La Cámara de Cuentas ha decidido fiscalizar el dinero que la sanidad privada saca del Gobierno de Aragón a través de los conciertos: el organismo ha incluido en su Programa de Fiscalización para este año la revisión de los “convenios y contratos firmados por el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para la derivación de pacientes desde el año 2012 al 2018”, en lo que sería el primer análisis de este tipo que se lleva a cabo desde su entrada en funcionamiento.
¿Y cuánto dinero suponen esos conciertos? Varía de un año a otro, aunque la Consejería de Sanidad tiene previsto destinar este año 51,19 millones de euros a financiar conciertos con entidades privadas, aunque el grueso de esas partidas no está destinado a la derivación de pacientes propiamente dicha sino a otro tipo de actuaciones.
Así, 19,81 millones están reservados para financiar una parte del transporte de pacientes (la partida completa superará los 50, incluyendo atrasos y condenas de años anteriores) y otros 13,62 están consignados para las terapias de asistencia domiciliaria a personas que padecen insuficiencias respiratorias, con lo que la derivación de pacientes se llevaría alrededor de 17,7.
En esa cifra se incluyen los 5,93 consignados para sesiones de hemodiálisis, los 3,18 de las resonancias nucleares magnéticas y 1,03 más para financiar tomografías axiales computarizadas, conocidas popularmente por sus siglas de TAC, en centros privados, que también serán los destinatarios de otros 7,59 consignados como “otros conciertos de asistencia sanitaria”, que son el segundo apunte del bloque por cuantía.
Solo el 5% de las operaciones se deriva a la privada
De esa última cantidad, solo 6,7 millones de euros están destinados a los conciertos que tiene como finalidad aligerar las listas de espera de intervenciones quirúrgicas y tratamientos terapéuticos, que se reduce en 2,1 (un 24%) en relación con el ejercicio de 2019, según explicaron fuentes del Departamento de Sanidad. “Solo el 5% de los pacientes operados cada año [en la sanidad pública] son intervenidos a través de un concierto con una clínica privada”, añadieron.
Uno de los motivos clave para esa reducción se encuentra en la previsión de poner en marcha a lo largo de este año los nuevos aceleradores lineales adquiridos por el Gobierno de Aragón, parte de ellos gracias a las polémicas donaciones del empresario Amancio Ortega.
Pese a esas cifras, el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que situaba a la sanidad pública aragonesa como la tercera mejor valorada por sus usuarios del país, solo superada por las de Euskadi y Navarra, destaca a la comunidad como una de las que menor porcentaje del gasto sanitario dedica a la concertación con centros privados.
El estudio lo cifra en un 3,9%, un porcentaje que solo mejora el 3,6% de Cantabria y que empata con el registro de Castilla y León. En el otro extremo se sitúan comunidades como Cataluña, Madrid y Baleares, con un 24,9%, un 10,7% y un 10,4%.
Seguimiento de las subvenciones en Teruel
El programa, aprobado por el pleno de la cámara a finales de diciembre, contempla 18 análisis entre los que, además de las cuentas generales de la comunidad autónoma de 2018 y 2019 y de la Universidad de Zaragoza del primero de esos ejercicios, se incluye la “fiscalización financiera, operativa y de cumplimiento del Instituto Aragonés de la Juventud”, el “análisis de las líneas de apoyo financiero y concesión de préstamos a empresas por parte de la sociedad pública Suma Teruel” entre 2016 y 2018 y un chequeo al funcionamiento de Zaragoza Vivienda en 2017 y 2018.
El plan anual incluirá también el seguimiento de las recomendaciones formuladas al ejecutivo autonómico sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, así como estudios específicos de la contabilidad del ayuntamiento turolense de Castelnou, de los zaragozanos de La Vilueña y Munébrega y de los oscenses de Valle de Hecho y Valle de Bardají.
El programa de fiscalización ha sido elaborado tras consultar sus prioridades a las Cortes de Aragón, de las que depende la Cámara de Cuentas, que asegura en su resolución que “todas” las señaladas por el parlamento “han quedado incorporadas”.