituirlas.
51 de estas obras ya se han devuelto tras un largo proceso judicial que comenzó en 1996, y Sijena espera 44 más que deberían haber llegado el pasado lunes por mandato de la jueza María del Carmen Aznar para dar la batalla por ganada. Cataluña agota todas las vías. ¿Por qué interesa este tema? Porque lo tiene todo: intrigas eclesiásticas dignas de una mala novela de Dan Brown, personajes anónimos que se rebelan contra un laberinto burocrático al modo kafkiano y un tesoro de extraordinario valor.
Todo comenzó con 4.000 pesetas. 4.000 pesetas de las de 1936. El Monasterio de Santa María de Sijena, situado a 65 kilómetros de Huesca, 90 de Lérida y 95 de Zaragoza y enclavado en zona republicana durante la Guerra Civil, ardió durante tres días y tres noches. El experto en arte catalán Josep Gudiol se enteró de la noticia y acudió financiado por la Generalitat. Con esas 4.000 pesetas trabajó durante un mes y medio ayudado por otros técnicos y vecinos del pueblo en unos 120 metros cuadrados de frescos románicos del siglo XIII. Con la técnica del ‘strappo’ reunió esas pinturas en 64 rollos que se llevó a su taller de la Casa Ametller, en Barcelona. Hoy se tasan en 90 millones de euros. Todas las pinturas, en 140 millones.
Algunos puntos oscuros
Desde el inicio hay puntos que no se han aclarado. Como la autoría del incendio, que diversas fuentes atribuyen a anarquistas y otras a los propios habitantes de Villanueva de Sijena. O la presunta ignorancia que la localidad tenía del valor de su patrimonio. En la Casa Ametller permaneció hasta 1940, de donde se trasladó al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), otro de los nombres principales de la historia. Presuntamente, por orden de Patrimonio y hasta que se restaurase el Monasterio. Pero en el MNAC se han mantenido hasta la actualidad, que además reconoció en sede judicial haber “extraviado” dos de estas obras.
Al nombre de Gudiol se une el de Joan Ainaud de Lasarte, director del MNAC que en 1960 acudió a Sijena para arrancar los frescos de la sala capitular sin ningún permiso oficial, o eso argumentan los demandantes. También se llevó consigo otros 50 metros cuadrados de frescos que, ya en 1961, se expusieron por vez primera al público en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. La importancia de estas obras puede valorarse por el hecho de que parte de ellas se disfrutaron en exposiciones en Nueva York y Londres.
La localidad y el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de un expolio, de un “robo”, y que deben regresar a su lugar de origen. La Justicia les dio la razón el verano pasado. Dijo que las pinturas se encuentran en Cataluña en régimen de depósito y que este se extingue cuando sus legítimos y originales propietarios las reclaman. La Generalitat recurrió con el argumento de que las ha preservado de su seguro olvido y desaparición. A la espera de los murales del MNAC, el 26 de julio de 2016 y por orden del Juzgado de Huesca restituyó 51 piezas del Monasterio que se exponen en un espacio acondicionado de Sijena -20 grados de temperatura y un 59 % de humedad- desde enero. ¿De dónde surge el resto de bienes? Aquí aparece la Iglesia.
El papel de la Orden de San Juan de Jerusalén
Por el Monasterio, fundado en 1188 por la reina Sancha de Castilla, pasaron nobles de la más alta cuna. De ahí la riqueza e importancia de sus tesoros. Catalogado Monumento Nacional en 1923, aspecto clave porque hace que su patrimonio se considere “indivisible”, además de los murales contenía dos hojas de puerta de madera policromada del siglo XIII, varios fragmentos de pinturas sobre tela, relicarios, platos de cerámica, piedras talladas, palmatorias, ropajes, dos cucharas o un tenedor que forman parte de una exposición por la que han pasado 5.000 personas.
Gudiol y Ainaud de Lasarte trataron con las monjas de la Orden de San Juan de Jerusalén, que habitaban en un recinto anexo al Monasterio y lo regentaban cuando se desencadenaron los hechos. Ellas vendieron a la Generalitat las 97 obras que se reclaman sin informar a las autoridades en los años 1983, 1992 y 1994. Es decir, tiempo después de producirse el expolio y una vez que la Orden había dejado Aragón y se había instalado en Cataluña en 1970. Se marcharon por orden del Obispado de Lérida, al que entonces pertenecía la localidad, para vaciar y rehabilitar el convento. Un camión de mudanzas se llevó en dos viajes decenas de estos bienes.
Un halo de misterio rodea estos movimientos decisivos. Ninguna de las monjas que en 1970 dejaron Sijena estaba viva cuando el Gobierno de Aragón trató de negociar con ellas el depósito de las obras, pues nada se supo de estas ventas hasta 1997. La actual comisaria pontifica de la orden, Virginia Calatayud, niega cualquier relación con los hechos. El Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico pleitearon en 2012 contra la Orden, a la que pusieron en un mismo nivel de responsabilidad que la Generalitat y el MNAC. Las monjas no acudieron a declarar, pero en la sentencia de 2015 contraria a los intereses catalanes se las exculpó y un año antes dieron plenos poderes al Gobierno presidido entonces por la popular Luisa Fernanda Rudi para emprender acciones procesales y recuperar las obras. 30 religiosas de la Orden de Belén viven ‘de alquiler’ en Sijena desde 1985 y custodian la exposición, siempre bajo el paraguas de Patrimonio.
El alcalde de Villanueva de Sijena, el gran impulsor
La partida no se entiende sin otra de sus piezas principales, la que hizo el primer movimiento. El alcalde de Villanueva de Sijena durante los últimos 21 años. Ildefonso Salillas. Nieto e hijo de canteros y trabajadores del Monasterio, testigos del paso de Gudiol y Ainaud de Lasarte y de la despedida de las monjas. Salillas es el principal artífice de que un Juzgado declarase nulas las ventas de estos bienes con el continuo trabajo detrás del abogado Jorge Español. Un camino lleno de minuciosas investigaciones, éxitos prolongados en el tiempo y algún traspié.
Salillas comenzó su lucha con una pista falsa. En 1996 creía que las obras se hallaban en poder del Obispado de Lérida, que le declaró que se habían vendido a la Generalitat y al MNAC. Dos años después se inició el proceloso camino jurídico con una primera sentencia del Tribunal Constitucional en 2012 que negaba el derecho de Aragón a ejercer el tanteo y retracto para recuperar los bienes. Se cerraba una vía y se abría otra civil por la que se colaron las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno catalán y refrendadas el 8 de abril de 2015 por la sentencia del Juzgado número 1 de Huesca.
Lambán alude al factor independentista
En estos dos años de recursos y tiras y aflojas por las 97 obras de arte religioso en disputa se ha colado, asimismo, el factor independentista, abanderado por aquellos que encuentran en la resistencia de la Generalitat un argumento más del ideario del Govern de Carles Puigdemont o por declaraciones como las de la hasta hace solo unos días portavoz, Neus Munté, que aseguró que “los bienes no se moverán de Cataluña atendiendo a la ley catalana”. Javier Lambán, presidente aragonés, lo ha calificado como “el primer acto de rebeldía independentista”.
El lunes 31 de agostó expiró el plazo decretado por el Juzgado de Huesca para que se devolviesen esas 44 obras que se guardan en el Museo de Lérida y que, como era de esperar, no llegaron. Todo estaba listo en Villanueva de Sijena para su recepción y ahora los demandantes piden al Tribunal Supremo que agosto sea un mes hábil en el que acudir con sus propios medios a Lérida a buscarlas.
No es una bravata. Si el Supremo declara “urgente” la recuperación de las piezas, autorizará a la secretaria judicial para que, con el auxilio de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial y otras unidades de los Cuerpos de Seguridad pueda entrar al Museo para ejecutar la sentencia con el apoyo de los trabajadores, que si se niegan incurrirían en un delito de desobediencia. Español ha solicitado ante el Supremo que se abra un procedimiento contra los dos últimos titulares de Cultura de la Generalitat, Santi Vila y Lluís Puig, y esta mantiene que no las entregarán por iniciativa propia y todo apunta a que habrá que esperar a septiembre para asistir al cierre o a la continuación de una historia de más de 80 años.