“El bullying en los colegios rurales es duro, no solo porque te sientes sola en las clases, sino porque también te quedas sin amigos en el pueblo”. Así recuerda Lucía, una joven de 18 años y a las puertas de la Universidad, cómo vivió su infancia en un colegio rural de la provincia de Teruel. Prefiere no decir su nombre real, ni tampoco al municipio al que pertenece, y aunque hace tiempo que dejó esa etapa atrás, todavía la tiene en el recuerdo.
Ella no califica lo que tuvo que pasar como acoso escolar, sino como una situación de aislamiento que “cada día se hacía más dura”. “A mí no me insultaban a la cara, ni me pegaban, ni nada de eso, pero veía cómo cuchicheaban sobre mí y cómo me hacían el vacío”, explica. La ayuda que le ofrecían todavía le avergonzaba más: “Cuando mis padres o mis profesores hablaban con los demás me sentía peor y me daba vergüenza, porque era como que les obligaban a ir conmigo sin que ellos quisieran”.
La situación de Lucía cambió cuando se integró en un grupo de amigas de otros municipios de su CRA (Colegio Rural Agrupado). En Aragón hay en torno a 70 de estos centros, distribuidos en varias comarcas, entre cuyos objetivos está, precisamente, el de integrar a los escolares de las distintas localidades. Nacieron en la década de los 80, aunque es ahora, con la escasez de niños y niñas en los pueblos, cuando más necesarios son.
Desde allí trabajan también para frenar la lacra del bullying. El CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora fue reconocido el pasado curso, junto con otros centros educativos y funcionarios policiales, por su participación en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Una iniciativa que desarrolló el Ministerio del Interior con la finalidad de mejorar la seguridad de los menores y fortalecer su colaboración con las autoridades educativas.
Medidas concretas
En Educación Secundaria son los propios centros educativos los encargados de aplicar medidas o acciones concretas para frenar el bullying. En Teruel, destaca el trabajo que desarrolla el IES Vega del Turia, con varias iniciativas para mejorar la convivencia y prevenir el acoso escolar. Una de ellas es el programa Compañeros Ayudantes, en el que se forma a una treintena de estudiantes, elegidos por votación en las aulas, para que observen y puedan detectar posibles casos de exclusión.
Desde el Departamento de Orientación del centro destacan la formación que se les da a estos jóvenes, con quienes se practican métodos de mediación y juego de roles, para que se pongan en la piel de los alumnos que podrían sufrir discriminación. “Es difícil que un acosado lo cuente, por lo que es importante la ayuda de estos colaboradores”, aseguran, aunque precisan que “la mayoría de los casos no son acoso, sino problemas de convivencia o conflictos puntuales”.
En cada aula hay dos Compañeros Estudiantes, que se reúnen periódicamente con el profesorado para valorar la situación de los alumnos susceptibles de acoso escolar. También se encargan de revisar las redes sociales y arropar al acosado, siempre respetando su identidad, aunque es finalmente el profesorado quien se encarga de atender y resolver los posibles conflictos.
El centro también realiza varios talleres y test de detención de acoso anónimos, lo que facilita la identificación de los jóvenes prosociales y los de baja autoestima, más proclives a ser acosados. Asimismo, el cuestionario pregunta directamente si se conocen situaciones de acoso escolar, para poder atajarlas lo antes posible. “Hay que hablar con los testigos, porque un acosador no tiene empatía”, concluyen desde el centro.
En la provincia de Teruel hay un total de 10.727 escolares de 3 a 12 años, de los cuales 3.227 pertenecen a Educación Infantil y 7.500 a Primaria. Unas cifras similares a las de cursos pasados, aunque con un incremento “esperanzador” en las edades más tempranas, indica el director provincial de Educación, Jesús Villel. Parte de este alumnado se distribuye entre los distintos colegios rurales que hay en las comarcas.
En este curso escolar se prevé que 19 municipios mantengan las aulas abiertas con seis o menos alumnos, ya que el mínimo para que una escuela rural permanezca abierta es de tres escolares desde 2015. Además, el pasado año el Gobierno de Aragón creó el Observatorio de la Escuela Rural, con el objetivo de potenciar la adaptación o elaboración de materiales didácticos, recoger y difundir buenas prácticas, y servir de punto de encuentro e intercambio de experiencias. “Nosotros impulsamos medidas transversales para ayudar al mundo rural”, dice Villel.